Por: Rafael Robles Solano*
En el pasado, a inicios de la presente década, compartí con mis lectores, las enormes preocupaciones que concurren a las problemáticas que vienen afectando la gobernabilidad institucional y democrática del país, inclusive, desde antes de esa época hemos sido testigos silenciosos y espectadores inermes de esta inestabilidad social y política, resultante de la inocultable desigualdad económica, la inseguridad, los conflictos con los grupos residuales de subversivos y traficantes, en especial, por los altos índices de corrupción que se evidencian a lo largo y ancho de Colombia.
A estos temas, por solo reseñar algunos, me he referido con titulares tales como: “LA DECADENCIA DEL ESTABLECIMIENTO” (enero 31/2021); “DEFENSA DE LA ESTABILIDAD SOCIAL” (febrero 23/2021); “EL ESTADO FRENTE AL NUEVO PACTO SOCIAL” (mayo 31/2021); “CREPÚSCULO DE LA DICTADURA DEMOCRÁTICA EN COLOMBIA” (junio 15/2021); “DE LAS INTOLERANCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS” (noviembre 19/2022). Analizando y exponiendo reflexiones de como estas crisis afectan a todos, por cuanto de una u otra forma, el Estado se encuentra atascado, porque con esta clase de problemas, no es posible generar, por ejemplo, confianza a los inversionistas, industriales y empresarios, para iniciar y adelantar significativos proyectos productivos que permitan y faciliten la reactivación económica que todos esperamos.
Dichos titulares tienen como factores comunes, análisis socio-económicos y políticos, pero ahora, deplorando que el gobierno de Gustavo Petro, se encuentre incurriendo en improvisaciones que facilitan a sus detractores, aprovechar y explotar la narrativa de que estamos ante una administración incompetente, que además, de no cumplir con los compromisos de cambio postulados durante su campaña presidencial, está cayendo en las mismas prácticas clientelistas y corruptas, por las que tanto luchó en el pasado, cuando impulsó múltiples denuncias contra quienes desde el mismo congreso, fueron cómplices de negocios para defraudar la confianza pública y porque corrompieron todas las instituciones nacionales, regionales y locales.
Pero en la actualidad, su administración se encuentra lamentablemente envuelta en sórdidos o mejor, delicados escándalos de corrupción, propiciados por funcionarios deshonestos y desleales con el gobierno, como es el caso de la UNGRD, situación que está siendo hábilmente utilizada por la extrema derecha, los medios de comunicación y los hoy, huérfanos de poder, que no se resignan a la pérdida de sus tradicionales privilegios burocráticos, cuando observamos con asombro, como paulatina y sospechosamente cada una de sus propuestas y diferentes logros, se frustran o quedan en entredicho por cuenta de las autoridades de control institucional, Procuraduría, Tribunales y Cortes, como si sus actos de gobierno, carecieran de los suficientes argumentos jurídicos y constitucionales.
Igual acontece ahora, con las presuntas imputaciones que se avecinan en su contra, por transgredir los topes de las campañas electorales, impulsadas por dos Magistrados ponentes, que se encuentran sumidos con investigaciones judiciales, uno, por delitos contra la vida y el otro, por la compra de testigos en las investigaciones penales que se siguen contra Álvaro Uribe Vélez, lo cual “tiene un tufillo de componendas siniestras”, que hasta con algo de razón, llevan al Presidente a insistir en que en su contra, se viene implementando un “golpe blando”, de tal forma que éste, en vez de seguir liderando sus propuestas de reformas sociales, debe dedicarse a defenderse de tales señalamientos. Entonces, bajo las presentes consideraciones, estimo pertinente evaluar con algo de suspicacia, si dichos temores son fundados o solo especulaciones de sus opositores.
*Secretario Ejecutivo LIDERESOCIAL. lideresocial@hotmail.com
