Por: Rubén Darío Ceballos Mendoza*
Lo que hemos visto en estos años funestos de gobierno a manera de apuesta, tiene una claridad meridiana de fácil lectura, señalada en múltiples transferencias directas, políticas visibles digamos que rentables para quienes están en el poder y su borregada, que además son fáciles de comunicar y de hecho comunican. Y ello no es todo, ya que existe algo profundamente incómodo que se centra en medir derechos, lo que se revela en qué decide gastar el Estado y en qué no. Pero en esto hay y tenemos que ser honestos, como debe y tiene que ser, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa como coloquialmente se afirma; esto es, repartir dinero, dar becas, pensiones, subsidios directos para algunas cosas; y, otra muy distinta son las acciones del Estado para garantizar derechos, mismas que brillas por su ausencia.
Que yo sepa, nadie podría estar en contra de darle dinero a la gente, La verdad es que nadie o casi nadie va a decir que no, y los resultados saltan a la vista. Hay ciertos cambios en los indicadores de pobreza. Hay un sentimiento a favor, aunque tímido, en la sensación de bienestar; y, si la gente tiene dinero para gastar y hasta es posible que se dinamice la economía, cierta o engañosamente, el tiempo lo dirá, pero cabe esta pregunta entre muchas otras: ¿Garantiza ello el sagrado derecho a la educación? No se trata de medir cuánto dinero se reparte para “educación”, sino qué tan capaz es el Estado de asegurar disponibilidad, accesibilidad y calidad. Es decir, si el derecho se ejerce, de verdad o solo se anuncia.
No se ha movido prácticamente para bien el rezago educativo y antes por el contrario su depresión avanza. Años de “política social” intensiva, miles de millones en transferencias y el indicador prácticamente está estancado. ¿De verdad alguien puede sostener que esta estrategia está transformando el sistema educativo? No perdamos de vista un enorme detalle, becas se han dado, parecieran crecer, pero no sabemos si el aprendizaje también. El problema nunca fue solo asistir a la escuela, sino en qué condiciones se asiste. Un alto porcentaje de alumnos estudian en hogares con condiciones mínimas, vale decir, sin electricidad, internet, dispositivos electrónicos, acceso a agua potable, lo cual es una señal tremenda… el derecho sigue dependiendo del contexto familiar, puesto que la garantía estatal es inexistente.
Hoy muy pocos jóvenes logran transitar a la educación media superior. La mayoría se queda en el camino, algunos regresan algunos años después. No está garantizando el derecho a la educación. Transferir dinero puede aliviar el ingreso, pero no sustituye escuelas suficientes, trayectorias completas ni condiciones dignas de aprendizaje. No corrige desigualdades estructurales. No construye sistema. Vamos por la evidencia, ya que cuando se mide bien, ya no importa cuánto se gasta, importa qué se garantiza. Conclusión, sabemos que a veces la evidencia estorba.
*Jurista. Especializado en Derecho Laboral. Derecho Penal. Docente Universitario. Conferencista. Panelista. Columnista
