Por: José Guillermo Claros Penna*

Departamento y municipio son sin ningún género de duda los niveles del Estado más cercanos al ciudadano y la comunidad en su conjunto. La infraestructura y los servicios a su cargo son elementos fundamentales para determinar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la infraestructura que gestionan y de los servicios públicos a su cargo. No obstante, y con muy pocas excepciones, la gran mayoría de las autoridades departamentales y municipales terminan sus gestiones con altos niveles de rechazo en la opinión pública, dada la combinación de ineficiencia y corrupción, por lo que las venideras elecciones a asamblea y concejos deben, o mejor tienen que ser una oportunidad para que dicha situación cambie para bien.

Importaría en tal propósito, empezar como primera medida por una participación ciudadana activa y mayormente masiva, misma que supere con creces su participación en urnas y que lo cual sea una tendencia que deba acentuarse en el tiempo, a efecto que cambie sustancialmente las necesidades de la gente y las responsabilidades de los niveles departamental y municipal para atender la demanda de obras y de servicios derivados del crecimiento demográfico que estamos teniendo, particularmente en nuestra ciudad capital.

Unas buenas gestiones en lo departamental y municipal debe contar con equipos técnicos y profesionales capaces de planificar y ordenar el integral desarrollo en sus jurisdicciones, articulando, armonizando e integrando el crecimiento poblacional en el territorio con las infraestructuras que requieren las personas en sus distintas zonas, vías, escuelas, hospitales, mercados, plazas, parques, centros deportivos, drenaje y alcantarillado, entre otros aspectos de singular y general importancia y prioridad según los casos, en consonancia con las propias realidades, necesidades y demandas poblacionales. 

Y aunque la infraestructura por lo general ocupa la mayor parte de la atención y los recursos de los gobiernos departamental y municipales, lo más complejo es la administración de los servicios como la gestión del sistema de salud en el primer y el segundo nivel, el desayuno escolar, el mantenimiento de las escuelas, la recolección y procesamiento de la basura, la limpieza de calles y parques, y la seguridad ciudadana que debe brindarse alrededor de los centros de alta concurrencia publica como los mercados, entre otros.

Pero lo que normalmente sucede en todos los niveles del Estado, es que las autoridades de turno priorizan las construcciones sobre los servicios, toda vez que se pueden ejecutar antes de la siguiente elección para inaugurarlas y utilizarlas en la próxima campaña, mientras los servicios demandan un proceso continuo de mejoras que no alcanza a ser “inaugurados” en sus cuatrienios y que demandarán varias gestiones para consolidar su desarrollo.

No obstante, la cobertura y adecuada prestación de estos servicios son los que constituyen las condiciones propias de una sociedad desarrollada con respeto a la ley y al orden, así como las garantías a los derechos de los ciudadanos como la propiedad sobre sus viviendas y negocios. Sin estas condiciones, no habrá oportunidades de progreso para el conjunto de la población ni los negocios podrán prosperar en la formalidad.

Buenas gestiones departamental y municipal pueden cambiar sustancialmente las condiciones para la atracción de inversiones y la creación de empleos y de trabajo, con el consecuente impacto positivo sobre la movilidad social, la expansión de la clase media y la superación de la pobreza. Los gobiernos departamentales, pero sobre todo los municipales, tienen espacios de autonomía bastante grandes, así como importantes niveles de ingresos propios, además de atribuciones y competencias que son fundamentales para el bienestar y la prosperidad de la población.

Desafortunadamente, la mayor parte de la experiencia en los últimos decenios no han sido las mejores. La falta de conformación de equipos técnicos y profesionales, la politización de todas sus instancias y la corrupción derivada de la complicidad entre los ejecutivos, las asambleas y los concejos municipales, han ocasionado un alto nivel de frustración de la ciudadanía con sus representantes por el evidente despilfarro de los recursos públicos y el enriquecimiento ilícito en el cual incurren muchos de sus administradores, siendo lo cual una principal como importante y urgente tarea a adelantar.

Las próximas elecciones departamentales y municipales, repito, deben y tienen que ser una oportunidad feliz para que en un escenario de reconstrucción democrática departamento y municipios puedan institucionalizarse, abrirse al escrutinio público mediante mecanismos de transparencia administrativa, conformar equipos de gestión pública con mayores niveles de eficiencia, desarrollar mecanismos de concesiones y de alianzas público privadas para expandir la infraestructura y mejorar los servicios públicos, especialmente allí donde las condiciones para la participación privada sean propicias. De lo contrario, se continuará profundizando el malestar ciudadano con sus autoridades y el Estado en su conjunto. 

*Profesional en Ciencias Militares. Administrador de Empresas. Abogado. Master en Derecho Público. Candidato a Doctor en Derecho. Columnista