Por: Saúl Alfonso Herrera Henríquez*
Para los habitantes todos de nuestro país, interesados realmente en la seguridad ciudadana y en la percepción que de ella tienen, hay un antes y un después; esto es, los momentos de real seguridad que hemos vivido y la situación de inseguridad que hoy padecemos y que viene deteriorándose a pasos agigantados de tiempo atrás. Homicidios dolosos, robo de vehículos con violencia, robos y demás acciones delictivas nos marcan inseguridad en el país, que aspiran y esperan sus pobladores se reduzcan sus acometimientos.
Incumbe respecto de ello impulsar una política de seguridad basada en la inteligencia y la investigación, así como en la cercanía con los ciudadanos, dando especial atención a las causas que generan violencia y delincuencia, así como seguir implantando e implementando drásticas medidas en dirección a desarticular las células criminales con acciones operativas conjuntas que den como resultado la detención de los integrantes de dichas estructuras criminales, así como la incautación de cocaína, marihuana, demás drogas heroicas, armas de fuego, material logístico, de guerra, vehículos, elementos de comunicación y detección de objetivos prioritarios identificados como generadores de violencia, en lo que se impone minimizarlos con realidades.
Demandamos sólidas estrategias a este tenor de la inseguridad ciudadana y mantener la objetividad en este tema de grande trascendencia local y nacional, por lo que se recomiendan datos oficiales reales por parte de las instituciones de seguridad y de procuración de justicia, así como ahondar en la seguridad vecinal, lo que nos permitirá tener claridad y certeza de la incidencia delictiva con objetividad, a la vez de identificar a las instituciones y personas que al respecto nos hablan con la verdad real, con la verdad verdadera.
Obligados estamos a entender y por ende comprender que la seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. De la misma manera, entender que es el concepto de seguridad ciudadana el más adecuado para el abordaje de los problemas de criminalidad y violencia desde una perspectiva de derechos humanos, en lugar de los conceptos de seguridad pública, humana, interior u orden público, que deriva pacíficamente hacia un enfoque centrado en la construcción de mayores niveles de ciudadanía democrática, con la persona humana como objetivo central de las políticas a diferencia de la seguridad del Estado o el de determinado orden político. La expresión seguridad ciudadana surgió, fundamentalmente, como un concepto en América Latina en el curso de las transiciones a la democracia, como medio para diferenciar la naturaleza de la seguridad en democracia frente a la seguridad en los regímenes autoritarios. En estos últimos, el concepto de seguridad está asociado a los conceptos de seguridad nacional, interior o pública, los que se utilizan en referencia específica a la seguridad del Estado.
En los regímenes democráticos, el concepto de seguridad frente a la amenaza de situaciones delictivas o violentas se asocia a la seguridad ciudadana y se utiliza en referencia a la seguridad primordial de las personas y grupos sociales. Del mismo modo, contrariamente a los conceptos también utilizados en la región de seguridad urbana o ciudad segura, la seguridad ciudadana se refiere a la seguridad de todas las personas y grupos, tanto en las zonas urbanas como rurales.
En el espacio de la seguridad ciudadana importa defender a ultranza aquellos derechos de los que son titulares todos los miembros de una sociedad, de forma tal que puedan desenvolver su vida cotidiana con el menor nivel posible de amenazas a su integridad personal, sus derechos cívicos y el goce de sus bienes. Los problemas de seguridad ciudadana tienen que ver con la generalización de una situación en la cual el Estado no cumple, total o parcialmente, con su función de brindar protección ante el crimen y la violencia social, lo que significa una grave interrupción de la relación básica entre gobernantes y gobernados. por lo que la actividad de la fuerza pública legítimamente orientada a la protección de la seguridad ciudadana es esencial en la consecución del bien común en una sociedad democrática. saulherrera.h@gmail.com
*Abogado. Especializado en Gestión Pública. Derecho Administrativo y Contractual. Magister en Derecho Público
