Por: Melanio Zuñiga Hernández

El gobierno nacional en una maratónica jornada del Congreso de la Republica el viernes 4 de noviembre 2022, logró la aprobación de la nueva reforma tributaria, denominada para la igualdad y la seguridad social, después de una tortuosa y agitada discusión con la oposición, la inconformidad de los partidos políticos, empresarios, gremios e incluso algunos sectores sociales.

Conviene señalar, que el principal argumento del gobierno para proponer e impulsar la reforma tributaria se sustenta en que el Estado colombiano tiene una deuda social histórica, en el entendido que los niveles de pobreza y desigualdad han sido altos y persistentes, con agravantes acentuados por la pandemia del coronavirus – COVID 19, que hacen que el hambre se haya convertido en un aspecto que resalta en medio de la tragedia social que viven millones de colombianos.

Ello se justifica a partir de los reportes del DANE que señalan que, en el año 2021, la pobreza monetaria extrema, que mide el porcentaje de la población que no cuenta con los ingresos suficientes para acceder a un mínimo de alimentación que les permita llevar una vida saludable, se ubicó en 12,2%, equivalente a 6,1 millones de personas, 2,8 millones menos que los registrados en 2020, durante la etapa más álgida de la pandemia; pero 1.4 millones superior al registro de 2019. Así mismo se evidencia, según la CEPAL, que, en el 2021 la pobreza extrema en Colombia fue mayor a la observada en algunas economías de la región como Ecuador (10,5%), Costa Rica (6,3%), Perú (4,1%) y Paraguay (3,9%).

El índice de pobreza monetaria se ubicó en 39,3 % al finalizar el 2021, es decir, en 3,2 puntos porcentuales menos que el año anterior (2020). En otras palabras, hay 19,6 millones de colombianos que no tienen suficientes ingresos para suplir sus necesidades básicas; con el agravante que el 52 % de las personas en pobreza monetaria del país son mujeres (10.196.000 millones) y el 48 % hombres. Así mismo, de los 23.312.832 millones de mujeres, 9.325.132,8 millones que corresponde al 40 % son pobres, y 7.226.978 millones, el 31 % son muy vulnerables a la pobreza. De igual manera, el 35 % de los hogares con jefatura femenina se encuentran en pobreza monetaria y el 28 % en vulnerabilidad.

Lo anterior se ve reflejado igualmente en el mercado laboral, que a nivel nacional se traduce al cierre de diciembre de 2021, una tasa de desempleo del 13,7 %, 10,6 % para los hombres y de 18,1 % para las mujeres, una brecha de 7,5 puntos porcentuales; que se mantiene similar al finalizar el mes de octubre de 2022.

Esta situación se hace más apremiante al observar que la brecha de la pobreza monetaria entre las zonas urbanas y rurales es mayor en términos de pobreza multidimensional (aquella que refleja las múltiples carencias que enfrentan las personas pobres al mismo tiempo en áreas como educación, salud, vivienda entre otros), reflejando la ausencia de provisión de bienes públicos en las áreas rurales. Pues mientras en las cabeceras municipales el porcentaje de personas en situación de pobreza es del 37,8 %, en los centros poblados y rurales dispersos es del 44,6 %, aumentando en pobreza extrema estos valores del 10,3 al 18,8 %, respectivamente.

De otra parte, sobresale la muy elevada diversidad de la pobreza a nivel nacional, ya que la mayoría de los departamentos tanto de la Costa Atlántica (La Guajira 67,4 %, Magdalena 61,1 %, Córdoba 58,6 %, Cesar 56 %, Sucre 54,6 % y Bolívar 48,5 %) como de la Pacífica (Chocó 63,4 %, Cauca 58,3 % y Nariño 47,6 %), con sus respectivas capitales, sufren niveles de pobreza monetaria muy por encima de la media nacional. 

Evidente ante todo es, que el escenario que reflejan las cifras anteriores recalca la relativa resistencia de la pobreza monetaria a reducirse, no solo con respecto al ritmo de crecimiento macroeconómico, cuando solo se redujo en un tercio con respecto a la tasa de crecimiento en 2021, sino que persiste dada la alta tasa de inflación al finalizar el año a nivel nacional, de 6,85 %, así como la elevada heterogeneidad territorial. Este panorama se tornará aún más preocupante por el recrudecimiento de la inflación a octubre de 2022, la cual ya alcanza un valor anual del 12.22 % en general, lo que implica una pérdida sustancial de los ingresos de la población en situación de pobreza monetaria. 

Por todo lo anterior, surge de nuevo el debate sobre la necesidad de una reforma tributaria que permita establecer una renta básica para mejorar las condiciones de vida de un amplio grupo de ciudadanos, en especial las mujeres, y reducir con mayor celeridad el alto nivel de desigualdad persistente en el país, a partir de una renta básica complementaria a los ingresos actuales; de tal manera que se garantice mitigar el valor de la línea de pobreza extrema acorde con su ámbito geográfico, con base en cada una de las líneas que contribuya a erradicar la miseria en el país.

A hora bien, el gobierno no solo debe pensar en los subsidios sino en la posibilidad de crear condiciones que permitan la capacitación de muchas personas y jóvenes que tienen capacidad productiva, pues si se desmontaran parcialmente las transferencias monetarias actuales (programas Familias en Acción, Adulto Mayor, Jóvenes en Acción, entre otros) para la población beneficiaria de la renta básica, reorientándola a actividades de emprendimiento y generación de empleo; el costo fiscal neto alcanzaría cerca del 1,0 % del PIB al año.

Desde el punto de vista de las fuentes de financiamiento para estos programas, que el gobierno busca ampliar, la principal de ellas se concentra en aumentar las tarifas efectivas de tributación (TET) de las personas naturales y jurídicas, las cuales son bajas con relación a otros países de la región, en especial en la parte alta de la curva de los ingresos brutos. 

Los críticos de las reglas fiscales y de endeudamiento público del país sostienen, que las metas propuestas por el gobierno son arbitrarias ya que no hay razones objetivas para determinar un recaudo de 20 billones de pesos, cuando es claro que la política fiscal está al servicio de objetivos económicos y sociales, en los que debe primar el bienestar general.

Como parte de esta política, la tributación es un mecanismo para garantizar la viabilidad del gasto público, la distribución equitativa de los ingresos y la asignación eficiente de los recursos de la economía (incluida la mitigación de externalidades económicas); elementos que deben estar siempre en sintonía con la estabilidad económica y el adecuado desempeño de la actividad productiva del país.

Sin embargo, en materia tributaria como refiere el ministro de Hacienda y Crédito Público, “la equidad debe ser vertical y horizontal. La primera garantiza que aquellos con mayores ingresos y riqueza contribuyan más al recaudo tributario, como proporción de sus ingresos; en tanto la segunda, que las personas con una misma capacidad de pago paguen contribuciones similares. La equidad tributaria es justicia social”.

Así, desde el punto de vista de las fuentes de financiamiento para estos programas, que el gobierno busca ampliar, la principal de ellas se concentra en aumentar las tarifas efectivas de tributación (TET) de las personas naturales y jurídicas, las cuales son bajas, en especial en la parte alta de la curva de los ingresos brutos. 

Así mismo, debe tenerse claro que los sistemas tributarios en cualquier país deben ser eficientes para propiciar un correcto desempeño de la actividad económica. Algunas asimetrías en los beneficios (descuentos) tributarios de los impuestos corporativos son un factor de distorsión que induce una asignación ineficiente de los factores de producción y una reducción de la productividad total (Roca, 2010). Lo anterior que se entienden políticas transitorias del Estado, se convirtió en una exigencia por parte de las empresas y gremios; bajo el supuesto que resulta en un desincentivo a la inversión generando efectos adversos sobre su productividad y la generación de empleos por parte de las empresas.

Paradójicamente, todos reconocen que el Estado colombiano tiene una deuda social histórica, considerando que los niveles de pobreza y desigualdad han sido altos y persistentes, a tal punto que el hambre se ha convertido en los últimos años, de manera especial entre el 2020 y 2022, en un aspecto que resalta en medio de la tragedia social que viven millones de colombianos; Sin embargo, no hay justicia social cuando esto ocurre de manera recurrente, y menos aun cuando simultáneamente existen privilegios, gabelas tributarias injustificadas y mecanismos que facilitan la evasión y la elusión de las obligaciones fiscales.

De allí entonces que la persistencia en la reforma tributaria tuviese como meta un recaudo inicial de $25 billones (1,72% del PIB) en 2023, en promedio, del 1,39% del PIB entre 2024 y 2033, para obtener gradualmente recursos, que contribuyan a la obtención de mayores fuentes para financiar el gasto social, y una redistribución del ingreso a favor de los hogares vulnerables, con importantes efectos en su bienestar.

Bajo estas premias importa señalar finalmente, que las grandes empresas productora y exportadoras de petróleo y carbón, terminan siendo mezquinas frente a la grave situación que padecen millones de colombianos que aguantan hambre, por cuanto los millonarios beneficios económicos alcanzados en los últimos tres años, considerando que hoy el precio de un barril de petróleo Brent alcanza los US$ 95.42 dólares; mientras al cierre del 30 de diciembre de 2019 era de USD$ 61,80, es decir, se incrementó en USD$ 33.62, que corresponde al 54.40%.

Por su parte la tonelada métrica de carbón térmico se cotiza en USD$ 350 dólares en el mercado internacional a fecha 4 de noviembre del año en curso, cuando al finalizar el año 2019 se tranzaba en USD$ 53 dólares, alcanzado un incremento de USD$ 297 dólares, vale decir, un 560.38% de incremento, lo que genera una utilidad gigantesca para las multinacionales productoras y exportadoras.

Frente a estas evidencias irrefutables, cabría preguntarse si un gobierno legítimo y justo debe actuar de espalada a la realidad de la crisis económica que padecen millones de familias colombianas que hoy aguantan hambre y sumidos en la miseria, permitiendo a cambio beneficios tributarios a los grandes empresarios, a través de sistema que bajo el supuesto de garantizar la inversión extranjera y la generación de empleos; no cuenta con los instrumentos suficientes para evitar que ciertos actores sigan aprovechándose a veces de artilugios que contribuyen a que evadan o eludan sus obligaciones fiscales e incrementando de manera  desproporcionada sus ingresos y utilidades.

*Melanio Zúñiga Hernández. Abogado y Contador Público especializado en gerencia financiera, amplia experiencia en banca y como revisor fiscal.