Por: Carlos Flórez Sarmiento*
La inseguridad, lo hemos dicho una y más veces, es un flagelo que atañe al ciudadano en general y lo convierte en un ser cercado, limitado en su libertad, autovigilado, temeroso y en constante sensación de acoso; un problema social en tanto, es una condición que afecta a un número significativamente considerable de personas, de un modo considerado inconveniente y que según se cree debe corregirse mediante la acción social colectiva. Impone lo cual, en dirección a hacer claridad frente al problema de seguridad que nos embarga, especialmente a las ciudades capitales y particularmente en el Distrito Capital de Bogotá, necesario es reconocer abiertamente que estamos ante un conflicto de marca mayor, con ingredientes significativos de tipo económico, cultural y colectivo que vive el país en todos sus rincones a lo largo y ancho de su geografía, producto de un hacer sistemático que los ha incrementado exponencialmente.
Estamos, sin lugar a ningún género de dudas, frente a un muy grave problema de orden social, que necesita, además de ser atendido de la mejor forma y manera posible, con inusitado compromiso, responsabilidad y toda la capacidad de las autoridades e instituciones instauradas para el efecto, más en la verdad que estas muchas situaciones se han salido de madre, en lo que ha contribuido la aberrante migración que ha colmado a nuestras principales ciudades, las fuerzas ilegales en el espectro rural y los desplazados por miles de países vecinos, quienes llegan, los más, en la búsqueda y procura de oportunidades para mejorar su subsistencia y la de sus familias, colectivos en su mayoría conformados por personas sin capacidades ni conocimientos para vivir y aportar al desarrollo de los distintos sectores productivos, deficiencias estas que los exponen a ser cooptados por grupos al margen de la ley ávidos de alistar para sí a estas personas pendientes que se les brinden oportunidades de trabajo.
Cercano el debate electoral próximo, importaría que la institucionalidad presenten serias reformas sobre el tan neurálgico problema de la inseguridad, con una estrategia más que audaz diría yo, lejos a todas luces de los acostumbrados lamentos, como falta de policías, medios y equipos en malas condiciones, comunicaciones deficientes, llegada tarde de uniformados a los lugares con problemas, falta de equipos de última generación, pocos recursos económicos para la operatividad y demás otros aspectos que de una u otra forma impiden unas más efectivas acciones de las autoridades en su conjunto.
Importa sobremanera y urge una mayor y más efectiva disposición para atender con determinación la problemática de la inseguridad, que es además y cada día más, un problema social de gigantescas dimensiones, en lo que ayudará interés, decisión política, acompañamiento social, resocialización, además que la comunidad desde una eficaz participación activa, aporte su compromiso de manera real, decidida, decisoria y definitiva.
De la misma manera, que las administraciones municipales, con el apoyo de los gobiernos departamental y nacional, analicen conjuntamente, atendiendo las propias realidades, necesidades y demandas poblacionales, un modelo a seguir, donde un diagnóstico serio, focalizado en las responsabilidades policiales, pronta y eficiente justicia, cero impunidad y más sitios de reclusión para infractores y delincuentes, permita debelar en manera sustancial este grave problema social que vivimos y sufriendo en carne propia estamos.
*Abogado. Especializado en Derecho Administrativo. Magister en Seguridad. Ex Edil de Usaquén. Candidato al Concejo de Bogotá
