Periódico El Derecho
Es inmensamente claro que existe la necesidad imperiosa de entender la cultura como un derecho primario e imprescindible de los ciudadanos, así también como un pilar fundamental del desarrollo sostenible de una sociedad, lo que denota la urgencia de fortalecer su institucionalidad a través de una dotación presupuestal acorde al potencial cultural de la población y del sector. No podemos bajo punto de vista alguno considerar la cultura como una actividad desvinculada del desarrollo, toda vez que ello hace que el sector acuse un creciente debilitamiento presupuestal que dificulta atender las necesidades de la población. Comprender que cultura no solo es entretenimiento, estética e industria es un paso fundamental, lo que debemos convenir y hacia allá debemos caminar.
De la misma manera, la falta de una visión integradora y descentralizada de la política cultural desde las instituciones, hace que dicho presupuesto se atomice y disminuya, en vez de potenciarse en esquemas de colaboración institucional, lo que hace igualmente necesario exigir que las asignaciones presupuestales sean coherentes con las necesidades culturales actualmente invisibilizadas.
Las asignaciones presupuestales para cultura en todos y cada uno de nuestros municipios en relación a sus habitantes es irrisorio, ya que no alcanza para cubrir las necesidades de su infraestructura cultural tanto de espacios como programas y equipamientos, lo que indicaría que a las autoridades no les interesara saber de la importancia que tiene el arte, la cultura y su incidencia en la construcción de vínculos humanos, prevención social ante la inseguridad, sanación, construcción de pertinencia comunitaria que repara el tejido social y consolida espacios inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Pareciera que no quieren entender ni comprender que la cultura no solo es entretenimiento.
El resultado de lo cual es que tengamos una sociedad débil, violenta y con logros seriamente disminuidos, lo que amerita, requiere y necesita de la implementación de programas culturales de prevención e intervención. Además de lo cual, tener claro que si no existe una política pública sectorial de fomento al sector cultural con su respectivo presupuesto, incremento paulatino para el financiamiento sostenido de la producción y circulación cultural y artística; así como mantenimiento de su infraestructura, con marcos laborales y de protección social que tomen en cuenta las particularidades del trabajo artístico y cultural, para garantizar derechos y condiciones de trabajo adecuadas, seguiremos cada día y cada vez más en peores condiciones.
La histórica falta de interlocución entre las diversas instancias de Gobierno, de reconocimiento y de atención en materia cultural, como su gran ausencia, se debe transformar en un trabajo conjunto. Encarar con decisión una ardua tarea de armonización jurídica y normativa que evite las contradicciones actuales, urge que se aprueben las reformas culturales que sean necesarias, así como también garantizar el impulso de financiamiento de la cultura para todas sus instituciones y sus proyectos de carácter transversal, con el convencimiento de que no hay mejor uso de los recursos públicos para enfrentar la situación de emergencia social que vivimos como país que el de promover la cultura y, con ello, paz, bienestar, crecimiento, progreso e integral desarrollo./IVA
