Por: Rubén Darío Ceballos Mendoza*

Los entes de control están instituidos para representar los intereses de la comunidad y nunca los intereses de sus dirigentes, sean estos quienes fueren. Bien es sabido que la administración de los recursos públicos y la gestión para el cumplimiento de los fines del Estado, son premisas a las que se debe la actuación pública de los gobernantes, quienes dicho sea de paso tienen la labor de materializar la voluntad general, por constituir la suma de los intereses del pueblo; por lo que se espera que cumplan su compromiso con la comunidad, hagan valer el contrato social que exige la democracia moderna, la constitución y las leyes, como bien se ha dicho.

Claro es igualmente que a la comunidad sus intereses los deben proteger y salvaguardar celosamente los entes de control del Estado, pero el afán de figuración y la voracidad protagónica de los jefes de estos entres de control, ha minimizado el propósito fundamental de su institucionalidad, al tiempo que generan ruido en la cosa pública; por lo que no resulta para nada raro que los medios difundan denuncias muchas de dichos entes con acusaciones cada vez más relevantes en las que señalan a servidores públicos y otros entes de control con o sin fundamento, iniciando un juicio mediático antes que un debido proceso, para mostrarse al pueblo como los plus de la moralidad e integridad. La dirigencia de tales entes se ha apartado de la protección del bien común y parecieran en franca disputa en la que triunfan quienes mejor actúen el libreto de héroe de los valores de la comunidad.

El control que estos entes debe ser ejercicio como un proceso articulador de los fines del Estado en los que se valore como debe y tiene que ser en su justa medida el Control Fiscal, Administrativo y el Sistema Penal Acusatorio y no preocuparse quienes los dirigen por fungir como vedettes, como protagonistas mediáticos, en lugar de proteger el bien común y no sus propios intereses, el de los suyos y el de quienes real y verdaderamente representan. Los dirigentes de los entes de control, itero, se han apartado de la protección del bien común, los motiva llegar a tales posiciones para utilizarlas como trampolín para seguir en la carrera política como se evidencia en sus una y más actuaciones motivadas precisamente por interés políticos; de ahí que quieran ser siempre protagonistas permanentes en los medios de difusión.

Tenemos una justicia nada casta y desequilibrada, antojadiza, politizada, comprable y vendible, debido entre otras consideraciones y circunstancias a los intereses que mueven a su antojo la institucionalidad para ponerla al servicio de oscuros intereses políticos, económicos y criminales. Es la nuestra una justicia selectiva, parcializada, morosa, que beneficia a los grupos de poder y a quienes pueden comprarla. solo los dirigentes se benefician de ella política y económicamente, razones por lo que no tenemos ni control ni justicia, ya que se castiga arbitraria y justicieramente a quienes no tienen capacidad de compra. Así las cosas, al abismo nos dirigimos al estar pasándonos lo que la sentencia aquella refiere respecto de qué será de una sociedad cuando la sal se corrompe. 

*Jurista rubenceballos56@gmail.com