Por: Saúl Alfonso Herrera Henríquez*
Es la administración pública como disciplina, la encargada de armonizar otras a dicho tenor para lograr el correcto funcionamiento del Estado, debiendo analizarse como entiende el derecho esta función que se ejerce dentro del Estado y cuál es su relación con el derecho mismo; de ahí que la acción del Estado no puede entenderse si no se analiza a través de sus instituciones y las personas que le dan intensidad y rumbo. Hemos enfrentado continuos cambios en nuestra organización administrativa, sin embargo, pareciera que en los últimos años no hemos encontrado la puesta a punto para responder a los reclamos y demandas de la ciudadanía al respecto; toda vez que se cuestiona la eficiencia y eficacia de las instituciones en el ejercicio de sus responsabilidades.
Corrupción, falta de transparencia, nepotismo, amiguismo, improvisación, discrecionalidad y la violencia, entre otros, son sólo el reflejo de que algo no está funcionando y que los problemas se agravan día con día, poniendo en riesgo la estabilidad del Estado de Derecho. Recurrente viene siendo referirse con frecuencia a dicha problemática; sin embargo, su instrumentación es motivo de cuestionamientos permanentes, justificaciones, descalificaciones y debates que sólo abonan a la división sin llegar a ninguna solución. Pareciera que existe consenso respecto de los qué y no de los cómo, vitales en este contexto.
El gobierno debe asumir el liderazgo del cambio que se requiere para tener una verdadera reforma administrativa pública. No debe ser solo una revisión orgánica y de competencia que defina el tamaño y adscripción de los entes estatales a partir de modificaciones del marco legal o con pretexto de la racionalidad presupuestal; si bien ajustes como estos en algunos casos han sido benéficos, en otros sólo han mostrado maquillajes y coyunturas que se traducen en parálisis administrativas, retrocesos y gastos innecesarios que profundizan la crisis en las que se encuentran las instituciones, lo que es evidente
Es de tener en exacta cuenta que no es suficiente bajo ningún punto de vista proponer una reforma administrativa, cuando lo que realmente necesitamos es definir la claridad de mira, objetivos y propósitos, entre los cuales exista la necesidad de una visión de largo aliento multidisciplinaria, donde sólida sea la determinación de sus alcances, así como la gradualidad de los procesos de cambio, a fin de no dejar lugar ni espacio a imprevisiones ni improvisaciones. La determinación de los alcances de la reforma y su gradualidad implican analizar los dos niveles de la acción gubernamental; vale decir, la organización de las estructuras de gobierno, determinando con claridad sus ámbitos de competencia y responsabilidad; y, la gestión administrativa, que permita alcanzar eficiencia y eficacia para una sociedad cada día más demandante, lo que requiere una plena y adecuada coordinación institucional, con visión de género, en el que se aparten los intereses particulares o de grupo del verdadero propósito reformista. La participación de la ciudadanía en sus diversas vertientes se estima que sería factor decisivo, no sólo en el diagnóstico e implementación, sino en la toma de decisiones. Sólo así tendría cabida una nueva administración pública con viabilidad y legitimación, en la que se derrote la corrupción, como parte fundamental de nuevas visiones de gobierno y fundamento para construir y soportarnos en una nueva y sólida administración pública.
*Abogado. Especializado en Gestión Pública. Derecho Administrativo y contractual. saulherrera.h@gmail.com
