Por: Saúl Alfonso Herrera Henríquez*
Siempre la ciudadanía, cumpliendo con parte de sus deberes, debe mantenerse vigilante en cuanto a todo lo que sea o parezcan manejos irregulares en detrimento poblacional y mostrase presta a elevar las denunciadas correspondientes públicamente, hasta obtener respuestas de las autoridades, en la verdad que de no haberlas, como tampoco acciones respectivas, la responsabilidad recae en la ciudadanía, que debe mantenerse alerta y ejercer un control activo sobre la gestión municipal, especialmente cuando de momentos decisivos de su desarrollo se trate, toda vez que no debe haber espacio para lo opaco e inconveniente, sino que se requieren gestiones transparentes, abiertas y, sobre todo, sometidas a un control ciudadano firme y constante.
El Control Social, por tanto, no puede ser una simple formalidad decorativa sino convertirse en una herramienta fundamental de la democracia. No como opción ni acto simbólico, sino como una obligación frente a un escenario marcado por la desconfianza y la falta de respuestas institucionales; más, por cuanto es axiomático y la experiencia lo refrenda y demuestra, que cuando la ciudadanía baja la guardia, la gestión pública se aleja del interés colectivo. Obras inconclusas, decisiones poco transparentes, uso discrecional de recursos y ausencia de rendición de cuentas no son casualidades, sino el resultado de una irresponsable como débil o inexistente vigilancia, que debe siempre funcionar bajo la lógica del “beneficio de la duda” y comenzar con la clara premisa que cada decisión, cada contrato y cada persona ejecutada deben ser observados de cerca por la ciudadanía.
El reto es claro. El Control Social debe dejar atrás todo asomo y cualquier forma de complacencia o subordinación. Necesita independencia, organización y valentía para fiscalizar sin miedo, denunciar sin cálculos políticos y exigir transparencia sin concesiones. Pero esta tarea no corresponde solo a unos pocos. Es una responsabilidad colectiva. Cada vecino debe entender que la democracia no termina en las urnas, sino que allí comienza y se fortalece con la activa participación ciudadana y la vigilancia permanente, ya que cuando el ciudadano se convierte en espectador, el poder se vuelve opaco, difuso; y, cuando ello es así, la corrupción encuentra el terreno abonado, y ello siempre va en contra de los intereses superiores de la comunidad.
Debe tener en cuenta la colectividad que los mensajes para las autoridades deben ser claros, por cuanto no se deben ser territorios de silencio ni de complicidades, sino unidades territoriales donde la ciudadanía observa, cuestiona, exige y ante las señales de alerta tiene como valida respuesta la acción, puesto que, en democracia, el poder no solo se elige, sino que también debe controlarse. Y ese control debe ser permanente en beneficio y aprovechamiento de la comunidad.
*Abogado. Especializado en Gestión Pública. Derecho Administrativo y Contractual. Candidato a Magister en Derecho Público. Analista. Conferenciante. Columnista
