✍Por: Rafael Robles Solano*

A mediados de agosto de 2021, en un artículo titulado: “LA APOCALIPSIS DEL CAMBIO CLIMÁTICO” expuse mis puntos de vista apoyando la necesidad de que Colombia suscribiera sin más dilaciones injustificadas el “ACUERDO DE ESCAZÚ”, al que el gobierno anterior venía dilatando por tres años con vanos pretextos, pese a que internacionalmente informaba que lo respaldaba. Afortunadamente en la noche del pasado lunes 10 de octubre, se consiguió su aprobación por parte de la Cámara de Representantes, con 120 votos a favor. Con esta noticia Colombia se convirtió en el país número 14, en ratificar el tratado que ya ha sido firmado por 24 naciones.

La ministra de Ambiente Susana Muhamad, dijo en redes sociales que: “con el Acuerdo de Escazú logramos Democracia Ambiental”, y además proclamó: “bienvenidos al Gobierno del Cambio”. Anunciando que se inician las rutas de implementación como son la preparación de actos administrativos para la participación ciudadana, la concertación de vías para la defensa de los DDHH y los programas de fortalecimiento de veedurías”.

El Acuerdo de Escazú, es sin embargo un tema sobre el cual los medios de comunicación nacional se refirieron de manera superficial, evidenciando que se desconoce la importancia y alcance de éste, que es un tratado regional de América Latina y El Caribe sobre derechos humanos y medio ambiente, que promueve los derechos para acceder oportuna y efectivamente a la Información Ambiental, la protección de los defensores ambientales, que particularmente en nuestro país, son perseguidos y asesinados por defender los recursos naturales de esos territorios, que busca, además, garantizar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales en los países de América Latina y el Caribe.

Señalamientos que ahora reitero insistiendo en los problemas de: “la infame explotación de la minería ilegal, que viene contaminando muchas de las fuentes hídricas de dichas zonas, especialmente por el uso de cianuro, mercurio y otros químicos venenosos, como por la inmisericorde apropiación y desforestación de inmensas regiones selváticas de los llanos, el Orinoco y Amazonas, las cuales se utilizan para colonización de esas tierras o las destinan para hacer ganadería extensiva, cuando no las dedican para cultivos ilícitos, como acontece en los Departamentos del sur de Colombia, Cuaca y Nariño en particular, allende de la contaminación generada por las múltiples industrias y fabricas urbanas y rurales, que continúan evadiendo los controles ambientales y siguen polucionando las grandes ciudades con las emisiones de gases contaminantes, las que facilitan el llamado efecto invernadero o que irresponsablemente vierten sus desechos en los ríos y sus afluentes, como sucede con el rio Bogotá.”

Derechos fundamentales del Acuerdo de Escazú

Entonces me permito resumir cuales son los tres derechos fundamentales del Acuerdo de Escazú, que consisten en:

• El acceso a la información ambiental, permitiendo que los ciudadanos tengan acceso a estas de formas claras y oportunas sobre las gestiones de los recursos naturales;
• la participación pública, garantizando y fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana en los procesos ambientales; y finalmente,
• permitir el acceso a la justicia ambiental por medio del reconocimiento, promoción y protección a los derechos de los defensores ambientales.

¿Qué sigue para el Acuerdo de Escazú?

Ante el respaldo inicial del Congreso colombiano toca reflexionar y preguntar: ¿Qué sigue para el Acuerdo de Escazú? Para absolver este interrogante, me remito al portal web de la Presidencia de la República, que anuncia lo siguiente: Mientras el Acuerdo entra en vigor y una vez sea sancionado el Acuerdo por el Jefe de Estado, se hará realidad en Colombia a través de cinco acciones a corto plazo a saber: Definir las políticas del manejo informativo ambiental; darán paso a las estrategias de acompañamiento a los defensores del medio ambiente; se ampliara la participación ciudadana en las decisiones ambientales; se consolidará el sistema de información sobre conflictividad socio-ambiental y finalmente, se consolidará la creación y el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas.

En consecuencia, por fin entraremos de lleno en los propósitos medio ambientales que hoy son bandera del gobierno colombiano, en consonancia con el Acuerdo de Paris de 2016.

*✍Rafael Robles Solano. Secretario Ejecutivo LIDERESOCIAL. lideresocial@hotmail.com