Por: Guillermo De La Hoz Carbonó*
Hay momentos en la historia de una sociedad en los que no solo cambian los gobiernos: cambian las preguntas. Y cuando cambian las preguntas, lo que está en juego no es un programa administrativo sino un paradigma.
Un paradigma no es una consigna ni una etiqueta ideológica. Es el marco desde el cual interpretamos la realidad. Es el conjunto de supuestos que parecen tan obvios que rara vez discutimos. Funciona como el sistema operativo de una época: no lo vemos, pero determina cómo procesamos las decisiones públicas. Cuando cambia el sistema, cambia la interpretación.
Durante décadas, Colombia operó bajo un marco relativamente estable en materia económica y política: primacía del mercado como asignador de recursos, disciplina fiscal como valor rector, intervención estatal limitada y confianza en la estabilidad macroeconómica como condición suficiente para el bienestar general. Ese marco no era ilegal ni ilegítimo. Era un paradigma liberal clásico adaptado a nuestra historia institucional.
La Constitución de 1991 introdujo otra arquitectura: el Estado social de derecho. Allí el Estado no solo debe abstenerse de vulnerar derechos, sino garantizar condiciones materiales para su ejercicio. Sin embargo, durante años esa fórmula fue más textual que debatida. Se hablaba de salario mínimo; poco se discutía el salario vital. Se hablaba de crecimiento; menos de distribución. El concepto existía en la norma, pero no siempre en la conversación pública.
En los últimos años —más allá de simpatías o rechazos personales— el debate se ha desplazado. Se discute con mayor frecuencia el alcance real del Estado social de derecho, el papel del mercado, la función redistributiva de la política fiscal y el sentido material de los derechos sociales. El paradigma liberal clásico sigue vigente y con argumentos sólidos, pero ahora convive con una interpretación más activa del mandato constitucional. Esa tensión no es patológica: es democrática.
Muchos ciudadanos afirman que no entienden ciertos discursos políticos. Es cierto que a veces se emplean categorías complejas. Pero también es cierto que en una sociedad polarizada el prejuicio sustituye con facilidad al análisis. Cuando el debate se reduce a la biografía o a la descalificación emocional, se abandona el terreno conceptual. Y lo que está en juego no es una persona, sino el modelo de Estado.
Para los estudiantes de Derecho —y para cualquier ciudadano que quiera comprender su tiempo— esto es esencial. El Derecho no flota en el vacío. Detrás de cada ley y cada política pública hay un supuesto sobre qué debe hacer el Estado, qué puede hacer el mercado y qué significa la justicia social.
Un ejemplo reciente lo ilustra: cuando una figura deportiva cuestiona públicamente una política estatal sobre el deporte, no estamos ante una simple polémica mediática. Estamos ante un ciudadano que interpela el modelo de gestión pública: cómo se asignan recursos, con qué criterios, bajo qué lógica institucional. Cuando ese debate se vuelve colectivo, deja de ser deportivo y se vuelve estructural. Eso también es cambio de paradigma: el tránsito del ciudadano espectador al ciudadano que examina la arquitectura del Estado.
No debemos idealizar el momento. En amplias regiones del país el voto aún se intercambia como mercancía. Esa realidad no desaparece por un giro discursivo. Pero paralelamente emerge un ciudadano que pregunta más, que contrasta información, que intenta comprender el marco detrás de las decisiones. Incluso la oposición argumenta en términos de modelo económico y constitucional. Eso eleva la deliberación.
Los cambios paradigmáticos no se miden por aplausos sino por efectos observables. Y uno es claro: hoy discutimos con mayor explicitud el modelo de sociedad que queremos. Antes muchas de esas conversaciones permanecían en círculos técnicos; ahora circulan en aulas, redes, cafés y escenarios públicos.
Este 8 de marzo elegimos Congreso de la República. Y allí la discusión deja de ser abstracta. Un senador o representante no es un rostro de campaña: es un decisor de reformas estructurales. Votará leyes que definirán el alcance del Estado social de derecho, la política fiscal, el régimen laboral, la estructura institucional.
Por eso la pregunta es simple y contundente: ¿qué modelo de Estado defiende ese candidato? ¿Qué modelo de sociedad propone? Debe poder explicarlo con claridad. Y el ciudadano debe investigar su trayectoria pública, su coherencia y sus cambios de posición.
Si no sabes qué representa, estás votando a ciegas. Y votar a ciegas es entregar poder sin condiciones. El peor candidato no es el que piensa distinto a ti; es el que no sabes quién es, el que cambia de bando según la conveniencia. Sorpresas ya hemos tenido suficientes.
La democracia madura cuando el ciudadano vota con conciencia de paradigma, no con impulso momentáneo. Pensar antes de votar no es desconfianza: es responsabilidad.
Y revisar los lentes con los que miramos el Estado -eso sí- es el verdadero ejercicio de ciudadanía.
*Abogado. Economista. Analista. Docente Universitario. Columnista
