Por: José Manuel Herrera Brito
En plena justa electiva en la que se elegirán a un nuevo Presidente y Vicepresidente de Colombia, surgen muchos contextos, inobservancias, desatenciones, desacatos, caso omiso a directrices partidistas que poco o nada inciden. No hay autoridad. Sus miembros hacen lo que quieren. Se ofrecen y suman descarada e incluso indignamente a quien quieren esperanzados en prebendas futuras. De igual manera se anuncian iniciativas muchas, tales como una posible reforma electoral, esquemas orgánicos de la integración en materia de representación proporcional del Poder Legislativo, los derechos político-electorales de la ciudadanía, el financiamiento de los partidos políticos, tema nada menor al girar en torno al financiamiento público que se otorga a los partidos políticos, lo que debe ir de la mano respecto de cómo garantizar y hacer efectivo el derecho de acceso a la información en materia electoral que debe tener todo ciudadano sobre en qué y cómo se ejerce ese cuantioso gasto público, en la verdad que debe ser considerado lo cual como información pública de los referidos partidos, con independencia de las obligaciones que se señalan en cuanto a transparencia y acceso a la información pública, entre otros aspectos.
Las remuneraciones ordinarias y extraordinarias que perciben los integrantes de los órganos partidarios, los contratos y convenios suscritos para la adquisición, arrendamientos, concesiones y prestación de bienes y servicios y los resultados de las revisiones, informes, verificaciones de que sean objeto con motivo de la fiscalización de sus recursos, ya que poco, o mejor, no de real manera informan los partidos políticos para que los ciudadanos puedan tener conocimiento en lo particular del ejercicio de su gasto público, o se limitan a señalar cierta normatividad y a referir vínculos, sin que ello logre un acceso a la información. Muestra evidente que nuestros partidos políticos andan al garete. No hay disciplina de partidos.
No podemos olvidar que el derecho a la información de la ciudadanía para conocer el gasto público ejercido por los partidos políticos es una extensión del ejercicio de los derechos políticos electorales que tienen para ejercer a plenitud y con conocimiento de causa por quién votar. Por ello, conocer la información pública electoral respecto del ejercicio de recursos públicos, debe ser considerado para generar una verdadera obligación jurídica política de transparencia a cargo de los partidos políticos y considerarlo como una prerrogativa para la ciudadanía.
El acceso a la información electoral que deben tener los ciudadanos sobre el conocimiento de los gastos que realice cada partido político, no debe ser considerado como un favor o una dádiva, sino como una obligación sujeta a sanciones de no cumplirse con ello; de ahí que el ocultamiento de los partidos políticos en transparentar el ejercicio del gasto público frente a toda la ciudadanía es un monumental atraso en la vida democrática del país.
Oscuros sin duda nuestros partidos políticos, que marcados están por la conveniencia, la corrupción, la falta de transparencia, el clientelismo, así como vinculados con actividades ilícitas de toda laya; y que, además, manipulan la democracia mediante clanes y candidatos investigados, a menudo asociados con cuantos desmanes existen como características de las problemáticas que acusan y de paso los convierten en organizaciones que actúan bajo lógicas de desconfianza y beneficio propio en lugar de servicio público; de ahí que bien podamos decir a manera de síntesis, que nuestros partidos políticos han perdido su importancia debido a su incapacidad de gobernarse y por no dar respuesta a los desafíos derivados de nuevas demandas y actitudes de las sociedades democráticas contemporáneas, al no cumplir siquiera mínimamente con la funciones básicas para una la profundización y fortalecimiento de la democracia. saramara7@gmail.com
