Por: José Guillermo Claros Penna*
En la necesidad de una superior conciencia cívica, importa un fortalecido como robusto del servicio civil, delinear en mejor forma y manera los ejes sobre los que debe estar asentado la política pública en materia de combate a la corrupción y la labor administrativa, precisando desde luego algunas acciones por alcanzar, lo que debe ser un todo permanente y continuo. Requerimos a todos y en todos los niveles, y con ello no estoy descubriendo que el agua moja, atender a fondo el problema mayor de la corrupción, el cual no es un fenómeno exclusivo que permea en el gobierno, como se ha afirmado históricamente y, menos, que se circunscriba a determinados poderes, o instituciones, como pueden ser las de seguridad, procuración, impartición de justicia o las relacionadas con las compras gubernamentales y la prestación de los servicios públicos; toda vez que ella va más allá, en la afirmación irrebatible que ha permeado toda la sociedad, requiriéndose de un auténtico remezón de conciencia cívica; ya que solo así podremos revertir la caída al vació que representa la práctica cotidiana de esta conducta lesiva, necesitada de fortalecer lo institucional y dar una visión profunda hacia la sociedad, estimadas de conformidad a los compromisos internacionales en materia de combate a la corrupción.
Es focalizarnos preventiva y correctiva y plantear, entre otras acciones, la reorientación estratégica de los Órganos Internos de Control adscritos a las dependencias y entidades paraestatales, principalmente, para sacar el máximo provecho de la infraestructura pública, que en su mayoría, se centra en la investigación y sustanciación de los procedimientos disciplinarios, pero que, por falta de tiempo y recursos, el control interno de naturaleza esencialmente preventiva, se ejecuta de forma subsidiaria, principalmente mediante la práctica de auditorías financieras y de desempeño, mediante las cuales se definen las áreas de oportunidad por corregir en los entes auditados.
Concierne en consecuencia fortalecer el servicio civil y modernizar realmente la administración pública, requeridos de una atención prioritaria al estar rezagados respecto a los nuevos tiempos que exige el combate a la corrupción; así como también, aborda la problemática de la impunidad y la debilidad institucional para garantizar que la denuncia ciudadana sea efectiva.
No es que lo que se proponga vaya a ser más de lo mismo, como lo anuncian siempre, ante la poca efectividad de los avances, sectores especializados, requiriéndose en consecuencia, una visión más receptiva y mayores explicaciones para calificar idoneidad. Lo cierto es que deben los gobiernos poner el tema sobre el tapete, a la vista de todos, en el escenario público, o debe reconocerse, que el gobierno federal está poniendo el tema en el escenario público, ya que como toda propuesta, requerirá de tiempo y profundidad en su implementación, la cual no sólo será orgánica y administrativa, sino principalmente jurídica, espacio en el que verdaderamente se detallará su alcance y tiempo para que socializada quede en manera suficiente en el ámbito social, en el convencimiento que una de las formas mejores de enfrentar los problemas es a partir de la aceptación de los mismos.
*Profesional en Ciencias Militares. Administrador de Empresas. Abogado. Master en Derecho Público. Candidato a Doctor en Derecho.
