Por: Luis Cesar Pérez Gaitán*
Nos refiere eficiencia, la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado; de ahí que en cuanto a ella, los gobiernos deban acentuar su interés por los resultados generados mediante las actuaciones del sector público, razón de peso por lo que técnicos, políticos y científicos se apresuren por averiguar y verificar si con los recursos públicos utilizados, se obtiene la cantidad de servicios públicos, la producción pública óptima, o si el nivel de producción obtenido podría alcanzarse con una menor cantidad de recursos.
El objetivo, esto debe quedar claro, no es la reducción del sector público, sino cómo mejorar su eficiencia, lo cual en el tiempo permitirá reducciones en el gasto público. Evaluar la calidad de los servicios y políticas públicas deberán ser en consecuencia lo más oportuna posible, en atención a que supone un respaldo institucional a este objetivo, a todas luces benéfico para la comunidad en su conjunto, a la par que se pueden reforzar todas aquellas medidas involucradas en este proceso de mejora, como es potenciar el control en la utilización de los recursos.
Es introducir una mayor flexibilidad y convertir a la evaluación de resultados en el pilar de la gestión de los recursos humanos; simplificar la organización del sector público; y, seguir potenciando la utilización de las nuevas tecnologías en la gestión de los servicios públicos. En este sentido, sirve incrementar la eficiencia en el sector público local, establecer como objetivo alcanzar ganancias de eficiencia, con la condición que al menos la mitad de esa ganancia se materialice en recursos que se puedan reasignar a otras políticas.
Se trata de conseguir o al menos pretender conseguir mediante la producción de servicios públicos adicionales a partir del mismo consumo de factores o mediante mayores cotas de calidad en dichos servicios. En toda situación, especialmente cuando se está en crisis económica, esta mejora de la eficiencia del gasto va a tener efectos positivos sobre la economía, puesto que, al mejorar, la misma facilitará mantener el nivel de servicios públicos registrando un menor gasto público, gracias a los ahorros conseguidos, que consentirán a su vez reducir el déficit público, y una vez superada la crisis, ofertar mayor cantidad o nuevos tipos de servicios con el mismo nivel de recursos.
Por tanto, una reducción de la ineficiencia pública no es sinónimo necesariamente de recortar la plantilla de funcionarios, sino de reestructuraciones organizativas y reasignaciones de tareas, eliminando duplicidades de gasto innecesarias. Por el contrario, si se abandona la vía de avanzar en los niveles de eficiencia del sector público, la única alternativa para controlar el gasto y evitar así el perjudicial déficit público será aplicar cortes a la cifra del gasto público, lo cual se traducirá inevitablemente en un recorte del bienestar de la sociedad y ello no es ni será nunca lo que se persigue ni deba perseguirse.
*Luis Cesar Pérez Gaitán. Estudios en Administración de Empresa. Líder Indígena y comunitario. Empresario. luisperez19-14@hotmail.com
