Por: Blaicer Moreno Córdoba*
La inclusión social es concepto y tema importante al momento de redefinir los objetivos de la política social frente a los desafíos de la época que vivimos, signada por cambios acelerados, movilidad, inestabilidad y la ruptura en los niveles económico, social y en la trayectoria vital de cada uno. La participación ciudadana en tanto, también es tema aceptado, al estar planteada como una forma de salvar a la democracia de su cada vez mayor alejamiento e ineficacia respecto a los problemas, inquietudes y demandas de la ciudadanía. La incorporación de dichos conceptos en los discursos y, algo en las prácticas gubernamentales ha llevado progresos respeto de los derechos humanos, aunque no lo suficiente para acabar con la exclusión social ni con la falta de calidad democrática.
Los avances son selectivos, y van acompañados de situaciones de estancamiento o regresión, manifestados en la precariedad laboral, degradación de los servicios básicos y negación de los derechos políticos. Situación que no es solo por razones de la actual crisis económica, que ha elevado el número de damnificados, pero también reducido las capacidades de los gobiernos a todos los niveles, menoscabadas previamente por la falta de compromiso real de muchos gobernantes y por los planteamientos que ven en el mercado la única forma válida y posible de regulación social, lo que no es cierto.
Es claro que hay diferencia entre el discurso y la realidad, lo que impone buscar el problema en el hecho que hemos dado por descontado que los significantes inclusión social y democracia participativa se correspondían con significados unívocos y evidentes para todo el mundo, lo que tampoco es cierto, puesto que existen diversas formas de entender la democracia, con formas y grados diversos de exclusión/inclusión.
La participación ciudadana puede obedecer a enfoques y motivaciones diferentes, desde el trabajo para regenerar lo público hasta la defensa eficaz de intereses privados. Bajo el amparo de la inclusión social también pueden esconderse realidades como la estigmatización de todos aquellos que no se ajusten a un modelo de los denominados correcto, en lo laboral, social y cultural de persona, familia o comunidad, con execrables secuelas como la asimilación, la marginación o la eliminación.
Es por ello que debe entenderse que inclusión social y democracia participativa sólo tienen sentido en tanto en cuanto que objetivos políticos comprometidos con el reconocimiento del otro, de la igualdad en la diferencia, y con los derechos civiles, políticos y sociales, que permiten, no obstante, la aplicación de instrumentos diversos, institucionales y no institucionales. Son uno y otro, conceptos que van de la mano y la existencia de una democracia más participativa es una condición necesaria para avanzar hacia sociedades más inclusivas, donde los gobiernos locales deben jugar un papel clave, debiéndose constatar y fundamentar el vínculo entre inclusión y participación en todas las esferas, elaborar un mapa/inventario de propuestas concretas para poner en valor y reforzar dicho vínculo.
Surgen de lo cual alternativas, donde la solución no es aplicar un modelo basado en el mercado que se ha mostrado fallido, ni regresar al Estado social protector que es demasiado rígido y ahoga la autonomía socia; sino un modelo que ponga en valor lo mejor del Estado, del mercado y del tercer sector para reforzar lo público; esto es valores, servicios y espacios públicos, como base de la inclusión social. Una esfera pública fuerte y ello es para tenerse en cuenta, debe construirse día a día, incorporando la participación con formatos diversos y adaptados a cada contexto, en las instituciones, en las empresas y en las iniciativas sociales.
*Blaicer Moreno Córdoba. Administrador de Empresas. Especializado en Proyectos de Desarrollo. Asesor y Consultor Político y Empresarial. amerlyng@gmail.com
