Por: Rafael Robles Solano*
El propósito del presente titular busca analizar ante los frecuentes cuestionamientos o temores expresados por la tradicional extrema derecha criolla frente a los riesgos que conlleva adelantar las múltiples reformas anunciadas por Gustavo Petro. Entonces me he tomado la libertad de buscar los antecedentes históricos de las propuestas políticas “sobre las necesarias transformaciones sociales y de asistencia pública” dispuestas para enfrentar los enormes índices de pobreza planteadas por el equipo del presidente electo para implementar en su gobierno.
Revisión que ineludiblemente me lleva a remitir y referirme someramente comparando sus iniciativas políticas y sociales frente a las desplegadas hace más de 80 años por tres expresidentes de extracción liberal, durante sus polémicas administraciones del siglo XX, me refiero en su orden cronológico a ENRIQUE OLAYA HERRERA, que gobernó entre 1930 y 1934; ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, primera presidencia entre 1934 y 1938, mientras que la segunda fue de 1942 a 1945; y la de CARLOS LLERAS RESTREPO, de 1966 a 1970. Estas dos últimas atravesadas por la violencia de los años 50, que implicó un proceso apropiaciones y despojos por la fuerza de enormes territorios rurales e inició el desplazamiento forzado de casi un millón de campesinos.
Veamos, Enrique Olaya Herrera, primer presidente de corriente liberal, que asumió la presidencia en medio de la gran crisis económica mundial, resultante de “la gran depresión del año 1929.” Durante su gobierno llamado “de la Concentración Nacional”, luchó por mejorar el sistema de propiedad de las tierras rurales y proteger los derechos laborales de los trabajadores, para lo cual implementó para la época modernas reformas sociales y de asistencia pública, donde se destacaron la creación de la Caja Agraria y del hoy desaparecido Banco Central Hipotecario; fomentó el desarrollo de la industria nacional a través de la figura del proteccionismo; igualmente impulsó reformas educativas entre otras muchas obras, las que adelantó siempre con espíritu conciliador y procurando salvaguardar la unidad nacional, pese a la férrea oposición burocrática de los conservadores.
Le siguió Alfonso López Pumarejo, con su llamada “Revolución en Marcha”, quien mantuvo la línea de reformas sociales del gobierno precedente de Olaya Herrera, con las que logró introducir y materializar mediante reformas constitucionales como la agraria implementada por medio de la LEY 200 de 1936, tributarias, judiciales, laborales, universitarias entre las más destacadas.
Y me remito finalmente al gobierno de Carlos Lleras Restrepo, quien con su programa de “Transformación nacional”, alcanzó a implementar la reforma constitucional de 1968, del que se destacaron sus ejecutorias económicas en particular para fomentar el Estado intervencionista, que favoreció el despegue de los sectores no tradicionales de exportaciones, suprimió el mercado libre de divisas al regular las inversiones extranjeras, impulsó las inversiones productivas y adelantó una discutida “reforma agraria” con la que consiguió acabar con la tradición colonialista que protegía los derechos intocables de los terratenientes e impulsó la redistribución de las tierras rurales a través de la extinción de dominio de las tierras baldías, junto con programas de adquisición de las tierras improductivas. Programas estos que fueron acabados intempestivamente en 1971, por medio de la alianza bipartidista de congresistas y terratenientes latifundistas materializada con el “Pacto de Chícoral”. Siendo quizás este factor, uno de los detonantes de las preocupantes cifras de desigualdad social y pobreza campesina que llega hasta nuestros días.
Entonces pregunto ¿a qué le temen los detractores del nuevo gobierno progresista?
*Rafael Robles Solano. Secretario Ejecutivo LIDERESOCIAL. lideresocial@hotmail.com
