Por: Saúl Alfonso Herrera Henríquez*

Como país, lo sabemos todos, enfrentamos día tras día modalidades diversas dentro del ya muy largo conflicto con el crimen organizado y demás otras organizaciones delictivas de distinta naturaleza, origen y propósitos, mismas que ameritan estrategias centradas en resultados operativos y fortalecimiento institucional, con la esperanza que muestren efectos positivos.

Desde hace mucho tiempo, es claro que los cárteles de la droga entre nosotros no son solo organizaciones criminales locales, sino estructuras poderosas con alcance y dimensión internacional. Son grupos especializados en la elaboración y traslado de estupefacientes, además de haber sofisticado a tope sus operaciones financieras, las cuales muchas veces han contado con la permisividad y tolerancia de autoridades, a lo que se ha sumado un aparato de justicia debilitado por la corrupción y por la impunidad, lo que ha permitido su crecimiento por decenios sin contrapesos sólidos, hasta ser como en efecto lo son, entidades con recursos suficientes para procurarse ventajas en distintos campos de la vida nacional, así como penetraciones, infiltraciones y armarse sobradamente.

La relativa cercanía con Estados Unidos ha sido un factor a su favor por la gran demanda de drogas que de allí procede, los menores costos logísticos para transportar sustancias ilícitas y la disponibilidad de armas provenientes del norte han creado un mercado altamente rentable donde estas organizaciones juegan un papel central en la cadena de drogas hacia dicho país, lo que ha intensificado la lucha por rutas y control territorial, en lo que ha tenido inusitado protagonismo la insurgencia armada.

Muchas son las condiciones de diverso tipo que hacen que combatirlas no tenga paralelo en otras regiones del mundo, por lo que su lucha se convierte en un reto enorme que amerita acudir a todas las estrategias posibles y recursos disponibles, lo mismo que  impulsar una maniobra de seguridad que combine operaciones de inteligencia, las coordinaciones que necesarias sean y la neutralización de los uno y más generadores de violencia que actúan e interactúan en esta deplorable actividad.

Los retos son muchos y persisten enormemente en zonas donde el poder de los grupos delincuenciales está profundamente enraizado, dado que la violencia continúa debido a que el problema ha crecido de forma desmedida; y y ahora se trata de redes multifacéticas de macrocriminalidad con vastos recursos que se extienden más allá de las fronteras, lo que requiere despliegues adicionales de la fuerza pública y la atención prioritaria del gobierno en todas sus formas, toda vez que el entramado de violencia estructural y demanda transnacional exige esfuerzos sostenidos y adaptativos para consolidar estos avances en un cambio duradero.

Es la seguridad pública un servicio público y una función del Estado orientada a salvaguardar la integridad, derechos, bienes y libertades de las personas, garantizando el orden y la paz social, a la par que involucra acciones coordinadas de prevención, investigación y sanción de delitos, así como la reinserción social, buscando un entorno sin temor a la delincuencia. 

Si bien el gobierno de los municipios es el más cercano a la comunidad, no es menos cierto que también están ellos expuestos a la cooptación por parte del crimen organizado como viéndolo estamos desde hace ya varios decenios, por lo que se ha constituido la seguridad pública en uno de los temas y problemas más sentidos de nuestra sociedad, lo que lleva a cuestionar la efectividad del Estado, que cuenta con el monopolio del ejercicio legítimo de la fuerza pública, pero vemos por doquier a unos y más ejerciendo violencia por mano y en consecuencia generando inseguridad, hoy por hoy uno de los problemas mayores de país.

Deben ser conscientes nuestros gobernantes que es el poder público el responsable de brindarnos la seguridad y la protección debida. En muchas ocasiones, la impunidad, es decir, la falta de sanción a quien transgrede la ley, es uno de los factores que influye para no contar con referencias que fortalezcan nuestro sistema de seguridad pública. lo que implica una colaboración entre los distintos órdenes de gobierno, lo que ha sido un problema histórico, ya que contamos con varias instituciones que inciden en el ámbito de la seguridad pública y, en muchas ocasiones, media la desconfianza y el afán de protagonismo entre dichas instancias.

Igual deben tomarse las medidas necesarias para combatir a la delincuencia en todo su espectro, ya que las agrupaciones criminales cuentan con grandes recursos para multiplicar sus negocios; y es claro que de acuerdo con nuestra Carta Magna, la seguridad pública comprende la prevención, la investigación y la persecución de los delitos, así como la sanción a las infracciones administrativas. Sin embargo, esas tareas se complican, al resultar un gran retó la coordinación y colaboración entre los distintos organismos encargados de la seguridad pública del país., además de existir un descrédito por los escándalos en que algunos de sus miembros se han visto envueltos.

Sin duda alguna, contar con una adecuada seguridad pública es uno de los principales retos por enfrentar. Por razones obvias, el gobierno debe encabezar la estrategia general para asegurar la seguridad pública del país y entender que uno de los aspectos que deben ser tratados con mayor seriedad y profundidad es la prevención de los ilícitos, no sólo con presencia de las autoridades, sino con una campaña cívica contra la violencia, lo que hace importante y urgente fomentar intensamente una cultura a favor de la paz. 

*Abogado. Especializado en Gestión Pública. Derecho Administrativo y Contractual. Candidato a Magister en Derecho Público. Analista. Conferenciante. Columnista