JOSÉ MANUEL HERRERA BRITO

Por: José Manuel Herrera Brito. saramara7@gmail.com

Cuanto importaría en realidad y verdad que las autoridades estatales cumplan sus obligaciones para enfrentar con denuedo la corrupción en todas sus formas, se combata a fondo la cooptación de la administración de justicia por mafias que arreglan juicios y jueces para lograr sentencias favorables para quienes otorgan prebendas o cuentan y tienen suficiente poder político para ordenar y valerse por demás de otras muchas perversas patrañas, amén de provocar la realización de descaradas trapisondas en distintas esferas y funciones del Estado, para que grupos políticos y de distintos órdenes con poder e identificados con la corrupción y el crimen organizado empeñados en desestabilizar al Gobierno, se aseguren impunidad e incidan en la escogencia de las autoridades de control y demás otras.

Esta y cualquier cantidad de desviaciones hacen que el sistema de justicia no funcione como debe y tiene que ser, lo que se refleja de manera suficiente en los pobres resultados de las investigaciones en distintas materias y procederes ilegales tanto en el servicio y administración pública, como en la farándula, el deporte, las calles y demás otros escenarios. Las irregularidades internas en la función Judicial, se denuncian y se tienen evidencias que indican que llegan hasta la manipulación del sistema informático para direccionar causas judiciales con destino a jueces convenientes, al tiempo que maniobran sorteos que involucran a jueces, funcionarios judiciales y abogados.

La corrupción que padecemos, aberrante y gigantesca por demás, amerita que se luche contra ella para crear un mundo más justo y próspero. Constituye una talanquera enorme para el desarrollo social, el crecimiento económico y el logro del propósito de acabar con la pobreza extrema. Equivale a robar a los pobres, menoscaba bienestar y prosperidad, desvía los sagrados recursos públicos de sus previstos fines, y los efectos a largo plazo de los servicios que se dejan de prestar en salud, educación, cultura, infraestructura y demás, generando de paso un efecto dañoso en la vida de los pobres y un grande deterioro en la confianza ciudadana en los gobiernos.

Pocas serán siempre las medidas para acabar la corrupción, las cuales debe ser eficaces, imperativas, amplias, radicalmente transparentes, preventivas, vanguardistas y trabajarse en ellas incansablemente para convertir las aspiraciones en acción, ser intolerantes con ellas, avanzar permanentemente en su combate, llamar a gestión y tarea a gobiernos, sociedad civil, sector privado y organismos internacionales en marcos de transparencia y responsabilidad, lo mismo que se tengan en cuenta los aportes de los asociados, todos los instrumentos como herramientas disponibles, a la par de seguir insistiendo en la captación de más información y transparencia de los fondos públicos.

En esto de la corrupción no debe darse nunca marcha atrás, sino propender y garantizar que la mayor transparencia impulse la prevención y el descubrimiento de todo atisbo de corrupción de cara al futuro, en lo que colaboran de manera certera apoyar los acuerdos internacionales que establecen normas, reglas y sistemas que mejoren el intercambio de información para evitar el flujo ilícito de fondos; usar la innovación y la tecnología para impulsar el cambio; lograr la participación activa de la ciudadanía y el sector privado; y, entender que esta lucha para que eficaz sea, debe colaborar abiertamente una poderosa y extensa coalición de líderes del gobierno y fuera de él, así como la implantación e implementación de políticas y prácticas que permita castrarla de raíz, en lo que importa y se impone caminar prestos, ser diligentes y poner límite a quienes roban a los pobres impidiendo su integral desarrollo.

Acabar la corrupción es sin duda la mejor estrategia posible para alcanzar el integral desarrollo.


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