Por: Julián Martín Ruíz Frutos*

Importa en contexto de transparencia que el ejercicio de la función jurisdiccional y administrativa se evalúe periódicamente y como lo señale la ley, para contar con una actuación profesional y honesta en el ejercicio de las funciones que les correspondan, lo que ayuda a que sus servidores públicos se cuiden de cometer las conductas que den lugar a delitos o infracciones administrativas. Es en parte ayudar a blindar al Poder Judicial frente a quienes se aparten del marco de la ley.

Colabora lo cual con vigilar el estricto cumplimiento de la ley de quienes se encuentran en la función judicial para que ello sea en los términos, modalidades, requisitos y procedimientos necesarios que se exijan, para garantizar un estar adecuado de quienes ejercen cargos en el Poder Judicial. El ejercicio de las funciones jurisdiccional y administrativa, deberá evaluarse periódicamente y como lo señale la ley, para contar con una actuación profesional y honesta en el ejercicio de las funciones que les correspondan. De la misma manera, otra acción de importancia será la de vigilancia en la transparencia y rendición de cuentas vía el cumplimiento de sus declaraciones patrimoniales y la revisión de la evolución patrimonial, para no incurrir en incrementos patrimoniales inexplicables conforme a sus niveles salariales.

Importante es también y sin duda alguna, el establecimiento de un sistema de quejas y denuncias de fácil acceso y comprensión a la ciudadanía, lo que aportaría un elemento crucial para este propósito; además de los procesos de auditoría, revisión y control del gasto público con absoluta independencia técnica y de gestión.

Igualmente, una vez detectado un presunto acto de corrupción, deben llevarse a cabo los procedimientos de investigación, sustanciación y resolución de las faltas con estricto apego a derecho, bien sea de naturaleza administrativa o penal. El escenario no es sencillo pues a la par de estas acciones debe cuidarse el no entorpecer la actividad continua administrativa y jurisdiccional, por lo que se deberá hacer uso de las medidas cautelares y de apremio necesarias, tratándose de faltas graves o hechos que las leyes señalen como delitos.

La sociedad espera estas acciones que legitimen un modelo judicial de combata la corrupción para contar con una justicia que cumpla con los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo y excelencia. 

*Abogado. Analista. Especializado en Derecho Laboral. Columnista