Por: Miguel Enrique Bayter Bayter*

Colombia se aproxima a una nueva cita con las urnas en un clima que ya no es el de la ilusión inaugural, sino el de la evaluación severa. Las elecciones, en las democracias maduras, no solo designan autoridades, miden estados de ánimo colectivos, ajustan expectativas y, en ocasiones, corrigen rumbos. Lo que hoy se percibe en el país es menos la euforia de una transformación en marcha que la inquietud de una sociedad que somete a escrutinio la distancia entre lo prometido y lo efectivamente realizado.

Sería un error interpretar este momento como una anomalía exclusivamente colombiana. América Latina atraviesa desde hace varios años un ciclo de inestabilidad política caracterizado por la rápida erosión de los gobiernos en ejercicio. La región, golpeada por el impacto económico y social de la pandemia, por la desaceleración productiva y por tensiones estructurales no resueltas, ha visto cómo la paciencia ciudadana se acorta y cómo la indulgencia frente a los incumplimientos se vuelve cada vez más escasa. La alternancia, más que una excepción, se ha convertido en reflejo casi automático ante la frustración.

En ese contexto, la administración actual nació envuelta en una expectativa extraordinaria. La elección que la llevó al poder fue interpretada por amplios sectores como un giro histórico, una ruptura con inercias prolongadas y una oportunidad de redefinir prioridades nacionales. El mandato estaba cargado de simbolismo, prometía transformación social, reformas estructurales, reconciliación y una nueva narrativa de Estado.

Pero la política, más que un ejercicio de retórica, es una disciplina de resultados. Las expectativas elevadas son un arma de doble filo, pues otorgan legitimidad inicial, pero también estrechan el margen para la demora y el error. Cuando la percepción pública comienza a advertir que las soluciones no llegan con la profundidad o la velocidad esperadas, el capital simbólico se erosiona con sorprendente rapidez. Hoy el juicio ciudadano ya no se formula en términos épicos, sino pragmáticos.

Las preocupaciones dominantes no son abstractas, se expresan en preguntas sencillas y directas: ¿estoy más seguro que hace cuatro años?, ¿mi economía familiar es más estable?, ¿confío más en las instituciones? La respuesta a esas cuestiones, más que cualquier discurso ideológico, define el clima electoral. Las cifras de opinión reflejan un malestar persistente; más allá de las estadísticas técnicas, lo que se percibe es una sensación difusa de incertidumbre, una inquietud que atraviesa clases sociales y territorios.

La seguridad se ha convertido en uno de los ejes más sensibles de la conversación pública, no como consigna, sino como experiencia cotidiana. El temor al delito, la percepción de vulnerabilidad en el espacio inmediato, la sensación de que el orden no es tan firme como debería, pesan con fuerza en la evaluación ciudadana. En política, lo concreto prevalece sobre lo conceptual, la vivencia personal desplaza a la abstracción programática.

A ello se suma el componente económico; en entornos de crecimiento débil o de expectativas moderadas, la ciudadanía tiende a juzgar con mayor severidad a quienes gobiernan. No basta con enunciar reformas; se exige que los beneficios sean tangibles. El voto, en estas circunstancias, se convierte en una herramienta de ajuste, de tal manera que si el rumbo no satisface, se ensaya otro.

La concepción institucional de la segunda vuelta introduce un elemento adicional de complejidad. En sistemas de doble ronda, el comportamiento electoral tiende a modificarse entre la primera y la segunda cita con las urnas. Lo que en la primera instancia puede ser voto identitario o expresivo, en la segunda suele transformarse en voto estratégico. La pregunta ya no es únicamente quién me representa mejor, sino quién debe ser impedido de gobernar. La agregación negativa, es decir, la suma de voluntades en contra de una opción, adquiere una fuerza decisiva.

En ese terreno, el desgaste del oficialismo se convierte en un factor estructural. Cuando un gobierno enfrenta niveles significativos de desaprobación, la segunda vuelta puede convertirse en un plebiscito implícito sobre su continuidad. Las candidaturas asociadas al poder deben entonces librar una doble batalla, defender su legado y persuadir a sectores escépticos de que la estabilidad vale más que el cambio.

No menos relevante es la cohesión interna del bloque que aspira a prolongar el ciclo. La fragmentación reduce la capacidad de concentrar apoyos y debilita la narrativa común. En América Latina, la experiencia demuestra que los proyectos que logran perdurar más allá de un mandato lo hacen sobre la base de una disciplina férrea y una articulación estratégica que minimiza disputas públicas. Cuando el oficialismo concurre dividido, la oposición encuentra terreno fértil para capitalizar el descontento.

Colombia, por tanto, no se enfrenta únicamente a una competencia entre nombres propios, lo que está en juego es la validación de un ciclo político inaugurado con altas expectativas y sometido ahora a la prueba del tiempo. La alternancia, en sí misma, no constituye un fracaso; es un mecanismo legítimo de la democracia para recalibrar prioridades; sin embargo, cuando la sustitución se convierte en patrón reiterado, revela un problema más profundo, me refiero a la dificultad de consolidar proyectos que transformen expectativas en realidades sostenibles.

El desenlace dependerá menos de la grandilocuencia de las proclamas que de la capacidad de interpretar con honestidad el estado de ánimo nacional. En una sociedad que muestra signos de fatiga, la sobriedad resulta más eficaz que la estridencia. El liderazgo que logre ofrecer certidumbre, no promesas ilimitadas, sino compromisos plausibles, tendrá ventaja.

En última instancia, el electorado colombiano no parece buscar una epopeya, sino estabilidad; no un discurso inflamado, sino una gestión confiable. En tiempos de incertidumbre, la moderación y la claridad estratégica suelen imponerse sobre la retórica exaltada. La elección próxima será, ante todo, una medición de confianza; confianza en la continuidad o confianza en la corrección del rumbo.

La historia reciente demuestra que ninguna legitimidad es permanente. La democracia exige renovación constante de credenciales, y en ese examen, inexorable y periódico, se encuentra hoy Colombia, evaluando si el impulso transformador inicial ha madurado en resultados suficientes o si, por el contrario, ha llegado el momento de explorar una alternativa.

 *Abogado. Analista. Columnista