Por: Miguel Enrique Bayter Bayter*

Algunas tragedias suelen partir el alma de una nación; pero, hay discursos que la ofenden. La muerte del niño Kevin Acosta pertenece a la primera categoría, en tanto que la reacción presidencial, lamentablemente, a la segunda.

En un país donde la salud pública navega entre la precariedad administrativa y la épica ideológica, el fallecimiento de un menor con una enfermedad de alto riesgo exigía respeto; claro, además, una investigación rigurosa; pero, por sobre todo, muchísima responsabilidad institucional.

El dolor de su partida exigía grandeza; o, al menos, compasión. En cambio, el país presenció algo muy distinto, un jefe de Estado transformando una tragedia humana en un alegato defensivo.

El presidente Gustavo Petro, con la misma insensatez y cinismo de siempre, decidió que el centro del debate no debía ser la oportunidad en la entrega de medicamentos, ni la eficacia del sistema intervenido por su propio gobierno, ni la cadena de responsabilidades administrativas. El foco debía ser la madre; y, en un giro casi cinematográfico, por lo absurdo, la bicicleta.

En una nación que carga décadas de violencia estructural, desigualdad sanitaria y desconfianza institucional, el relato oficial sugirió que el problema podía reducirse a decisiones domésticas. Que la tragedia acaso era el resultado de imprudencias privadas; que el Estado, omnipresente cuando recauda, regula o interviene, se vuelve súbitamente etéreo cuando debe responder.

El recurso no es nuevo; cuando el poder se siente acorralado, busca un culpable más pequeño. Si el sistema falla, que la responsabilidad se diluya en la conducta individual; si la estructura se resquebraja, que el peso recaiga sobre el ciudadano común. Es una alquimia política antigua, convertir la fragilidad en escudo.

Pero hay algo particularmente inquietante en esta escena. No fue un exabrupto improvisado, fue, por el contrario, un planteamiento reiterado, sostenido, defendido ante cámaras. Se invocaron decisiones médicas, se mencionaron procedimientos quirúrgicos, se deslizaron detalles clínicos. La historia médica de un niño, que debería permanecer en el ámbito inviolable de la intimidad, fue expuesta como pieza argumentativa; como si la privacidad pudiera sacrificarse en el altar de la narrativa oficial.

La pregunta de fondo es incómoda, pero necesaria: ¿cuándo se normalizó que el Estado, ante una muerte vinculada a fallas en la atención sanitaria, responda señalando a la familia en duelo?

No se trata de un simple error comunicativo, ni de un traspié retórico; es un síntoma de una concepción del poder que privilegia la autodefensa sobre la autocrítica, que confunde liderazgo con confrontación y que interpreta la investidura presidencial como una tribuna de combate permanente.

Gobernar, conviene recordarlo, no es ganar discusiones, es asumir cargas, ds aceptar que cuando un niño depende de un medicamento que no llega, el sistema ha fallado en algún punto de la cadena, y que esa cadena, en última instancia, es responsabilidad del Estado, más aún cuando el propio Ejecutivo ha decidido intervenir, reformar y rediseñar el modelo sanitario.

La grandeza política se mide en la capacidad de decir: “Aquí hubo un error y lo corregiremos”. La pequeñez, en cambio, se revela cuando la reacción es: “La culpa es de otro”. Y si ese otro es una madre devastada, la escena adquiere un tinte moralmente perturbador.

Porque en toda república digna de ese nombre, el ciudadano es el fin y el Estado el medio, no al revés. Cuando el discurso oficial invierte esa ecuación, cuando la prioridad parece ser la defensa del modelo antes que la protección de la persona, algo esencial se ha desviado.

El argumento de la bicicleta, convertido casi en símbolo involuntario de esta controversia, resulta revelador. En sociedades con sistemas de salud robustos, los niños con enfermedades crónicas pueden y deben aspirar a una vida lo más normal posible. La actividad física, con tratamiento adecuado, no es herejía médica sino parte de la dignidad cotidiana. Reducir la discusión a ese punto es, en el mejor de los casos, simplificación; en el peor, distracción.

Y mientras tanto, la pregunta esencial permanece flotando, incómoda, obstinada: ¿recibió el menor, de manera oportuna y continua, el tratamiento que requería? ¿Funcionaron los mecanismos de supervisión? ¿Operaron las alertas? ¿Hubo fallas administrativas? Esas son las cuestiones que un país serio debería estar examinando con lupa técnica y transparencia institucional.

Pero la conversación pública fue arrastrada hacia otro terreno: el de la polémica, el de la insinuación, el del señalamiento. El poder eligió el camino de la confrontación antes que el de la introspección.

Hay en todo esto una lección más amplia; cuando la autoridad pierde la capacidad de empatizar, la política se vuelve fría; cuando la retórica sustituye al reconocimiento de responsabilidades, la confianza se erosiona, y sin confianza la arquitectura institucional se vuelve frágil.

Colombia no necesita presidentes que se defiendan con brillantez dialéctica, necesita gobernantes que, ante el dolor ajeno, bajen la voz; que comprendan que la investidura no es armadura contra la crítica, sino mandato para servir. Que entiendan que la dignidad de una madre no puede ser sacrificada para proteger la narrativa de un gobierno.

La muerte de Kevin Acosta debería haber sido un punto de inflexión para revisar protocolos, fortalecer controles y garantizar que ningún otro menor dependa del azar burocrático. En cambio, amenaza con convertirse en un capítulo más de polarización, donde la tragedia se instrumentaliza y el duelo se politiza.

Y tal vez ahí reside lo más doloroso: que en medio del ruido, del cálculo y de la defensa cerrada, la figura de un niño quede reducida a argumento.

Un Estado que no es capaz de proteger a sus más vulnerables debe, al menos, ser capaz de guardar silencio respetuoso cuando falla. Porque hay momentos en los que la dignidad consiste no en tener la última palabra, sino en reconocer que el poder, por grande que sea, no está por encima del deber moral.

Pero cuando la República observa que su presidente prefiere disputar responsabilidades antes que asumirlas, la bicicleta deja de ser un detalle anecdótico para convertirse en metáfora. Metáfora de un país que pedalea entre la retórica y la realidad, intentando no perder el equilibrio mientras la confianza pública se tambalea peligrosamente. 

*Abogado. Analista. Columnista