Por: Saúl Alfonso Herrera Henríquez*
La corrupción es, dice la Real Academia Española –RAE-, acción y efecto de corromper o corromperse; alteración o vicio…; vicio o abuso introducido en las cosas no materiales. En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.
En materia jurídica, la corrupción es el indebido intercambio de favores entre quien desempeña un cargo y quien gestiona algún negocio relacionado con las funciones de aquel. El enriquecimiento ilícito cuando está de por medio el tesoro público o la moral social, es considerado un acto de corrupción. El Art. 250ª.- Adicionado. L. 1474/2011, art.16., del Código Penal colombiano define la Corrupción Privada, así: “El que directamente o por interpuesta persona prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación una dádiva o cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero, en perjuicio de aquella, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 10 hasta 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Con las mismas penas será castigado el directivo, administrador, empleado o asesor de una sociedad, asociación o fundación que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio no justificado, en perjuicio de aquella. Cuando la conducta realizada produzca un perjuicio económico en detrimento de la sociedad, asociación o fundación, la pena será de 6 a 10 años.
No obstante, su penalidad, vemos como abiertamente se siguen cometiendo casos graves de corrupción, que generan un daño gigantesco que causan quienes los realizan, delincuentes de toda laya, que medran considerablemente el presupuesto y terminan por arruinar posibilidades de progreso. Es sin duda uno de los problemas que más daño le hace al país y que identificamos como de sus más graves amenazas para las finanzas del Estado, la salud de la democracia, la seguridad y la paz de la Nación, más cuando la sabemos instalada en todas las instituciones públicas desde lo local a lo nacional.
Se palpa en la gente de bien un claro agobio frente a este proceso delincuencial, pero que otros muchos justifican, implicando tácita connivencia del ciudadano con el político corrupto y un tufillo de claudicación del mismo ciudadano, frente a la que parece insuperable impunidad que rodea y protege a los corruptos, lo que indica que no estamos al margen de esta crisis moral, a pesar los miles y más casos que a diario se suceden perjudicándonos y avergonzándonos.
Muchos sin duda son los hechos de corrupción que se suceden en nuestro país comprometiendo a Tirios y Troyanos, casos protuberantes en más de una actuación que demuestran que operan en las administraciones redes dedicadas al saqueo infame de los dineros, esos sagrados recursos públicos que deben ser manejados solo con manos limpias.
Saúl Alfonso Herrera Henríquez. saulherrera.h@gmail.com Abogado. Especializado en Gestión Pública. Derecho Administrativo y Contractual
