Por. Jose Guillermo Claros Penna*
Austeridad, es la condición de ausencia de lujos, adornos y excesos que debe tener por finalidad establecerse como un valor fundamental y principio orientador del servicio público. Es vocablo que suele emplearse a menudo en la jerga económica y política, para referirse a la administración de los bienes y capitales bajo un criterio de escasez, es decir, gastando lo menos posible, como si los recursos fueran a acabarse en cualquier momento. A esto se le conoce como austeridad económica o austeridad financiera. En el servicio público la entendemosno sólo bajo la idea de “hacer más con menos”.
La RAE nos dice de ella, que lo austero es sinónimo de sobrio, moderado y sin excesos; por extensión, la austeridad se define como mesura, prudencia y templanza. Últimamente, la austeridad se ha vuelto en buena hora un tema central del debate público, discusión que surge, en gran medida, al constatar mediante balances y evaluaciones, que la pobreza y la precariedad siguen siendo tareas pendientes para vastos sectores de la población donde miles de personas carecen de lo básico, mientras existen gastos excesivos en áreas no prioritarias del gobierno, lo que marca un contraste pernicioso y perverso entre la necesidad social y el derroche administrativo, lo que obliga a replantear el gasto desde lo ético y lo político, en la verdad que lo cual no debe ni puede ser, ya que va en directo detrimento de los asociados.
La intención al aplicarla es combatir simultáneamente inequidad, desigualdad social, reorientar fondos superfluos hacia programas de salud, educación e infraestructura básica; en la verdad que la corrupción, al limitar los gastos discrecionales, las compras suntuarias y los contratos no esenciales, reduce las oportunidades para el desvío de fondos; y el dispendio de los recursos públicos, estableciendo controles más estrictos sobre el erario y así los presupuestos se convierten en mecanismo clave. A través de ellos, los Poderes públicos deben contribuir coordinadamente, aplicando medidas específicas para limitar gastos injustificados. El objetivo es reconducir esos ahorros a la atención de grupos históricamente vulnerados, a quienes, por elemental justicia, les corresponde disfrutar de la prosperidad compartida, cuyo objetivo es el crecimiento económico que se focaliza en aumentar los ingresos de los más pobres de la población, asegurando que el crecimiento beneficie a todos y no solo a unos pocos. Se trata de un modelo que combina el crecimiento económico sostenido con la equidad, reduciendo las desigualdades y promoviendo la inclusión social.
Tenemos que destacarnos por nuestra solidaridad, apoyo mutuo y ayuda entre pares para hacer frente a desafíos comunes; por lo que el sector público no puede ser ajeno a este espíritu que, en observancia de los principios constitucionales que rigen la administración de los recursos del pueblo, busca apalancar e impulsar una mejor calidad de vida para todos y de ello es de lo que se trata.
A la par de ello, es de tenerse en cuenta que las sendas rectoras de la administración pública, deben y tienen que ser portadores por su calidad democrática de los anhelos ciudadanos para sentar las bases del bienestar y convocarnos de forma contundente a instaurar y darle vigencia a una sana y transparente política de austeridad, que debe ser comprendida como la obligación de impulsar todas las medidas y acciones viables, desde la lógica administrativa, para brindar un mejor servicio en todos los campos, áreas y niveles, lo que de hecho implica optimizar procesos, adelgazar estructuras, digitalizar trámites, así como reasignar recursos para asegurar que cada peso invertido tenga un impacto directo en la reducción de los tiempos de espera para el ciudadano; todo lo cual, en expresa correspondencia con la afirmación severa y cierta que una austeridad inteligente indica que quien gasta mejor, gasta menos.
*Profesional en Ciencias Militares. Administrador de Empresas. Abogado. Master en Derecho Público. Candidato a Doctor en Derecho. Columnista.
