Por: Dinhora Luz Sierra Peñalver*

En la vastedad de la Guajira, donde el horizonte parece no tener fin y la tierra habla en una lengua que pocos escuchan, hay una dignidad que permanece de pie, a pesar del despojo. Esa dignidad tiene rostro femenino, clan, raíz, viento. Pertenece al pueblo wayuu, que habita ese confín septentrional del país, demasiado lejos del centro para ser oído, pero lo suficientemente cerca como para ser manipulado. Vivir allí, para muchas familias, no es simplemente habitar una geografía, sino resistir la idea de que su existencia se tolere solo como una nota al pie del relato nacional.

Hablar del abandono estatal en estos territorios no es nuevo. Se ha vuelto casi un lugar común en ciertos círculos políticos e intelectuales. Pero hay una diferencia entre nombrar una realidad y sentirla. Entre referirse a la exclusión como dato y asumirla como herida compartida. Y lo cierto es que, en el caso del pueblo wayuu, el Estado colombiano ha sido más bien una presencia fantasmal: aparece en forma de cédulas impuestas, campañas electorales, promesas sin memoria. Nunca como una garantía plena de derechos. Nunca como una presencia que escucha.

Una de las formas más crueles de exclusión es la que se ejerce sobre la infancia. Para un niño o una niña wayuu, el ingreso a la escolaridad formal supone no solo un paso hacia el mundo institucional, sino una forma de fractura. Allí, en la escuela diseñada desde paradigmas ajenos, se encuentran con un idioma distinto, con nombres que no les pertenecen, con apellidos transfigurados por funcionarios incapaces de pronunciarlos. Se

les enseña la historia de un país que rara vez los menciona, se les alimenta con una cultura que los mira con sospecha. Lo que debería ser un espacio de expansión y afirmación identitaria, se convierte en un ritual lento de borramiento.

El despojo comienza por el lenguaje. ¿Qué ocurre cuando el nombre propio es sustituido, cuando la lengua materna se calla, cuando el calendario impone fechas arbitrarias sobre nacimientos no registrados? Ocurre el silencioso genocidio de la memoria. Se instala una pedagogía del extrañamiento. La identidad indígena se convierte, desde la infancia, en una carga que es mejor dejar fuera del aula para poder “integrarse”. Pero ¿integrarse a qué?

¿A una ciudadanía en la que los servicios básicos son privilegio, y no derecho? ¿A una república que aparece cada cuatro años con promesas, pero desaparece cuando llueve? Porque hay, también, una memoria de la lluvia. Una lluvia que arrasa con los puentes mal construidos, que inunda las escuelas inacabadas, que desmiente la eficacia de los discursos oficiales. Una lluvia que revela, con brutal honestidad, la precariedad estructural que padecen los territorios indígenas. Y aun así, en medio de esa precariedad, persisten las redes familiares, las ceremonias, los tejidos, las trenzas. Persiste una ética ancestral de cuidado y reciprocidad que no ha sido comprendida por los modelos institucionales importados desde el centro.

No se trata únicamente de una ausencia del Estado. Se trata, más profundamente, de una presencia equivocada. Porque cuando el Estado llega, a menudo lo hace con formas de dominación simbólica: con estructuras burocráticas que no reconocen las particularidades de los sistemas propios; con políticas públicas construidas desde la verticalidad; con la obsesión de homogenizar, de registrar, de clasificar. Se les da papeles, pero no se les da justicia. Se les entrega escolarización, pero no educación intercultural. Se les concede “representación”, pero no voz.

Lo político, para las comunidades wayuu, no es un ejercicio de delegación cada cuatro años. Es un tejido constante entre palabra y territorio. Pero el poder institucional ha preferido traducir sus necesidades en cifras, sus reclamos en estadísticas, y su cultura en postal turística. La instrumentalización es doblemente violenta: primero se les margina, luego se les convierte en símbolo de diversidad. Y en ese gesto, se invisibiliza la urgencia real de su situación.

La mujer wayuu, por su parte, carga con una doble tarea: sostener la memoria de su linaje y proteger a su comunidad de las múltiples formas del olvido institucional. Es ella quien guarda la lengua, quien teje los relatos, quien acompaña los procesos de iniciación. Pero también es ella quien presencia, una y otra vez, cómo sus hijas deben aprender a nombrarse en un idioma ajeno, a firmar con un nombre prestado, a fingir una fecha de nacimiento para poder ser admitidas en un sistema que no las contempla. La violencia administrativa, cuando se ejerce sobre el cuerpo y el nombre de una niña, se convierte en un acto de colonización íntima.

Y sin embargo, hay resistencia. Una resistencia que no siempre grita, pero nunca calla. Que se expresa en la firmeza de quienes siguen pronunciando sus nombres verdaderos. En quienes se niegan a olvidar la historia contada por las abuelas, esa que no aparece en los libros de texto. En quienes siguen reclamando agua, educación, salud, no como favores, sino como lo que son: derechos. Y en quienes, desde la palabra y la dignidad, están enseñando al país que no hay futuro sin raíz.

Construir un país verdaderamente plural no significa tolerar la diferencia desde una mirada compasiva. Significa, más bien, repensar las formas de convivencia, reconstruir los pactos fundacionales, escuchar sin traducir, acompañar sin imponer. Y, sobre todo, implica una pregunta radical: ¿estamos dispuestos, como nación, a dejar de hablar de los pueblos indígenas y comenzar a hablar con ellos?

Mientras esa respuesta siga posponiéndose, habrá niñas y niños creciendo entre silencios, mujeres sosteniendo memorias en peligro, y territorios que viven, día tras día, la experiencia de un Estado que no sabe pronunciar su nombre.

*Abogada. Escritora. Analista. Columnista