Álvaro Beltrán Pinzón
Entre tanta confusión, desorientación y distorsión que se ha generado en el país por cuenta de la paulatina imposición de estrategias perniciosas que, apelando a la mentira, las falsas alarmas y al cinismo, han logrado encubrir, distraer o evadir responsabilidades frente al fraudulento uso del erario, también ha sido afectado el ejercicio vigilante de la crítica, tan esencial en una democracia.
La pérdida de referencias fundamentales, que sirvan como norte en la actuación pública, deriva en el descuido de la adecuada valoración de las cosas y en el desequilibrio de la ponderación que hace que una comunidad no termine extraviada en los errores en que puede verse implicada por acción u omisión. Ese estado de banalización de la corrupción al que se ha llegado permite que el cuestionamiento o denuncia de equívocos procederes, tal como corresponde a la obligación cívica en la preservación de lo público, sea desviado, degradado o minimizado hasta tratar de volverlo elemento del juego político en pro o en contra de alguna de las opciones partidistas. Otra astucia amañada que refuerza esa atmósfera creciente de impunidad y de connivencia con los males que aquejan a la sociedad.
La falta de credibilidad en las instituciones es preocupante y el país camina por el filo de la navaja que parece llevarlo a indeseables formas de autoritarismo, escondidas en propuestas populistas que lucen atractivas para ciudadanos incautos, víctimas de la desesperación y el miedo a los que han sido constreñidos mediante el engaño y la frustración. Sin embargo, no es saludable que desde los organismos de control se imponga la nefasta práctica del “tapen, tapen, tapen”, cual antídoto para evitar caer en un extremismo de izquierda.
Hay unos aspectos básicos en los cuales es imposible transigir o ceder. Esta vigencia de principios debe preservarse como un bien común, más allá de intereses de grupo, partido o ambiciones electorales. Sin esa armadura ética una sociedad no encontrará sustento en la vitalidad de la democracia, ni alcanzará la legitimidad para emprender las urgentes transformaciones de la política y el buen manejo de los asuntos públicos que se precisa.