Por: Ec. Mag. Omar Escobar
La reforma a la educación pasa por dos momentos. El primero, durante los debates en la Cámara de representantes, cuando todos aplaudían los puntos de la reforma, entre ellos, la universalización progresiva, la ampliación del ciclo prescolar, el derecho a la educación de adultos mayores, campesinos y víctimas del conflicto, entre otros. El segundo momento, viene justamente, dos meses después de salir de la Cámara de representantes y ahora enfrenta a la Comisión Primera del Senado, en donde las mayorías son de la oposición… y si o sí, a la Ministra de Educación, le toco sentarse a hablar y hacer ajustes como incluir en la evaluación docente, los resultados de las pruebas de Estado de los estudiantes, definir claramente el sistema de educación mixto (con el cual los privados pueden acceder a financiación pública) y eliminar el gobierno directo de los estudiantes en las universidades. Tres aspectos que, a la luz de la tan afamada reforma, no son sino aspectos normales para una reforma que aún sigue siendo pobre en materia de evaluación docente, porque el privilegio de los sindicalistas reina sobre la calidad educativa.
En el mundo contemporáneo donde, las competencias y habilidades, de cada sujeto juega un papel importante para aportar en la construcción de conocimiento, la autoevaluación, debería ser una conducta, un deber ético, no una imposición legal, sin embargo, es motivo de alarma en los sujetos mediocres.
Justo en este momento, no antes, se percatan sobre la creación de bonos escolares, sobre la Superintendencia de Educación, e interpretan de acuerdo a sus conveniencias, tanto que gracias a su poder asociativo, que no tenemos los padres de familia ni los de a pie, el sindicato llama a todos los sectores sociales a movilizarse, so pretexto “defender la educación pública como un bien común y derecho fundamental”, cuando en realidad, lo que temen es a la evaluación y por ende a su desvinculación del viejo sistema de pagos.
Fecode, justo ahora, revive y adorna su discurso: “la reforma es abiertamente neoliberal y regresiva”. La Comisión Primera, explícitamente lo dice: “Este descontento surge porque las directivas de Fecode no quieren que les sea evaluado su desempeño y han manifestado varias imprecisiones: la reforma aprobada no contempla la creación de bonos escolares, no reduce la educación a un servicio público esencial y tampoco limita el derecho a la huelga, además, no establece nuevos aparatos de inspección, vigilancia y control”.
Hoy la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación- FECODE-, al cesar actividades en las instituciones educativas, TRASGREDE EL derecho a la educación de los niños y niñas, jóvenes y adolescentes, sin que haya nadie ni una Superintendencia que evite pagar por los días no laborados y que repare a esa población.
Al menos, la ley contempla los primeros indicios de socavar el poder de los sindicalistas, más no de los trabajadores, y esperamos que esa Comisión Primera, sea el portavoz de los no sindicalizados. Aunque tal vez, los ponentes de la ley, busque ahora, otros caminos: retirar o hundirla. De ser así, los ponentes, darían una evidencia del compromiso con el sindicalismo, más no con la educación de calidad para las nuevas generaciones.
