Por: Saúl Alfonso Herrera Henríquez*
El derecho bien, mejor y superiormente encauzado, debe ser sin lugar a duda alguna, faro luminoso en el devenir de los pueblos constituidos y soportados en Estado Social de Derecho; dado que sin un fuerte arraigo de la convicción de respetar la ley, es imposible vigorizar como debe y tiene que ser la cohesión social, lo que obliga a los gobernantes, independientemente de su formación académica, a informarse para no incurrir en agravios a sus gobernados cuando de derecho se trata, ya que es el derecho tanto instrumento como herramienta que se ha venido perfeccionando con el tiempo, al menos teóricamente, en su noble, como loable y plausible propósito de tratar de corregir a la sociedad, que si perfecta fuera, inocua sería la normatividad.
Bien se sabe, en decir de avezados entendidos, que los ordenamientos jurídicos intentan y han intentado siempre mitigar los males del hombre que deterioran la convivencia social, por lo que se requiere y también se requerirá siempre, que sean personas virtuosas quienes elaboren las leyes y quienes se encarguen de hacerlas cumplir, lo cual debe estar compenetrado con los principios jurídicos fundamentales referidos al reconocimiento del libre albedrío, la existencia de conductas que pueden ser incorrectas y la posibilidad de concebir normas que protejan valores por consenso, manera mediante la que gobernantes y gobernados pueden diseñar conjuntamente planes y fijarse los objetivos mejores que a todos beneficien en los más de los sentidos, situaciones y consideraciones que fueren.
El derecho, tengámoslo en cuenta, es sentido común que sanciona a quien lo desobedece; de ahí que en la teoría jurídica se hable también de jerarquías; ley fundamental de la cual parte todo el sistema, por lo que debe ser breve, concisa, clara y sin ambages, para definir y garantizar en esencia los derechos humanos y la división de Poderes; ya que de las demás asignaturas se encargan las leyes ordinarias revestidas de igual obligatoriedad; razón por la cual no deben reflejarse asuntos que reflejen supina ignorancia, puesto que se corre el riesgo de convertir a la ley de leyes en un fetiche, lo que además de todo, perjudica en manera ostensible y perniciosa por demás.
Tenemos que siempre reconocer nuestra realidad con los claros propósitos de percibir sus consecuencias y la manera de superarlas, en la verdad que las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que manda o mejor nos dice que cuando hay claridad no se requiere interpretación, pero sí conciencia del deber; lo que entraña el propósito de superar y resolver los problemas para no caer en el fracaso. Impartir justicia y las instituciones encargadas de hacerlo no pueden ser frágiles bajo ninguna consideración; de ahí que el papel de juez sea de lo más delicado y difícil de desempeñar, toda vez que exige el dominio de diversas disciplinas y de una calidad humana definitivamente vertical, que de no ser así, constituiría lo cual la causa principal de deterioro del Estado de Derecho; por lo que las tareas más importantes radican en la procuración de justicia, lo que exige un proceso intenso de culturización que arranca con el ejemplo de los gobernantes; de ahí que concluir podamos, expresando que el derecho sirve, siempre y cuando todos tengamos la ética para cumplirlo, en la certeza que mejor nos irá como individuos y como sociedad. Así de simple.
*saulherrera.h@gmail.com Abogado. Columnista. Especializado en Gestión Pública. Derecho Administrativo y Contractual. Magister en Derecho Público.
