Por: Rafael Robles Solano *
Principian a surgir desde diferentes regiones de Colombia, reclamos crecientes por ahora, contra las políticas resultantes de los en su momento cuestionados T.L.C. Porque ya comienzan a sentirse las consecuencias aquellos Acuerdos en las políticas gubernamentales implementadas desde el I.C.A., como autoridad sanitaria y fitosanitaria del país, mediante resoluciones como la 970 de 2010, que en principio hacen parte de una serie de normas y medidas tomadas con el propósito de controlar las enfermedades transmisibles por semillas, así como sus calidades fisiológicas, física y genéticas de los cultivos. Lo único cierto es que el I.C.A., esta preocupado por los crecientes cuestionamientos contra las secuelas de la imposición de la Resolución 970, referidas al control técnico, la producción y comercialización de las semillas, distorsionando según la misma entidad, el fundamento de sus programas técnicos en procura de facilitar y garantizar la seguridad de los productos agrícolas.
El I.C.A., por su parte, preocupado por tantas críticas, expidió en su momento un comunicado intentando despejar las anotadas controversias, pidiendo a nuestros agricultores que prioricen la disposición actual en el uso de las denominadas semillas mejoradas genéticamente, conforme Resolución 3168 de 2015, sobre las semillas provenientes de siembras nativas, criollas o regionales, lo cual representa un duro golpe para para los campesinos en sus tradicionales cultivos, que no entienden, ni dimensionan por ejemplo, alcance de la Resolución 148 de 2005, que entre otros promueve y exige lo siguiente y cito textualmente: “Cuando un agricultor quiera reservar semillas producto de su propia explotación, para sembrarla para su propio uso, debe comunicárselo al ICA, indicando donde realizara el acondicionamiento de la respectiva semilla.”
Posteriormente el I.C.A., advierte que la citada Resolución de 2005, aplica solo para agricultores con explotaciones igual o menores de cinco hectáreas cultivables, sin embargo, la entidad pese a lo expuesto, sostiene que estas medidas, protegen a los pequeños agricultores (¿?), porque en ningún caso, les prohíbe sembrar semillas provenientes de sus cultivos nativos, porque no están cubiertos por el marco de la Resolución 970. Esta situación evidencia una clara contradicción de las directrices del I.C.A., por cuanto la mayoría de las siembras de los productos agrícolas de nuestros campesinos, corresponden a cultivos minifundistas, o sea, inferiores a las cinco hectáreas señaladas en la aludida Resolución.
El hecho cierto es que con las políticas restrictivas lideradas por el I.C.A., no solo se han decomisado, miles de cosechas y toneladas de semillas de cultivos diversos como algodón, papa, maíz, arroz, frijol, cebada, arvejas, habichuelas y pastos (fuente: Revista Semana, agosto de 2013). Lo anterior configura una clara criminalización sobre la producción agrícola de nuestros campesinos y una evidente privatización de los mismos en favor de las empresas foráneas, forzando a que nuestros agricultores solo puedan utilizar semillas registradas y certificadas, cuando estas, solo son explotables por una cosecha, lo cual obliga a tener que estar acudiendo a las multinacionales que controlan su comercialización, tal y como también acontece ya con los insumos, fertilizantes y plaguicidas necesarios para facilitar y obtener cultivos rentables.
Como consecuencia de los T.L.C., la producción agrícola, la tradicional vocación campesina (y de paso también la ganadera), tienden a desaparecer frente a los embates de la privatización señalada, hasta el punto de que ahora importamos semillas y productos agrícolas que en el pasado eran nativas de nuestras tierras.
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*Rafael Robles Solano. Secretario Ejecutivo Lideresocial - Investigador Social - Consultor Legal. Correo: lideresocial@hotmail.com
