Por: Saúl Alfonso Herrera Henríquez*
Cobre especial relevancia que cada día y cada vez más se viva más en las zonas urbanas, marcadas hoy más que nunca por la pérdida, infortunadamente de áreas verdes, asentamientos en zonas de riesgo, ordenamiento deficiente y segregación espacial, desafíos que exigen repensar cómo concebimos y habitamos nuestros entornos urbanos, lo que llama a correcciones de fondo en contexto de medio ambiente y calidad de vida, más por cuanto debe y tiene que ser un imperativo garantizar que todas las personas tengan acceso a una vivienda adecuada y que territorios en general y ciudades en particular se desarrollen de forma inclusiva, planificada y sostenible, lo que obliga anticipaciones, responder a la crisis urbana y en lo posible y probable girar en torno a la capacidad de ir más allá, coger la delantera y estar preparados ante las emergencias que a este tenor marcan nuestro tiempo.
Panorama este que marca la necesidad de una adecuada planificación urbana que no debe ni puede seguir siendo fragmentada ni reactiva, y convertirse lo cual, en consecuencia, en una estrategia que enfrente las necesidades cotidianas, así como las inequidades y las desigualdades estructurales. No basta con construir infraestructura; puesto que es necesario ordenar el crecimiento, asegurar el acceso a vivienda, servicios, y evitar la segregación que empuja a millones a vivir en la periferia sin oportunidades de ninguna clase.
Fundamental como esencial en esto la participación comunitaria activa, ya que son los integrantes de la comunidad las personas quienes mejor conocen las necesidades y vulnerabilidades de su territorio, de su hábitat, de su entorno; de ahí la importancia de escuchar y empoderar a los habitantes para marca la diferencia entre soluciones sostenibles y políticas que fracasan antes de empezar; además de centrarse la atención en las personas que enfrentan los impactos más severos como son las familias en asentamientos informales, comunidades periféricas y poblaciones históricamente marginadas y definitivamente mayormente vulnerables.
Interesa impulsar frente a lo cual, sinnúmero de programas integrales que atiendan con diligencia y de forma directa los desafíos urbanos y sociales. Entender que la vivienda debe dejar de ser apenas un bien para convertirse en un derecho; que los programas sociales deben ser y estar para robustecer la calidad de vida; y los proyectos de mejoramiento urbano y movilidad, buscar cerrar las distancias en servicios, infraestructura y oportunidades, tazón por la que deba trabajarse para que todas las comunidades sin excepción ejerzan su derecho a la ciudad, reconociendo su identidad y defendiendo sus tradiciones.
Concierne definir programas de vivienda para el bienestar de la gente, reflejar nuevas visiones de desarrollo territorial centrado en las personas de manera sostenible y comprometidos con reducir inequidades y desigualdades estructurales. No se trata sólo de construir viviendas o infraestructura, sino de edificar ciudades capaces de resistir y adaptarse, donde cada acción pública tenga como trasfondo el bienestar colectivo.
El reto es construir territorios justos y resilientes, no como un ideal, sino como una responsabilidad compartida como distribución de responsabilidades entre dos o más personas o entidades para lograr un objetivo común, donde cada parte asume su parte y contribuye al resultado, concepto que aplica a diversas áreas, como las tareas del hogar, el trabajo en equipo, con base en la colaboración mutua y la rendición de cuentas por el trabajo realizado, en lugar que la responsabilidad recaiga únicamente en una sola persona o entidad. Además, además de recordarnos siempre, de manera permanente, que con planificación inclusiva, participación ciudadana activa y enfoque en quienes más lo necesitan, bien y mejor podrán transformarse los territorios, sean cuales fueren, en ejes, en motores de inclusión y oportunidades, donde nadie se quede atrás. De eso se trata y por ello hay que luchar.
*Abogado. Analista. Columnista. Especializado en Gestión Pública. Derecho Administrativo y Contractual. Candidato a Magister en Derecho Público.
