Por: José Manuel Herrera Brito*
Las ciudades, sí o sí requieren de adecuados niveles de interacción entre lo nacional y lo local, necesarios para abordar las problemáticas urbanas lo mismo que de estrategias que apoyen claramente este propósito, lo que impone priorizar el impulso al trabajo asociado entre las entidades territoriales, sentido en el cual el Gobierno Nacional debe incentivar el uso eficiente y para los propósitos de la política fortalecer asociaciones en esa dirección, buscando siempre privilegiar aquellas que se adapten mejor al tipo del problema o los problemas específicos a enfrentar.
La intención es poner a disposición de las ciudades un conjunto amplio de herramientas y de incentivos para su uso (financieros, de delegación de funciones, de cofinanciación, etc.), para apoyar el desarrollo de proyectos supramunicipales o subregionales, que sean un paso inicial en la conformación de asociaciones, regiones de planificación, distritos para un solo propósito o cualquier forma de trabajo asociado.
Una política de fortalecimiento implica una forma renovada de intervención del Gobierno nacional en el territorio, que permita la coordinación entre las entidades y programas del nivel nacional, así como con las políticas de las ciudades y regiones. Una política que debe partir de una visión completa y articulada del territorio nacional y de su ordenamiento, que reconoce y valora la importancia y la diversidad para competitividad y la prestación de servicios en el país.
Esta forma de intervención implica transformar una cultura institucional muy arraigada en las entidades públicas que tiene un marcado sesgo sectorial que homogeniza el territorio, haciendo caso omiso de las particularidades regionales y de la multiplicidad de actores que intervienen en su desarrollo. Para este efecto es necesario desarrollar políticas nacionales diferenciadas por regiones de acuerdo con las condiciones de desarrollo y las apuestas productivas de cada región, así como de las características específicas de su población. Políticas que parten de reconocer que en el desarrollo en general y urbano en particular intervienen un conjunto muy amplio de factores (geográficos, demográficos, productivos, etc.) que solo pueden ser abordados a través de programas y proyectos que se prolongan en el tiempo, estableciendo metas concretas a alcanzar en cada período; sentido en el que es necesario priorizar y ser estratégico en las actuaciones concentrándose en los componentes que tienen mayores posibilidades de producir impactos reales en el desarrollo económico y en la calidad de vida de las comunidades urbanas.
Consideraciones las dichas que implican con claridad la necesidad que el Gobierno Nacional trabaje coordinadamente con las entidades locales y regionales, pues su concurso es absolutamente indispensable para lograr los objetivos propuestos, ya que solamente en la medida en que se identifiquen y adopten objetivos comunes a las entidades nacionales y las de las entidades territoriales en los diferentes campos del desarrollo (Económico, social, territorial, cultural), se podrán poner en marcha las estrategias de actuación propuestas.
Obliga lo expuesto, reconocer la importancia del trabajo coordinado de los múltiples actores involucrados en el desarrollo urbano; públicos de los diferentes niveles, asociaciones, instancias de trabajo asociado como los comités de competitividad, académicos como los centros de investigación y comités empresa- universidad, entre otros); por lo tanto, se debe partir de la base que la nación y las principales ciudades estén convencidos de su importancia y de las ventajas que para todos podrá traer su puesta en marcha; el sector privado deberá sumarse a esta iniciativa que busca el incremento del desarrollo competitivo regional y nacional; la academia y otras fuerzas de las ciudades deben ver en su desarrollo motores importantes de progreso, de equidad e inclusión social; de manera que el proceso de puesta en marcha de la política debe tener como propósito principal, sumar fuerzas para ir concretando los postulados básicos y las líneas de acción que se proponen en trabajo directo con los interesados.
Tres deben ser en consecuencia los tipos de actuación, a saber: – La adopción institucional de la política y de los principales programas y proyectos para su puesta en marcha para su fortalecimiento, en el cual se adopten los elementos centrales de las propuestas que enmarcan el trabajo de las entidades nacionales en el tema. -La difusión de las bases y propuestas de la política ante las instancias nacionales y territoriales, públicas y privadas para lograr su conocimiento y discusión por parte de los diferentes actores que podrían participar en su ejecución y mostrar el interés de la Nación en su puesta en marcha. Esta difusión incluye encuentros con los principales actores identificados a través de presentaciones, seminarios, encuentros regionales, conversatorios y publicaciones sobre el tema. -El apoyo a la gestión asociada a través de la creación de un banco de buenas prácticas que permita compilar las experiencias nacionales e internacionales sobre los temas tratados, así como la coordinación con otros programas nacionales, con el fin lograr un desarrollo más rápido y efectivo de los programas y proyectos propuestos.
