Por: Luis Gilberto Ramírez Calle*

La conformación como derecho fundamental de la buena administración pública es una relevante manera de subrayar el papel central del ciudadano en todo lo referente al manejo y conducción de los asuntos relativos al interés general. Tal derecho es configurado en atención a la equidad, a la imparcialidad a la responsabilidad, a la transparencia y al plazo razonable en la resolución de los expedientes. Por tanto, la administración parcial, inequitativa, opaca, irresponsable y lenta es mala administración.

En este sentido es lógico que la negligencia en el manejo de los fondos públicos tenga efectos más allá de la responsabilidad política. Que el reproche sea penal o administrativo dependerá seguramente de la relevancia y magnitud del ilícito cometido. Estas conductas no deben quedar impunes y los gestores públicos deben poder realizar su tarea con diligencia, conscientes de que los fondos públicos son sagrados y de todos los ciudadanos, no recursos económicos sin dueño o, lo que sería peor, al servicio del gobierno y políticos de turno.

La mala administración, en cabeza y boca de todos por la carrera desenfrenada de negligencia e irresponsabilidad surgidas en su devenir, afecta la equidad e imparcialidad que deben presidir la actuación de los poderes públicos, sobre todo, de quienes los dirigen. La equidad es una propiedad del buen gobierno, de la buena administración, que supone implantar justicia en la toma de decisiones. Cargar el peso de la crisis económica sobre los más débiles y los más pobres es una política pública inequitativa. En cuanto a la imparcialidad, se impone establecer normas que impidan conflictos de interés por pequeños que sean.

En lo atinente a la transparencia y acceso a la información de interés general importa que estas reglas estén en todas las instituciones que manejen fondos comunes, así como concesionarios y ONG que reciban por algún concepto recursos públicos. Mientras se tolere o permita opacidad, oscuridad, sombra o ambigüedad en estas cuestiones, la calidad de la vida democrática seguirá siendo un fiasco.

De otra parte, es de señalar que, si en la cultura política y en la educación cívica cunde la idea de que la rendición de cuentas y la transparencia no son sólo obligaciones de los dirigentes, sino derechos de los ciudadanos, el cambio habrá comenzado. Si, como hasta hora, estas materias son planteadas desde el vértice, con las excepciones concedidas a la tecno estructura, continuaremos por la mala senda de siempre.

Si, por el contrario, se aspira a subrayar la centralidad del ser humano y se difunde sin miedo que el ciudadano es el verdadero señor y soberano en la democracia, muchas cosas tendrían que empezar a ser planteadas desde estos postulados. Este es el cambio que precisamos. La indignación general ante tanto desmán y ante tanta negligencia reclama un cambio cultural en el que realmente quede claro que el dueño y señor del poder es el pueblo, y los políticos administradores de lo que es de todos.

*Luis Gilberto Ramírez Calle. General (r) Ponal. Administrador. Asesor y Consultor en Seguridad, Inteligencia y Defensa Nacional. Abogado. Especializado en Derecho Administrativo