Por: Miguel Enrique Bayter Bayter*

El decreto de emergencia económica llegó como llegan casi todos los decretos de este gobierno: cargado de grandilocuencia, urgencias inventadas y una prosa que pretende reemplazar la realidad por la voluntad. Pero entre cifras dudosas y facultades desbordadas, un detalle, aparentemente menor, pero profundamente revelador, se robó la escena: el ministro de la Igualdad firmó como “La Ministra”.

No es un error tipográfico. Tampoco una travesura administrativa. Es, por el contrario, una declaración política. Una afirmación ideológica estampada con tinta oficial. Y, como toda declaración de poder, exige ser examinada.

Porque el Estado no es un diván psicológico ni el Diario íntimo de nadie. El decreto no es un ejercicio de autoafirmación ni una sesión colectiva de validación emocional. El derecho público descansa, o debería descansar, sobre categorías objetivas, verificables, compartidas. No sobre percepciones íntimas ni sobre estados de ánimo identitarios.

Una cosa es cómo alguien se percibe a sí mismo, territorio sagrado, personalísimo e intransferible, y otra muy distinta es cómo lo percibe la sociedad y, sobre todo, cómo lo reconoce el orden jurídico. Confundir esos planos no es progresismo: es desorden mental institucionalizado.

El problema no es semántico. Es político. Cuando un funcionario decide que su autopercepción debe convertirse en norma administrativa, está diciendo algo más grave: que el Estado debe adaptarse al individuo y no el individuo al Estado de Derecho. Que la ley no describe la realidad, sino que la reescribe según la sensibilidad del día.

Y ahí empieza la pendiente resbaladiza.

Porque hoy es una firma. Mañana será un formulario. Pasado mañana, una sanción. Y, finalmente, un delito de pensamiento para quien ose llamar a las cosas por su nombre. Así nacen las ortodoxias: no a golpes, sino a decretazos suaves, envueltos en el lenguaje edulcorado de la inclusión.

La democracia liberal se funda en una idea elemental que hoy parece escandalosa: la mayoría gobierna, respetando los derechos de la minoría, pero sin someterse a su agenda. Respetar no es obedecer. Proteger no es rendirse. Garantizar derechos no implica aceptar que una minoría redefina el lenguaje, la biología, el derecho y la administración pública a su antojo.

Cuando una minoría pretende imponer su cosmovisión como dogma obligatorio, deja de pedir respeto y empieza a exigir sumisión. Y ningún Estado serio puede funcionar bajo chantaje emocional.

La igualdad ante la ley no consiste en borrar las diferencias reales, sino en que esas diferencias no otorguen privilegios simbólicos ni excepciones jurídicas. El decreto no es el lugar para ensayar revoluciones culturales. Mucho menos para forzar al país entero a participar en una ficción colectiva.

Es necesario afirmar con crudeza, aun cuando puede causar irritación, que el lenguaje es el primer campo de batalla del poder. Quien controla las palabras, controla la discusión. Y quien controla la discusión, termina controlando la ley.

Por eso este asunto no es anecdótico. Es sintomático. Revela un gobierno más preocupado por la corrección ideológica que por la corrección jurídica; más atento al aplauso de nicho que al respeto de la mayoría silenciosa que todavía cree que el Estado debe ser serio, sobrio y neutral.

El decreto pasará. La firma quedará. Y con ella, la pregunta incómoda que este gobierno no quiere responder: ¿Gobiernan para todos los colombianos o solo para quienes aplauden más fuerte?

Porque una cosa es la identidad personal. Y otra, muy distinta, es el poder público. Y confundirlas no es inclusión, es abuso.

 *Abogado. Escritor. Analista. Columnista