Por: Sergio Cardozo*
Existe una actitud cada vez más frecuente en la construcción comercial de gran escala: entender el terreno como un recurso exclusivamente privado y el proyecto como una operación cuyo límite termina, prácticamente, en la línea de propiedad.
Desde esa perspectiva, el edificio ocupa, utiliza y transforma el suelo buscando obtener el máximo aprovechamiento posible. Sin embargo, pocas veces la operación se plantea desde una pregunta igualmente importante: ¿qué le devuelve este proyecto a la ciudad y, particularmente, a los vecinos que tendrán que convivir con sus efectos, y muchas veces defectos? ¿Realmente se hace ciudad construyendo edificios?
La construcción de un edificación de grandes dimensiones no es un acontecimiento aislado. Su aparición modifica el movimiento de las personas, el tráfico, las condiciones ambientales, las visuales, la presión sobre los servicios, la relación con el espacio público y, en muchos casos, la propia identidad de un sector. Los vecinos soportan durante largos meses —y después durante décadas— las consecuencias de una transformación que, económicamente, beneficia principalmente al propietario y al promotor pero que castigará la calidad urbana y la posibilidad de que esta nueva intervención arquitectónica sea parte de un tejido ciudadano amable y respetuoso incorporado funcional y estéticamente al vecindario.
Aquí aparece una cuestión de equilibrio.
No se trata necesariamente de cuestionar el derecho de un propietario a desarrollar su terreno ni de negar la legitimidad de una inversión privada. Se trata de reconocer que la ciudad no está compuesta por parcelas independientes, sino por relaciones. Cada edificio participa de un tejido urbano existente y, al hacerlo, consume infraestructura, espacio, movilidad, paisaje y recursos colectivos.
Por eso resulta razonable preguntarse si una operación inmobiliaria de gran escala debería limitarse a cumplir las exigencias mínimas de la normativa o si, además, debería asumir una responsabilidad voluntaria e incluso normativa frente al entorno que lo comienza a albergar.
No se puede, en aras de mejorar una fachada o conseguir provecho particular, pavimentar media calzada frente al edificio en espera que la ciudad les complete la otra parte; o tomarse las vías de acceso al barrio como zona de trasiego de materiales de obra permanente o convertirlas en la extensión de área de labores; o reducir el tamaño de los andenes y aislamientos existentes para ganar metraje y utilidades en su proyecto; etc.
También sería razonable preguntarse cuál es la responsabilidad normativa de las curadurías y de los entes de la ciudad que otorgan los permisos de servicios públicos para la construcción de grandes «moles» de concreto que no benefician sino el aprovechamiento a ultranza del mayor número de metros cuadrados vendibles, sin respetar o ni siquiera compensar con una liberación de una esquina, un pequeño parque para los niños, un sitio seguro y limpio para llevar las mascotas, o un alero que defienda de la lluvia o del sol al transeúnte.
Una cesión de terreno para espacio público, una plaza abierta, un jardín accesible, una conexión peatonal, una ampliación de andenes, un espacio de encuentro o incluso una infraestructura que pueda ser utilizada por la comunidad pueden representar mucho más que una simple pérdida de área rentable. Pueden constituir una aportación al tejido urbano y mayor calidad de vida citadina.
El problema aparece cuando cada proyecto intenta apropiarse de la mayor cantidad posible de suelo y de los recursos espaciales que lo rodean, que además han sido sufragados por los habitantes anteriores, mientras que la comunidad queda únicamente con las externalidades de la operación: más tránsito, más presión sobre las calles, más demanda de servicios, menos espacio libre y, en ocasiones, una ciudad progresivamente más cerrada y privatizada.
Entonces surge una paradoja: se construye ciudad sin necesariamente construir urbanidad. Un edificio puede ser técnicamente correcto, económicamente exitoso y legalmente aprobado, y aun así contribuir muy poco a la calidad urbana de su entorno. La cuestión de fondo no es cuánto puede construirse en un terreno, sino cuánto puede aportar un proyecto a la ciudad además de aquello que obtiene de ella.
Tal vez necesitamos recuperar la idea de que la propiedad privada forma parte de una estructura urbana colectiva. Que desarrollar un terreno implica también relacionarse con quienes viven alrededor. Y que, cuando la escala de una intervención es suficientemente grande como para modificar las condiciones de un sector entero, también debería crecer proporcionalmente su responsabilidad frente a ese sector.
No se trata de pedir generosidad a los constructores, no la conocen. Se trata de plantear un principio de reciprocidad: si un proyecto obtiene un beneficio extraordinario de su localización y de la transformación del territorio, debería existir también una responsabilidad proporcional de devolver o aportar algo al territorio.
Construir debería significar también hacer ciudad, no solamente ocupar un terreno, ni hacer edificios inconexos con el entorno, el clima, sus habitantes y servicios. En nuestras ciudades donde la planificación y los controles normativos brillan por su ausencia, es un deber que recae en el constructor que se beneficia y que termina creando una ciudad informe, inamena y sin escala humana con cientos de metros alinderados con el borde límite del terreno, y alturas perpendiculares sobre los andenes de hasta veintitantos pisos , sin hablar siquiera de las alturas sobre la playa sin los retrocesos o los aislamientos constructivos, ni al menos con las distancias ordenadas por las entidades costeras para su propia protección.
Porque una ciudad equilibrada no puede construirse únicamente acumulando metros cuadrados privados. También necesita espacios compartidos, continuidad urbana, lugares de encuentro, áreas libres y oportunidades para que, quienes habitan la ciudad puedan disfrutarla.
*Arquitecto. Analista. Columnista
