Álvaro Beltrán Pinzón

Álvaro BELTRÁN PINZÓN

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A falta de un catastro actualizado, y con el propósito de dar cumplimiento al mandato constitucional según el cual todos los colombianos tienen derecho a acceder a servicios públicos domiciliarios, el País ha venido aplicando desde 1994 la división espacial del territorio en seis estratos, para propiciar, conforme a criterios de redistribución de la riqueza, que los ciudadanos más pudientes asuman un sobrecosto en beneficio de los habitantes de zonas deprimidas. Esta categorización se hace a partir de las características de la fachada de la vivienda, su entorno inmediato y el contexto urbanístico, sin considerar la situación socioeconómica de los ocupantes del predio objeto de la determinación tarifaria.

Con el correr del tiempo, la estratificación se ha utilizado también para calificar a los habitantes de los diferentes sectores, con miras a asignar emolumentos asistenciales, definir costos de matrícula en instituciones educativas, evaluar créditos bancarios, etcétera, hasta llegar a convertirse en factor de referenciación social y cultural de las personas en forma, por demás, discriminatoria y arbitraria.

Sin embargo, estudios realizados en 2014 por la Universidad del Rosario para el Distrito Capital de Bogotá, demuestran que los descuentos tarifarios no han contribuido con el objetivo de disminuir las desigualdades, ni tampoco los niveles de precariedad. Además, reciente informe de Fedesarrollo revela que al menos el 60% de los subsidios que hoy otorga el Estado, en monto cercano a los $60 billones, recae en individuos que no deberían ser destinatarios de dichas ayudas. La subvención a los servicios públicos, que representa el 0.5% del PIB nacional, beneficia en un 81% a población no pobre.

Se hace indispensable que los recursos que el País arbitra para subsanar condiciones de vulnerabilidad lleguen efectivamente a personas que los necesitan. Convendría acoger la recomendación de Fedesarrollo, en el sentido de depurar y acelerar la implantación del Sisbén IV, para que sea el único mecanismo de focalización de subsidios; eliminar el estrato socioeconómico como instrumento de selección de beneficiarios; y abolir la segregación que se da en nuestra sociedad a partir de una segmentación espacial propiciada por el mismo Estado.

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