Por: Ricaurte Losada Valderrama
La justicia es un bien supremo, un fin esencial del Estado, una necesidad imperiosa, un requisito indispensable de convivencia y un valor superior. Al contrario, la injusticia genera ilegitimidad del Estado, desequilibrios, desazón, inarmonía, confusión y conflicto y, en un mayor estadio, violencia y guerra. Por ende, entre los males de la sociedad colombiana este es uno principalísimo.
Después de varios intentos llevados a cabo antes de la Constitución vigente, así como luego de ella, los problemas angustiantes de la justicia no se han solucionado. Al contrario, se han agravado, en razón a que las decisiones políticas en unos casos, no lo han permitido y, en otros, la Corte Constitucional ha declarado inconstitucionales las reformas en materia de justicia.
Por eso, la primera decisión que al respecto debe tomarse, es hacer posible la enmienda indispensable, de pronto y sólo a través de una asamblea constituyente, entre otras razones, porque el Congreso difícilmente se despoja de sus atribuciones.
El Gobierno del presidente Iván Duque presentó el año pasado un proyecto con reformas esencialmente adjetivas, que aun así no se aprobó y que no resolvían la mayoría de los problemas de fondo de la justicia, entre otros motivos porque siempre se busca consensuarla con la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, cuando a estos organismos hay que escucharlos para conocer su opinión y aprovechar su conocimiento y experiencia, conveniente y necesaria para conseguir una pronta, recta y cumplida justicia, pero no para acordarla con ellos, en razón a que no van a ser partidarios de que se les supriman prerrogativas y privilegios.
Son siete las urgentes e inaplazables reformas constitucionales que se le deben introducir a la rama Judicial y a la administración de justicia: ponerle límites al poder de la Corte Constitucional, determinar en la Carta Política su dirección y administración, suprimir las funciones electorales de las cortes y del Consejo de Estado y asignarles juez y controles reales, racionalizar el uso de la tutela, fortaleciéndola, no limitando sus alcances, quitarle la función judicial al Congreso y establecer también límites al poder desbordado y sin controles del fiscal general de la Nación.
Sobre la necesidad de establecerle límites al poder de la Corte Constitucional, cuyas decisiones han despertado preocupación y hasta ira, con muy suficiente razón debido a sus excesos, contradicciones y vías de hecho, con lo que el Estado de derecho está siendo fracturado desde la misma cúspide de la rama Judicial.
Es indispensable sacar al país de la encrucijada en que se encuentra por sus excesos y, por ende, presa de ella. Hay bloqueo constitucional generado por la Corte, que se ha atribuido competencias de poder constituyente y de legisladora y por la adopción, mediante órdenes, de decisiones ejecutivas, todo lo cual conlleva vías de hecho, sin que nada pase, dejando en muy poco el Estado de derecho, del que tanto generalmente nos ufanamos, todo lo cual imposibilita las reformas, hace que el Congreso tenga menos justificación y que el Ejecutivo esté amarrado a la voluntad de quien tiene sólo la misión de velar por la integridad y supremacía de la Carta Política, en los precisos términos que ella le establece.
Contemplaba el proyecto del año 2018 que la coordinación, el gobierno y la administración de la rama Judicial, la ejercieran la Comisión Interinstitucional, la Dirección General, compuesta por un Consejo Directivo y un Gerente y por la Comisión de Carrera Judicial.
No hay duda que para Colombia conseguir justicia es una prioridad fundamental y sinónimo de paz, para lo cual, ante todo, se requiere despolitizar los principales organismos de la rama Judicial, suprimiéndoles las funciones electorales, ajenas a la actividad propia del juez, que constituyen un problema estructural de la administración de justicia, debilitando la independencia judicial, pero también hay que hacer que sus magistrados sean seleccionados mediante estricto concurso público de méritos, así como establecerles juez real, para que en verdad sean responsables por sus delitos y faltas disciplinarias, fiscales y administrativas.
Entonces, está evidenciado que los intereses creados por los poderes constituidos, en este caso, por la cúpula de rama Judicial, no permite a través del Congreso la realización de las enmiendas que requiere la Carta, menos ésta, tan urgente de la reforma a la justicia, mucho menos concertada con quien tiene interés directo en que la situación de privilegio y, por ende, de impunidad y de falta de sanción en algún sentido se mantenga. Así lo ha defendido públicamente.
Por vivir el país lo que no es exagerado denominar dictadura judicial en la cumbre y encontrarse la justicia carcomida por la corrupción y la politización, el derecho se aplica de manera desigual, selectiva y caprichosa, de acuerdo a intereses de distinto orden y a circunstancias de poder, conveniencia y coyuntura.
Además, la función legislativa, radicada formalmente en el Congreso, se ha trasladado, en buen grado, a las ramas Ejecutiva y Judicial.
No cabe duda que lo más distante que debe estar de la política es la justicia. Por eso, al Congreso hay que quitarle la función judicial, intento que, aunque tenue, ya se hizo remplazando la Comisión de Acusación de la Cámara por una Comisión de Aforados, buscando que hubiera juez real para los magistrados, pero esta decisión fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, utilizando de manera exagerada y hasta arbitraria la tesis de la sustitución de la Constitución.
Y el poder desbordado y sin controles del fiscal general de la Nación, sólo se resuelve asignándole también juez real.
A nivel constitucional, por lo menos estos cambios hay que hacer sin más dilaciones, pues los colombianos no podemos ser tan caraduras, dejando sin respuesta efectiva casos de tanta corrupción y tan degradantes como el cartel de la toga.
Pero claro, la lucha debe ser frontal contra toda la galopante corrupción.
