Por: José Manuel Herrera Villa*

La justicia social, la justicia entre los hombres, demanda que en el saber que todos los humanos somos miembros de una misma especie, debemos ser en consecuencia considerados como iguales en derechos, a pesar de tener diferentes capacidades naturales. Es un muy importante objetivo del desarrollo sostenible. La requerimos a diario, pero sin efectos valederos. Cobra sí vigencia en los momentos de la política electorera, para después perder credibilidad y atención en la práctica. No se pondera, como tampoco se potencia ni impulsa su valor en ambiciones del progreso, tales como reducir la pobreza y la desigualdad, impulsar la inclusión, la equidad y proteger el medioambiente, entre otras muchas necesidades humanas. Aspectos que exigen instrumentar la acción de todos a través del ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, para crear así un válido sistema de gestión sostenible que garantizar pueda el equilibrio entre los intereses para crear rentabilidad y valor social compartido, en la realidad que una cruzada de derechos sostiene una economía de derechos.

Elevar la responsabilidad de todos hacia la justicia social como habilitadora del progreso, exige una transformación tridimensional: esto es digital, inclusiva y ambiental, que impacte directamente en la productividad y la competitividad, así como en el bienestar social. Una transformación, estratégica y moral, que soporte y construya alianzas entre los negocios y la población de bajos ingresos en mutuo beneficio, al tiempo que apunte a generar un modelo de empresas sostenibles, grandes, medianas o pequeñas, que optimicen su conocimiento y capacidad técnica para expandir su cadena de valor hacia la población más vulnerable como un grande objetivo estratégico.

Impulsar esta transformación implica acelerar la inclusión digital, conectar directamente empresas y la población que más sufre la brecha digital, con especial atención en las mujeres, adultos mayores, minorías raciales y étnicas, personas en situación de discapacidad y poblaciones rurales con bajos ingresos. Crear una red que estimule esta inclusión representa la oportunidad de integrar una nueva fuerza laboral para desarrollar, de manera remota, un trabajo decente que estimule el aprendizaje digital, la creación virtual y el emprendimiento. Toda intervención social responsable integra el factor ambiental como estándar fundamental de sostenibilidad.

Una bien cimentada cultura de trabajo eco-eficiente garantiza resultados económicos con un balance ambiental positivo. La condición para el éxito de esta transformación es equilibrar la gestión transaccional cortoplacista, con la visión del impacto social de su ecosistema. El justo equilibrio de los intereses empresariales y sociales garantizan la sostenibilidad del sistema productivo y comercial, que lejos de ser altruismo o caridad filantrópica, es un acto de lógica económica y sentido común. Invertir en justicia social desde los particulares no es sustituir la obligación positiva del Estado de ser su garante, pero sí crear un propósito común que integre destreza tecnocrática y consenso político para llevar la justicia social a la acción, camino que inspire generar una sociedad igualitaria, inclusiva y responsable, por encima de mezquindades. *Profesional en Administración y Finanzas. Especializado en Auditoria integral

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