Desde el pasado 28 de abril de 2021, Colombia fue tomado por los violentos y la violencia en sus más diversas formas, en sus principales ciudades Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, bajo el argumento de un Paro Nacional que pedía el retiro de la Reforma Tributaria, presentada por el presidente Iván Duque al Congreso

De esa fecha hasta hoy, han pasado un poco más de 15 días, dejando como resultado, al menos 42 personas muertas, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, al tiempo que miles de ciudadanos y uniformados (700) han resultado heridos.

El país y el mundo ha visto en vivo en directo, enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública, lo que colocó a Colombia en la primera plana de los medios de comunicación y en la mira de la comunidad internacional.

En medio de este escenario, el Jefe de Estado –acompañado de su Gabinete – sin los Ministros de hacienda Alberto carrasquilla y la Ministra de Relaciones Exteriores Claudia Blum, a quienes les acepto su renuncia, inició un diálogo como el Comité del Paro Nacional, que hasta el momento; no ha obtenido resultado positivoEn palabras del Comité del Paro no se trata de dialogar con el Ejecutivo sino de negociar. EL DERECHO estableció que su petición es larga, ambiciosa y costosa. De entrada, propone cambios en la estructura del Estado y en el Plan de Gobierno de la actuad administración, qué bajo el análisis de sectores ciudadanos, políticos y gremiales, es casi imposible de cristalizarse.

En lo que sí parece existir un consenso en la calle y en las altas esferas del Gobierno, es que se podría colocar en marcha soluciones inmediatas con la rebaja del costo de los peajes, la regularización de las tarifas de contratación para los camioneros. Crear incentivos para la universidad privada, estimular los subsidios a las microempresas y al sector rural. También promover mecanismos de transparencia.

La protesta social está inspirada en la alta desigualdad entre los colombianos (estratos 1 al 6), la militarización de las marchas y la falta de resultados en el proceso de paz con las FARC, a pesar de alcanzar representación `política en el Congreso. Todo en medio, de una disidencia de la guerrilla, con nexos con los carteles de la droga.En departamentos como Bolívar, Tolima, Nariño, Cauca y Putumayo, sus habitantes denunciaron a EL DERECHO la amenaza de la presencia sistemática de la violencia, a través de pequeños grupos, que buscan a como dé lugar controlar las rutas del narcotráfico, apoyados por pequeños grupos, que se resisten a actuar bajo la ley y respetar la Constitución de 1991.Lo observado en las dos últimas semanas en las calles de Cali –capital del departamento del Valle del Cauca – que por historia es epicentro de fuerte actividad empresarial, al punto que es sede de la Alianza del Pacifico –bloque económico de este lado del mundo-, la derecha y la izquierda se tranzaron en un enfrentamiento que se fue a las vías de hecho. Incluso, con armas. Es decir, sigue vive la estigmatización de la raza, la posición social qué llevada a la economía, se traduce en odio. “Un hecho muy peligroso,”, dicen sectores académicos consultados por EL DERECHO

El problema es de tal magnitud en Bogotá y Cali, que quienes se dicen llamar resistencia frente al estado, no solo está armados, sino que en los últimos 15 días se convirtió en una forma vida. “Tienen anillos de seguridad, cadena logística, de abastecimiento. Incluso, reciben pago diario por su trabajo. Con celulares de última tecnología. Entrada la noche y la madrugada, su accionar es tan fuerte, que crearon fronteras invisibles. Deciden quién entra y quién no entra a determinado lugar de la ciudad. “Un hecho nunca antes visto, en medio de las manifestaciones”, añade una ama de casa, que ha visto desfilar la violencia por la ventana de su casa y escucha disparos todas las noches.

“La violencia está desbordada. Las necesidades insatisfechas de la población, se satisfacen a través de la violencia. No solo matando, sino saqueando”, comenta el ex Ministro Alvaro Leyva. “Por ello –apunta- le he propuesto al presidente Iván Duque el adelanto de las elecciones.

Al cierre de esta edición, la posibilidad de llegar a un consenso entre el Gobierno y el Comité de Paro Nacional, es visto desde los cuatro puntos cardinales del país, muy lejano. “Existe mucha polarización. Intereses de muchos actores por desestabilizar a Colombia, entre ellos, las milicias bolivarianas y grupos delincuenciales apoyados por las FARC, el ELN y el narcotráfico.

Si bien el Gobierno está trabajando 24/7 apoyado por la gestión de mandatarios regionales y municipales (32 departamentos), el uso de la fuerza desmedida por parte de la policía y del Ejército, no es del agrado de los manifestantes, al tiempo que la postura y peticiones del Comité del Parto Nacional, es demasiado radical. Tanto, que Colombia podría superar las tres semanas en anarquía.

Un escenario que a nadie le conviene. Mucho menos a la bajo la emergencia sanitaria del Covid-19, que superó las 80 .000 personas fallecidas. 

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