Por: Julián Martín Ruíz Frutos*
Gobernar nos lleva a cuando queremos expresar el manejo con autoridad y la dirección que alguien ejerce sobre algo. En el ámbito de la política, donde mayormente se menciona dado que justamente refiere el mando que un individuo ejerce en una nación gracias a la autoridad conferida normalmente por la decisión del pueblo a través del voto. Se denomina de modo general como gobierno a aquella autoridad que tiene la misión de dirigir los destinos políticos de una patria, controlarla y administrar todos los órganos del estado. Ahora bien, esa autoridad que mencionamos puede estar encarnada por un presidente, y en los sistemas presidencialistas o por un Primer Ministro como sucede en las monarquías parlamentarias, entre otros. Justamente es a esa autoridad que la carta magna o constitución de los Estados le confiere la facultad de gobernar, y por caso, ejerce el poder ejecutivo y político de la sociedad en cuestión.
Cabe destacarse que no hay que confundir al gobierno con el Estado, dado que el Estado como tal está encarnado por la organización política social y económica de un territorio y que está conformada por diversos órganos e instituciones, mientras que el gobierno está ejercido por individuos que pertenecen a una agrupación política y que una vez que cumplen su mandato dejan el gobierno. Y esta es la principal diferencia, que el gobierno cambia y el Estado permanece. Gobernar dispone de otros usos más allá del político y entonces a través de ella es posible expresar las siguientes cuestiones y acciones: guiar; dirigir; manejar y ejercer el dominio sobre otros; guiarse por una norma o regla. Mientras que cumplir, es llevar a efecto algo.
Es cierto y demostrado está que transitar de un gobierno fallido a uno efectivo requiere de un liderazgo pragmático, que crea en la planificación y la medición de resultados, lo que necesita, entre otras herramientas e instrumentos camino a apalancar propósitos, crear una unidad de cumplimiento que permita activar una gestión pública eficiente con sentido de importancia y urgencia, orientada a entre otros generales y particulares aspectos, a reducir la violencia y la pobreza a través de una prioridad inmediata: crear empleo; disminuyendo así el riesgo de caer en el tradicional voluntarismo político y la promesa incumplida.
El objetivo principal de una unidad de esta naturaleza es garantizar a la ciudadanía resultados de cumplimiento del programa de gobierno, gestionando con agilidad y eficacia las barreras burocráticas del sistema gubernamental para reducir los nudos que de manera perniciosa y hasta perversa retrasan y bloquean la consecución de metas establecidas en la promesa electoral.
De ahí que recomendado esté por reconocidos organismos internacionales, el diseño de unidades de cumplimiento en torno a interconectadas funciones, tales como dar coherencia a la gestión programática o planificación de la acción gubernamental estableciendo objetivos e indicadores específicos por ejes estratégicos y sectores, coordinar la acción gubernamental en torno al proceso de toma de decisiones basadas en información real, oportuna y relevante, hacer una gestión de seguimiento de resultados que permita medir el avance en el cumplimiento de los compromisos acordados y los tiempos establecidos; y, efectuar la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los avances del programa de gobierno, que permita reconstruir la confianza entre instituciones y gobernantes con los ciudadanos.
Estas unidades bien concebidas y debidamente puestas en marcha, son una grande herramienta que permite ejercer el control de la ejecución de los proyectos y planes de gobierno y deben diseñarse de acuerdo con el estilo de conducción de cada gobierno, en donde influyen distintos factores, como el nivel de mayor o menor delegación, la experiencia y cohesión de los equipos que lo apoyan y la existencia de redes de confianza entre los miembros del gobierno.
De acuerdo con dichos organismos, la efectividad de las mismas de dichas unidades es mayor o menor cuando se desempeña un papel más activo en la alineación de los planes de trabajo que requieren respuestas del conjunto del gobierno, minimizando duplicaciones o contradicciones en torno a prioridades multidimensionales, como por ejemplo la reducción del gasto público, la seguridad, el empleo, la competitividad y la sostenibilidad ambiental. Es, en síntesis, alcanzar resultados en beneficio comunitario gobernando para cumplir con los ciudadanos, lo que exige una política que convierta el cumplimiento en una costumbre y el progreso en una realidad.
*Abogado. Columnista . Especializado en Derecho laboral

