Por: Ricardo Villa Sánchez*
En el corazón de la Sierra Nevada de Santa Marta, territorio sagrado para los pueblos indígenas y enclave geoestratégico del Caribe colombiano, se libra en silencio una disputa trascendental: la lucha entre múltiples formas de violencia y la construcción sostenida de una paz territorial. Es importante en este escenario, explorar las tensiones entre violencia, territorio y reconciliación, desde una mirada socio jurídica que emerja desde lo local.
La paz no puede reducirse a una declaración estatal o al cese de fusiles: la paz se siembra en el territorio. Es un proyecto de vida colectiva, no una promesa institucional, requiere del concurso de todos. Como lo expresa Johan Galtung, en su concepto sobre la paz positiva, no se trata solo de ausencia de guerra, sino de presencia activa de justicia social, equidad, respeto al otro y condiciones dignas para vivir sin miedo.
En la Sierra conviven múltiples capas de violencias, algunas solapadas y estructuras persistentes, que mutan de acuerdo con determinadas coyunturas. No solo persisten los rezagos del conflicto armado, con grupos delincuenciales organizados que controlan el territorio, sino que emergen nuevas formas de despojo asociadas a dinámicas legales y extractivas: turismo desregulado, especulación de tierras, proyectos sin consulta previa, conflictos por el agua, neocolonización, narcotráfico, sicariato, utilización de menores de edad para la delincuencia
En muchos casos, es la violencia que no se ve pero que es igual de letal, como diría Byung-Chul Han o que no tiene nombre, y se naturaliza. Žižek la llama violencia sistémica: la que opera bajo lógicas económicas, institucionales o culturales aceptadas como normales. Lo que el presidente Gustavo Petro resume en que ya no se mueve por la bandera ideológica insurgente, sino por la codicia; ya no es sólo una forma de control de las élites, que vienen vestidas de legalidad, en las que se utilizaba al Estado y al derecho para reproducir la exclusión, como lo afirmarían Umaña, Guzmán y Fals Borda en su obra sobre la Violencia en Colombia. Además también, conlleva a nuevos desafíos del Estado y para la gobernanza democrática en estos territorios en conflicto, que deben traducirse en acciones concretas: implementación territorial de los acuerdos, inversión social prioritaria, desmantelamiento de estructuras ilegales y su acogimiento a la justicia, participación real de las comunidades, enfoque étnico y de género, y un modelo de seguridad humana, más que sólo de control territorial para la consolidación militar.
La violencia recargada de los últimos tiempos, no es una desviación del orden, sino haría parte constitutiva del orden mismo. Por eso, la paz exige un reordenamiento democrático, que reconozca la diversidad, redistribuya el poder y reconstituya el pacto social, desde la base social. Duncan y Gutiérrez Sanin, concluyen que la violencia en Colombia ha evolucionado hacia formas rentistas. Ya no se lucha por ideología, sino por el control de economías ilegales, rentas informales o megaproyectos. Hoy los conflictos ya no se mueven por la revolución, sino por las rentas criminales.
La paz territorial es una revolución cultural. Renace de la memoria, el dialogo, la dignidad y el desarrollo con identidad. No puede haber paz donde se despoja, donde se persigue a líderes, donde se asesina, se trafica, se cobran impuestos ilícitos con amenaza o donde se impone el desarrollo sin la participación social o de la comunidad.
En esta visión, la articulación y coordinación del gabinete de paz es crucial, con un diálogo nación -región. También la concurrencia de la sociedad civil, de las poblaciones que habitan el territorio y la cooperación internacional, juegan un papel central
Se requiere presencia de países garantes, fondos multidonantes, experiencias comparadas de posconflicto y alianzas internacionales para el desarrollo. No basta sólo con la voluntad estatal: se requiere una concurrencia real de actores claves, sin exclusiones, para impulsar proyectos estratégicos que transformen la región, como los que se anuncian: Un centro de datos regional (data center) que conecte a la Sierra con la economía digital y la cuarta revolución industrial, con enfoque ambiental y de apropiación local; Una solución definitiva al problema del agua, que combine saberes ancestrales con tecnologías modernas para garantizar el acceso equitativo al recurso vital; y un plan de seguridad humana, que integre protección reforzada a la infancia, adolescencia y juventud, participación de la mujer, salud, educación, conectividad, protección ambiental y cadenas productivas de economía local y popular, presencia estatal con seguridad y políticas integrales de una paz grande, total y duradera.
En los caminos de herradura y ancestrales de la montaña, en la Sierra Nevada, hay experiencias de paz: cabildos abiertos, cooperativas de mujeres, escuelas rurales, emisoras indígenas, acuerdos comunitarios de convivencia. En esas prácticas se juega el sentido de la paz territorial. Allí es necesario construir entre todos pactos territoriales, comunitarios, entre antiguos enemigos, entre pueblos milenarios, entre la palabra y el territorio. La paz es un proceso. Y ese proceso necesita recursos, voluntad política, cooperación global y, sobre todo, comunidad viva. La paz en la Sierra Nevada será posible si la palabra se convierte en política, si la cooperación se transforma en justicia, y si el desarrollo deja de ser despojo para convertirse en dignidad y democracia.
*Abogado Especializado. Magister. Candidato a Doctor en Derecho. Académico. Conferenciante. Escritor. Columnista
