Por: Melanio Zúñiga Hernández *.
Colombia es el único país de Suramérica que cuenta con costas sobre el océano Pacífico y el mar Caribe, mientras Chocó es el único departamento colombiano que cumple con esta doble condición marítima. El litoral Pacífico tiene una costa de 1.300 kilómetros, que se extiende desde la frontera con Panamá hasta la frontera con Ecuador y abarca los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
El Pacífico colombiano cuenta con 2’468.243,93 de hectáreas en áreas protegidas, zonas de reserva forestal y parques naturales. La región cuenta además con ecosistemas marinos y de manglar y áreas protegidas ubicadas en altamar como las islas Gorgona, Gorgonilla y Malpelo, conocidas en el mundo como hábitats de apareamiento de mamíferos marinos como ballenas jorobadas y delfines. Se identifican también en este territorio eco-regiones estratégicas como el Macizo Colombiano, donde nacen los ríos que suministran el 70 % del abastecimiento de agua a todo el país
En la estructura productiva de la región Pacífico, se hace notoria la diferencia entre las dos franjas territoriales definidas. En el litoral, las actividades productivas están concentradas en la pesca, mayoritariamente artesanal, la explotación minera con acentuación de la ilegalidad, la maderera que presenta tala indiscriminada de bosques como práctica, y la portuaria; en tanto en la franja andina se desarrollan sectores como la construcción, agricultura a gran escala, agroindustria, manufactura, un fuerte sector empresarial, comercio y hotelería.
La subregión del litoral Pacífico se caracterizan por la diversidad ambiental y étnica, los niveles de desarrollo económico incipientes en torno a actividades como la pesca artesanal y el comercio, así como un atractivo potencial minero inexplotado. Con altos niveles de ruralidad de sus municipios, el litoral Pacífico muestra también un importante rezago respecto a la franja andina, al presentar indicadores sociales inferiores a los nacionales. No obstante, la concurrencia de factores determinadores de tanta riqueza para el país, incluida la ambiental, la región se caracteriza por la extrema pobreza de los habitantes, la falta de conectividad entre el océano Pacífico y el interior del país, y la debilidad institucional del Estado para desarrollar acciones en esta zona.
Hablar de la población de la región Pacífico, implica distinguir dos formas de vida distintas, dos subregiones particulares: por una parte, se encuentra la zona Andina (entre la cordillera occidental y central), con 6’613.146 de habitantes distribuidos en 128 municipios, con la mayor concentración productiva y económica de la región, ya que en la misma se ubican las ciudades capitales de los departamentos del Pacífico, exceptuando a Chocó, representado por ciudades como Cali, Pasto y Popayán que concentran el 45% de la población en esta subregión. Por otra parte, está la zona Litoral, entre el lado oriental de la cordillera occidental y el Océano Pacífico, con 1’583.296 habitantes, distribuidos en 50 municipios predominantemente rural, con una baja generación de valor agregado y, caracterizada por servicios incipientes como la agricultura, la minería y el comercio, en gran medida informal. (DNP, 2014 & DANE, 2018).
La población rural se ubica en asentamientos dispersos, cada vez de menor tamaño, debido a la alta movilidad y el permanente desplazamiento forzado, especialmente hacia Buenaventura, Tumaco, Quibdó y algunas capitales fuera de la región. La población se divide en tres grupos étnicos: negros 90%, mestizas el 6% e indígenas el 4%, pertenecientes a grupos Emberá, Catíos y Wau nanas integrados en 61 resguardos.
No es desconocido, que la situación económica y social del Pacífico colombiano es una de las más críticas y peores del país, como lo demuestra sus tasas de pobreza, analfabetismo, precariedad en la salud y bajo nivel de vida; pues de acuerdo con los reportes del Banco Mundial, los departamentos del Cauca, Chocó, zona costera de Nariño y Buenaventura en el departamento del valle del cauca, presentan la situación más crítica, con una pobreza que ha sido y se mantiene aun consistentemente más alta que la del promedio nacional.
Frente a esta recurrente situación han surgido tradicionalmente movimientos sociales de los ciudadanos que terminan en paros cívicos como los ocurridos en los últimos años en ciudades como Quibdó y Buenaventura, que llevaron a la parálisis de esta última ciudad durante más de un mes; obligando al gobierno nacional a tener que negociar con sus organizadores.
Como resultado de esa protesta social surge como hecho tangible el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico (FTSP), creado mediante el artículo 185 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Ley 1753 de 2015, con patrimonio autónomo y financiado con tres préstamos externos provenientes de la Banca Multilateral (Banco Mundial -BIRF – y Banco Interamericano de Desarrollo BID) por valor de USD 400 millones (1 billón de pesos), coejecutor con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con una estrategia creada por el Gobierno Nacional que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios de influencia del litoral pacífico colombiano.
El propósito en principio de las inversiones proyectas es cerrar las brechas existentes y eliminar las enormes desigualdades intrarregionales, promoviendo un desarrollo socioeconómico con equidad, teniendo como principio la sostenibilidad ambiental y social en la zona de influencia del Fondo, conformada por 50 municipios del Litoral Pacífico ubicados en los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Los recursos del FTSP estarán constituidos además por partidas del Presupuesto Nacional, aportes de entidades territoriales beneficiarias, recursos provenientes de operaciones de financiamiento interno o externo, donaciones, entre otros.
Importa señalar que la gran expectativa creada a partir de las conquistas del paro cívico de Buenaventura con la creación del FTSP, no se han visto materializadas aun, debido a que en su primera etapa se han orientado a desarrollar obras múltiples e interventorías integrales en tres subprogramas: Agua y saneamiento Básico, Energización rural y energías alternativas sostenibles y Mejoramiento de la conectividad en transporte; planes que si bien terminaran mejorando la calidad de vida de los habitantes de la región a mediano plazo, es muy poco o ninguno el impacto que producen hoy frente a la crisis social que padecen la mayoría de sus habitantes, agudizada por la pandemia del coronavirus.
En el caso particular de Buenaventura, sus tres puertos marítimos han presentado un gran desarrollo económico asociado a la dinámica portuaria, los cuales prestan el servicio de cargue y descargue de mercancías (30% de exportación y 70% de importación).
Este lugar preponderante de la ciudad puerto en las actividades comerciales internacionales del país está asociado a su ubicación estratégica que contribuye y es clave para la actividad mercantil en la cuenca del Pacífico; sin embargo, y debido a esta excelente ubicación, la zona ha sido utilizada como corredor estratégico de economías ilegales, ligadas fundamentalmente con el negocio del narcotráfico y a la presencia y accionar de actores armados ilegales en la zona, como lo son la extorsión, la micro extorsión, el micro tráfico y la minería ilegal criminal. A ello se suman las imbricadas operaciones entre la mafia organizada, sectores empresariales y las clases políticas tradicionales que hacen de la corrupción administrativa un instrumento de saqueo de los bienes públicos locales, hecho que constituye un menoscabo sistemático de las condiciones de dignidad de los pobladores.
Para concluir, y teniendo en cuenta lo anterior, se espera que con la llegada al congreso esta vez de cinco (5) personas, nacidos todos en el litoral pacífico, encabezados por el Senador Paulino Riascos Riascos, evento que genera gran expectativa entre sus habitantes, contribuya a que estos legisladores hagan causa común en torno a un mismo propósito para promover acciones que promuevan un desarrollo integral en la región o que por lo menos, se conviertan en voceros que exijan al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos derivados de los paros cívicos.
Esta nueva etapa que surge a partir de la participación de estos nuevos congresistas en partidos y movimientos sociales diferentes como el de las negritudes, afrocolombianos, raizales y palenqueros, debe convertirse en una oportunidad para la región y sus habitantes, de tal manera que permita la construcción de planes de seguridad y protección individual y colectiva, con una adecuada implementación de políticas públicas en los territorios; las cuales puedan ayudar a minimizar hechos violentos y aumenten la valoración social de organizaciones de derechos humanos, que permitan avanzar en la construcción de escenarios de paz, para contrarrestar la violencia, la extorsión, la persecución y asesinatos de líderes sociales, el reclutamiento de jóvenes, el despojo de tierras y la desposesión de los territorios y los bienes públicos locales, que alejen de la cotidianidad la vida social de estas comunidades.
Como conclusión debemos señalar que un modelo de desarrollo sostenible del Pacífico que pretenda generar bienestar incluyente para los habitantes en la región tiene que enfrentar varios retos: primero, no puede ser un modelo de desarrollo pensado desde el centro hacia la periferia. El centro, representado en esas visiones de Bogotá, Pasto, Medellín, Popayán o Cali, tiene que comprender las lógicas de la periferia y, por ello, debe retomarse el debate de regiones, de un país más federalizado, que construya bienestar desde las diferencias; ese modelo debe dejar de pensar al Pacífico solo como una fuente de materias primas. El Pacífico requiere una conversación más plural de lo que significa desarrollo, que incluya y comprenda la cosmovisión de sus habitantes para la protección de la biodiversidad, el control del tráfico ilegal de especies, control de la deforestación, uso de energía renovables, regulación del agua, reducir la sobrepesca y la protección del suelo.
*Melanio Zúñiga Hernández. Abogado y Contador Público especializado en gerencia financiera, amplia experiencia en banca y en revisoría fiscal.
