Por. Melanio Zuñiga Hernandez

La situación fiscal de un Estado ya sea nacional, provincial o municipal, se mide comparando sus ingresos (impuestos y multas, por ejemplo) con sus gastos (operatividad, asistencia social y salarios, entre otros), determinado en un año lo que se conoce técnicamente como déficit fiscal p superávit, cuando el gasto es menor a los ingresos que obtiene la administración.

Sin embargo, este resultado fiscal se mide de dos formas: mediante el resultado financiero o con el resultado primario. El financiero contiene el pago de intereses de la deuda, mientras que el primario no los incluye.

¿Qué significa esto? “Si una familia ganó 100 pesos en el mes y gastó $90, tendría un superávit fiscal primario de $10. Sin embargo, si tiempo atrás tomó un crédito y este mes tiene que pagar 15 pesos por intereses al banco, el gasto total del mes sube a 105 pesos. Por esto mismo, como el gasto total ($105) es mayor al ingreso ($100), tendría un déficit fiscal financiero de 5 pesos”.

Por esto mismo, los expertos generalmente utilizan ambas mediciones para hablar de la situación fiscal de los países, ya que depende del análisis que se quiera hacer y si se contabilizan los intereses de deuda o no. Igualmente, como estos resultados fiscales anuales poco dicen por sí solos, siempre se los suele relacionar con el Producto Interno Bruto (PIB), indicador que muestra la cantidad de valor generada en el país en ese año.

Cuando un Estado tiene déficit, las formas tradicionales de financiarlo son tres: el aumento de impuestos, la emisión monetaria (imprimir más billetes) o la toma de deuda (pedir dinero prestado, ya sea de manera externa o interna). Los déficits fiscales acumulados en el tiempo deterioran la competitividad del sector privado, ya que sus tres canales de financiamiento del gasto afectan negativamente a la inversión, producción, productividad, empleo y crecimiento.

En ese sentido, los impuestos afectan de manera directa y negativa la rentabilidad de las empresas, y la emisión de dinero, por ser una de las principales causas de la inflación, también crea desincentivos a la economía debido a las distorsiones que genera sobre el cálculo de precios relativos, retornos y rentabilidades.

Pero, además, esta situación fiscal se puede analizar viendo distintos sectores del Estado. Se puede tomar únicamente la administración pública (los tres poderes, los organismos descentralizados y las instituciones de seguridad social) o se puede ampliar la muestra y analizar todo el sector público nacional no financiero que, además de la administración pública nacional, incluye a las empresas públicas y las universidades nacionales, entre otras.

Colombia no es ajena a esta situación y por eso consideramos de interés y de actualidad formular nuestros comentarios con ocasión del cambio de gobierno, en el entendido que la transición genera opiniones diversas sobre el estado en que el nuevo gobierno recibe el país, y las circunstancia que preceden a un déficit fiscal tan alto; que a criterios del titular saliente de la cartera de Hacienda y Crédito Público, el país debe continuar su ajuste de las finanzas públicas en 2022, de tal forma que el déficit total del Gobierno Nacional Central (GNC) se pueda ubicar en 5,6% del producto interno bruto (PIB), déficit que a decir de los expertos puede terminar el año en un 7%, convirtiéndose en uno de los mayores de la historia de nuestro país y algo inédito en los últimos 30 años.

Hoy las tendencias económicas como las que afectan los diferentes países, producto de la pandemia y de la guerra de Rusia contra Ucrania, pueden influenciar en el crecimiento o decrecimiento del déficit fiscal de muchas maneras; considerando que los altos niveles de actividad económica generalmente llevan a un mayor ingreso fiscal, mientras que los gastos gubernamentales se incrementan frecuentemente en períodos de recesión económica, debido a mayores desembolsos por programas de seguridad social.

Dada la gravedad de lo que significa para la economía de un país mantener un déficit fiscal tan alto como el que padece Colombia, la búsqueda de soluciones que conlleven a su disminución se convierte en objetivo principal de la cartera de hacienda y de las autoridades monetarias, lo que implica buscar soluciones fiscales que en ocasiones resultan dolorosas como una mayor generación y recaudo de ingresos vía impuestos para financiar los gastos, reduciendo los gastos del gobierno central, y una ortodoxa combinación de ambas.

Los déficits fiscales a menudo son vistos como malas praxis en las administraciones públicas, bien porque hayan gastado mucho o porque no tengan una política fiscal eficiente para recaudar, además de que suelen incrementar la deuda, incidir directamente sobre los ciudadanos, ya sea mediante recortes en prestaciones y servicios públicos como en el aumento de impuestos a las actividades privadas.

A las razones expuestas que convergen como fórmulas para contrarrestar el déficit fiscal de un país, se incorpora la necesidad de crear estímulos económicos que contribuyan al crecimiento económico, aumentando el pago de impuestos y un mayor consumo de bienes y servicios; lo que permite a las empresas tener un nivel más elevado de beneficios, que trae a mediano plazo como consecuencia, un mayor ingreso de recursos al fisco.

La combinación de altos déficits fiscales gemelos, entendidos estos como el fiscal y externo por la deuda como sucede hoy en Colombia, termina generando problemas a la economía en las condiciones actuales de los mercados financieros globales, porque reflejan un escaso interés por los papeles de las economías emergentes como la nuestra y la fuga de capitales.

Finalmente debemos señalar que el déficit fiscal, como ya lo hemos dicho, se refiere a las pérdidas del Estado a lo largo de un año; mientras que el segundo término hace referencia a la deuda que el Estado ha asumido frente a sus acreedores en varios períodos, es decir el déficit que ha acumulado. Al existir el déficit, el Estado debe recurrir a la deuda pública para pagar la diferencia negativa de sus acciones económicas, de este modo, ambos conceptos se retroalimentan; determinando una deuda externa como la de Colombia que llega al 48,8% del PIB, es decir, US$172.790 millones mostrando un alza constante, tanto en su valor nominal como sobre el tamaño de la economía.