Por: José Guillermo Claros Penna*
Interesa como departamento, conocer, analizar y evaluar nuestras políticas de desarrollo económico territorial, así como, las modalidades de diseño institucional y los estilos de gestión adoptados por las organizaciones públicas pertinentes y las reglas de juego que vinculan a los actores de dicho desarrollo a través de esas organizaciones, a fin de responder cuáles son las contribuciones, limitaciones y vacíos del contexto político e institucional para la generación de condiciones favorables al DET; tiempo escogido para estos estudios de caso en función de los cambios generalizados de política económica (apertura y liberalización) e institucionalidad (democratización y descentralización), motivo la estructura del estudio debe buscar responder a cada una de las cinco grandes hipótesis específicas sugeridas para realizar la aproximación a la caracterización de las políticas e instituciones públicas del orden nacional encargadas de potenciar el desarrollo económico territorial, y al objetivo principal de establecer la contribución, limitaciones y vacíos del contexto político e institucional nacional para la generación de condiciones favorables al desarrollo económico territorial durante los últimos quince años. En la primera sección, se adelanta una breve conceptualización sobre los diferentes tipos de política a las cuales suelen recurrir los gobiernos para remediar los desequilibrios regionales, destacándose las generales con implicaciones espaciales, de desarrollo regional y de desarrollo económico territorial, así como, se aborda el concepto de desarrollo económico territorial, lo cual sirve de contexto y soporte de las secciones posteriores.
Favorable debe y tiene que ser todo acercamiento a cuanto indique desarrollo económico territorial, TENER EN cuenta lo referido a participación democrática, partidos políticos, organización territorial y régimen económico, con pautas éticas y de valores concordantes con las políticas generales con implicaciones espaciales, regionales y de desarrollo local, que implícitamente potencian el desarrollo económico territorial, en cuanto hacen definiciones expresas respecto de las competencias de las diferentes entidades territoriales, la planeación y organización democrática de los individuos en la búsqueda del bienestar.
Es igualmente respecto de las políticas públicas priorizar las intervenciones sectoriales, discriminar estrategias e instrumentos y definir territorios para su actuación, constitutivos de un buen acervo de información para determinar evolución, intensidad y cambios de énfasis en el lenguaje y práctica del desarrollo. De otra parte, tener igualmente en cuenta, señalar e identificar una serie de factores estratégicos que intervienen en la explicación de las trayectorias territoriales consideradas como exitosas, circunscritos a las actividades de infraestructura económica básica, ordenamiento del territorio y uso del suelo, fomento productivo y empresarial, desarrollo de cadenas productivas, turismo, promoción de exportaciones, atracción de inversiones y mejoramiento de la competitividad, como aquellos donde potencialmente se presentan ventajas favorables para gestar desarrollo económico territorial.
Concierne en todo caso acudir a la importancia estratégica que tiene la intervención pública para apalancar el desarrollo territorial en infraestructura económica básica, ordenamiento territorial y uso del suelo, fomento productivo y empresarial; y, mejoramiento de la competitividad, dada su alto grado de interrelación y más por cuanto la última rama incluye estrategias relacionadas con cadenas productivas, turismo, promoción de exportaciones y atracción de inversiones, todas ellas juzgadas normalmente como facilitadoras de la competitividad territorial.
Determinados y definidos los sectores interesa identificar las organizaciones públicas que actúan en cada uno de estos, así como recabar información relacionada con el objeto y políticas a su cargo, y seguidamente, teniendo en cuenta las definiciones sectoriales filtrar las políticas de apoyo al desarrollo económico territorial en cada una de las organizaciones públicas reconocidas.
Y, de conformidad, lo mismo que tomando como referencia la manera como está integrada u organizada la administración pública nacional, organismos principales–ministerios y departamentos administrativos–, organismos adscritos –superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, consejos y comisiones–, organismos vinculados–empresas industriales y comerciales del Estado, y sociedades de economía mixta–, y entidades y organismos de carácter o régimen especial de origen constitucional–Banco de la República, entes universitarios autónomos, corporaciones autónomas regionales, entre otros–. Se impone construir los respectivos organigramas sectoriales para visualizar con mayor facilidad el tipo de relaciones existentes entre las organizaciones públicas.
*Profesional en Ciencias Militares. Administrador de Empresas. Abogado. Master en Derecho Público. Candidato a Doctor en Derecho. Columnista
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