Ec. Esp. Omar Escobar*.

Las teorías económicas, tanto de derecha como de izquierda coinciden en la limitación del gasto público, mas sus discípulos, una vez apoltronados en los cargos ejecutivos de las empresas estatales y demás corporaciones olvidan la teoría y la objetividad se supedita a la subjetividad política.

Las decisiones financieras y de gestión en cada ente territorial repercuten en la economía y las finanzas públicas, y al mismo tiempo, tienen que hacer frente a niveles de deuda, reducciones en la recaudación impositiva y una mayor desigualdad de ingresos. Según estudios del Banco Mundial, los gobiernos latinoamericanos desperdician más de 3.4 billones de dólares en prácticas de adquisiciones ineficientes o sin visión de futuro y gastan más de 13 billones en contratación de bienes y servicios y obras públicas innecesarias. En Colombia, la tendencia desde hace más de un siglo es la misma; para este año, el presupuesto asciende a 350,4 billones de los cuales, funcionamiento (59,6%) y el servicio de la deuda (20,4%) son más altos que la inversión, con un pobre 19,8%. Contratamos una cantidad de asesores y estudios inútiles que no repercuten en nada provechoso, dado que nuestra contratación pública es una disciplina profesional poco desarrollada; las decisiones en materia de adquisiciones rara vez se toman sobre la base de pruebas sólidas de lo que funciona y de lo que no funciona.

Según Indermit Gill, del Banco Mundial, dice que la contratación pública suelen ser un ejercicio de verificación, diseñado para garantizar el cumplimiento de los procedimientos en lugar de beneficios económicos amplios. Mientras tanto, la influencia política y las conexiones siguen impulsando demasiadas decisiones sobre quién obtiene los contratos… En otras palabras, en Latinoamérica, la racionalidad económica queda tristemente supeditada a la “dedología del cacique político”.

La lección que ha dejado ésta pandemia, es mejorar la oferta pública de más y mejores servicios y a aplicar el concepto de racionalidad económica con sentido social. El tema de “Colombia compra eficiente” conjuga economía y tecnología, por tanto es una herramienta estratégica para el cambio social. A través de éste mecanismo la contratación pública puede ser más transparente, democrática y eficiente. La eficiencia en lo social será a mediano y largo plazo y se verá reflejada en el valor social, en la sostenibilidad ambiental y la protección de los grupos vulnerables de la sociedad.

Si tan solo el 1% de ese despilfarro se destinará a la inversión y con un menor grado de corrupción, dicho ítem podría subir paulatinamente y en 10 años habríamos disminuido los índices de pobreza y desigualdad a menos de la mitad actual… Le recuerdo que en 2017, Colombia registraba una pobreza multidimensional del 17% y para el año 2020 llegó al 18,1% según el DANE.

En un nuevo informe del Banco Mundial (titulado An International Stocktaking of Developments in Public Procurement- Synthesis Report) propone la creación de la Alianza Mundial para las Adquisiciones Públicas (GPP, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo general será establecer una red mundial para promover el uso estratégico de la contratación pública como una herramienta fundamental de desarrollo y planificación económica mediante la selección de las mejores prácticas de todo el mundo para fortalecer el intercambio de conocimientos y la colaboración. LA GPP puede ayudar a garantizar que las políticas nacionales de adquisiciones se basen en necesidades prioritarias y sean resistentes a la influencia política y los privilegios.

*Omar Alirio Escobar; Economista con Maestría en dirección y gestión de centros educativos y Especialista en Gestión de proyectos. Docente universitario, ensayista e investigador en varias universidades del país.