Por: Yeiny Paola Rodríguez Rivera*
Entre nosotros el motor económico son las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), las cuales son un eje fundamental de la actividad productiva y del empleo en el país, generan importantes ingresos nacionales, crean empleos y trabajos, son principales generadoras de bienestar y oportunidades en las comunidades, sin embargo, requeridas están de una serie de medidas fiscales y administrativas que impacten positivamente y de manera directa su desarrollo, capacidad de operación y competitividad en los mercados., a efecto de impulsarles un crecimiento económico inclusivo y sostenido, fortalecerles el ecosistema emprendedor y fomentarles la formalidad, la competitividad, a fin de afianzarlas como verdaderos motores de desarrollo, en lo que resulta fundamental replantear estrategias que promuevan su estabilidad y fortalecimiento, al tiempo de reconocerles su hacer y quehacer fundamental en el equilibrio económico y social del país.
Importante en esta consideración, destacar y exaltar el papel de las mujeres en nuestra economía, ya que su participación ha mostrado un crecimiento constante durante el último decenio, lo que si bien representa un avance significativo, continúa siendo bajo en comparación con el promedio de los países miembros de la OCDE, dato que evidencia que aún persisten distancias estructurales que limitan las oportunidades económicas y laborales de las mujeres en el país.
Muchas de nuestras mujeres económicamente activas se encuentren actualmente en la economía informal, sector caracterizado por la falta de seguridad social, salarios bajos y ausencia de prestaciones, que las coloca en situación de alta vulnerabilidad económica y social, siendo una realidad que profundiza la desigualdad de género al restringir el acceso de las mujeres a mecanismos de protección, financiamiento y desarrollo profesional, perpetuando así un círculo de precariedad que afecta directamente a las familias y al tejido social del país, lo que obliga promover mayormente la inclusión, erradicar la violencia, invertir decididamente en infraestructura, capacitación, tecnología y programas de apoyo para las MiPyMEs, convencidos de que estas acciones permitirán fortalecer su competitividad y garantizar que el crecimiento económico alcance a todos los sectores y regiones del país. La estabilidad y prosperidad dependen en gran medida de la fortaleza de estas empresas, de su capacidad para innovar, generar empleo y adaptarse a las nuevas condiciones del mercado.
Así mismo, reforzar y establecer políticas públicas que otorguen mayores oportunidades económicas, de salud, capacitación y seguridad a las mujeres, reconocer su papel en el desarrollo nacional como un acto de justicia social y como estrategia inteligente para potenciar crecimiento, productividad, equidad, bienestar y la prosperidad de toda la nación. Un país más competitivo y justo solo será posible si se impulsan las capacidades de las mujeres y se fortalece el tejido empresarial que sostiene nuestra economía, y ello debe ser una realidad.
*Estudiante de Administración de Empresas. Lideresa Social. Gestora Comercial. Columnista
