Luis Gilberto Ramírez Calle

Por: Luis Gilberto Ramírez Calle*

Ciudadanía hace referencia a una determinada relación jurídica entre una persona y un estado que es reconocida por el Estado; Seguridad, a la Ausencia de peligro o riesgo, como también a la sensación de total confianza que se tiene en algo o alguien; y, Derechos Humanos, a los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos; no están garantizados por ningún estado. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición.

Para todos los casos en los que en juego está el destino de patrio, importará siempre la opinión de la gente y conocer su sentir, fundamental lo cuál para la toma de decisiones políticas en las más de sus asignaturas, como también cuando del tema de la seguridad pública se trata. Ser ciudadano comporta ser miembro pleno de una comunidad, tener los mismos derechos que los demás y las mismas oportunidades de influir en el destino de la sociedad de manera común. Significa, manifiestan cientistas sociales, el cumplimiento de deberes y obligaciones vinculados a derechos en un ejercicio que empodera y fortalece las capacidades civiles y otorga un protagonismo para impulsar cambios positivos en nuestro entorno, lo que entiende y comprende, tener derechos y contar con la protección de la sociedad para poder realizar ciertos intereses fundamentales para lograr una vida digna, idea asociada a la existencia que puede llevar una persona cuando logra satisfacer sus necesidades básicas. Por contraposición, quien no consigue tener satisfechas estas necesidades primordiales, no puede tener una vida digna.

La ciudadanía por sí misma, nos vuelve integrantes de un Estado y nos adscribe a normas, acuerdos y prácticas compartidas que constituyen una comunidad política y, la pertenencia a ésta, siendo importante sobremanera por cuanto garantiza estatus y derechos de participación al interior de la comunidad; y, otorga protección del Estado hacia la misma, de tal suerte que vincular este escenario cívico y legal con los derechos humanos está sustentado en la dignidad humana, en la certeza que los Derechos Humanos son indispensables para el desarrollo integral de cada persona, están inscritos en nuestra Constitución política, en tratados internacionales y en el orden jurídico nacional.

Todos sin excepción tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna, son inalienables, iguales y no son discriminatorios, considerando además obligaciones, por ello es importante reconocer que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger, y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo, destacando que son además indivisibles, interrelacionados e interdependientes con base en los principios de universalidad en donde todas las personas son titulares de todos los derechos humanos.

De ahí que deba atenderse, para lograr la igualdad real, a las circunstancias o necesidades específicas de las personas con base en la interdependencia que consiste en que los derechos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que al reconocerse uno se reconocen los demás, la indivisibilidad se traduce en que los derechos humanos no pueden ser fragmentados sea cual fuera su naturaleza y la progresividad constituye la obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de tales derechos.

Reforzar la vinculación ciudadana con los derechos humanos a través de políticas públicas transversales mejora la calidad de vida y el Estado de derecho, asumiendo también mecanismos alternativos, con los planes de desarrollo, con grupos interdisciplinarios para la retroalimentación permanente de la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que igualmente fortalecerá las acciones de transparencia y rendición de cuentas, permitiendo la participación ciudadana en la prevención y atención de problemáticas que alteren o afecten los propósitos que se tengan en estas materias, debiéndose diseñar mecanismos que faciliten articulada y estrechamente la vinculación ciudadanos / gobierno.

Luis Gilberto Ramírez Calle. General (r) Ponal. Administrador. Asesor y Consultor en Seguridad, Inteligencia y Defensa Nacional. Abogado. Especializado en Derecho Administrativo

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