Por: Blaicer Moreno Córdoba*
La participación ciudadana institucionalizada, que es la relacionada con las políticas públicas, como anotábamos en anterior artículo, más allá de los procesos electorales que tienen como finalidad única la formación de la autoridad legítima, tiene según Alicia Zicccardi, tres formales funciones y entre esos instrumentos formales podemos distinguir los que implican una participación solamente de tipo individual, y los que contemplan una participación que puede ser individual o colectiva. Entre los mecanismos individualizados destacan la consulta pública, el referéndum y el plebiscito, que pueden tener efectos vinculatorios o no. Estos instrumentos pueden emplearse para la conformación de una orientación general de las políticas, la definición de una agenda pública y sus prioridades, o la aprobación del marco legal que les dará fundamento.
En cuanto a los instrumentos formales que pueden favorecer tanto la participación colectiva y organizada como la individual podemos mencionar la iniciativa ciudadana para promover reformas o nuevos marcos legales que fijan reglas generales para el diseño e implementación de políticas públicas; los buzones ciudadanos que permiten expresar opiniones, demandas y sugerencias que moldeen o corrijan las acciones gubernamentales; el monitoreo ciudadano, que proporciona información para dar seguimiento puntual a políticas específicas y abre canales formales para recibir y atender las observaciones; la contraloría social o ciudadana, como herramienta para auditar y evaluar la implementación de políticas; los comités y consejos de participación ciudadana, que constituyen un mecanismo típico de intervención directa de actores no gubernamentales en distintas fases del proceso de políticas públicas.
Estos mecanismos de participación mixta con diseños diversos, atribuciones variadas y con un diferente grado de éxito o fracaso en su aplicación, bien y mejor pueden impulsar la participación de los ciudadanos de manera individual, o bien, colectiva, y dentro de esta última puede impulsarse la intervención de grupos ciudadanos autónomos, o bien, restringir la participación a las organizaciones creadas por iniciativa estatal. Todos estos instrumentos de participación constituyen dispositivos del control social sobre la acción estatal y la gestión desarrollada por su aparato administrativo, con el fin de incidir en las decisiones sobre lo que se hará, y porque dan seguimiento a las acciones y resultados. El control que realiza la sociedad sobre las acciones del Estado puede llevarse a cabo mediante las acciones de evaluación de políticas o de servicios, o mediante la participación en la confección de las decisiones públicas, o en la gestión de los servicios.
La realización del control social permite diseñar diferentes mecanismos de participación ciudadana como pueden ser los referendos y plebiscitos de carácter vinculatorio para orientar las decisiones, la gestión directa de servicios públicos por parte de organizaciones sociales, las contralorías ciudadanas para vigilar el uso de los recursos públicos, los consejos de carácter consultivo o resolutivo que participan en la formulación y diseño de las políticas. Sin embargo, la eficacia de estos controles depende en buena medida de su externalidad con respecto a la administración pública y su autonomía con respecto al aparato estatal. Además, un control efectivo debe tener capacidad de generar consecuencias sobre los actores públicos. Además, la participación ciudadana debe apelar a la racionalidad instrumental, que contempla sólo a los beneficiarios o directamente involucrados, sólo es administrativa, despolitizada, no implica redistribución real de poder social, sino legitimación de los poderes establecidos. En cambio, la participación ciudadana con carácter político busca intervenir en la determinación de los fines, los valores y los intereses sociales apelando a la racionalidad comunicativa mediante la presentación de argumentos racionales. Los diferentes modelos de democracia enfatizan distintas modalidades e intensidades de participación ciudadana.
En las democracias donde lo primordial es proteger las libertades individuales y limitar el poder estatal, se impulsa la participación convencional por la vía electoral. Mediante las elecciones se legitima la libertad de acción de los políticos para que atiendan los problemas públicos, sin requerir necesariamente de la participación de los ciudadanos, pues para representar a los ciudadanos fueron electos. La democracia republicana está basada en la civilidad que es el conjunto de actitudes y conductas sociales que muestran virtud cívica y buena ciudadanía, y se manifiesta en un tejido denso de asociaciones que practican una solidaridad que supera las fronteras del propio grupo familiar y de amigos. Mientras más capital social exista, más amplia la civilidad y más intensa la participación de los ciudadanos orientada al bien público señala que lo distintivo de la república.
En el modelo de la democracia deliberativa el debate público de los ciudadanos libres e iguales es el centro de la toma de decisiones políticas legítimas. En el intercambio de argumentos participan no sólo los expertos sino todos los ciudadanos afectados por una temática, y se confía en la capacidad de los individuos de ser racionales, de comunicarse, de dar y entender argumentos. En una visión tradicional de la política y del ejercicio gubernativo, la decisión sobre qué fenómenos constituyen un problema público que merece ser atendido era tomada exclusivamente por el gobierno, si acaso con la participación de algunos selectos actores sociales afines al régimen, o suficientemente poderosos como para obligar al gobierno a que los tomara en cuenta, y el resto de los integrantes de la sociedad quedaba conformado por los interesados en el ejercicio pasivo de sus derechos.
Las formas de ejercicio gubernativo desarrolladas desde finales del siglo pasado en algunos países con regímenes democráticos y sistemas sociales diferenciados, han ido reconociendo que otros actores extra gubernamentales tienen mucho qué decir a la hora de decidir qué asuntos constituyen un problema social que merecen ser atendidos mediante políticas públicas. Entre estos actores que no son gubernamentales figuran entes del sector económico y también del sector de la sociedad civil, unos con más peso y capacidad de influencia que otros, según sea el desarrollo histórico de las relaciones sociales y gubernamentales en una comunidad específica. Esta forma de dirección de la sociedad con la participación de actores gubernamentales y extra gubernamentales es lo que se conoce como gobernanza, que es la conceptualización de una nueva relación gobierno-sociedad.
*Blaicer Moreno Córdoba. Administrador de Empresas. Especializado en Proyectos de Desarrollo. Asesor y Consultor Político y Empresarial