Blaicer Moreno Córdoba

Por: Blaicer Moreno Córdoba*

Bien sabemos que ciudadanía es la condición que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un país determinado; así como el conjunto formado por los ciudadanos de una nación o de un pueblo. Participación, la intervención en un suceso, acto o actividad. Políticas públicas, el proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática.

La participación ciudadana o social, en política y gestión pública, es la intervención activa de la ciudadanía organizada en la toma de decisiones y manejo de los recursos públicos, y otros asuntos que tienen un impacto en sus propias vidas, se lleva a cabo en concordancia con el Estado, a través de mecanismos democráticos que recojan la voz popular y la hagan conocer a los respectivos niveles del gobierno; lo mismo que se trata de un derecho legítimo de los habitantes de una nación democrática, que sin embargo puede ser abordado desde muy distintas perspectivas teóricas, pero que en general, se la vincula tanto con el control de la gestión pública, como con la responsabilidad en la toma de decisiones políticas, lo que quiere decir que mientras más involucrada y activa esté la ciudadanía en el desempeño del poder político, mayores cuotas de control tendrá sobre el modo en que este último es ejercido, y mayor responsabilidad tendrá en la toma de decisiones al respecto; de ahí que fundamental sea para la participación ciudadana, que la ciudadanía esté organizada, informada y comprometida con su mejoría, todo lo contrario a lo que tradicionalmente se conoce como abstencionismo, es decir, como apatía política y desinterés respecto del funcionamiento de la sociedad; toda vez que las ciudadanías apáticas no suelen involucrarse en el funcionamiento de sus democracias, y son propicias para el incremento de la corrupción, el autoritarismo y la separación del ejercicio de la política de las necesidades reales de los ciudadanos.

Es algo recurrente en la política y la academia. Sin embargo, hay que distinguir entre diferentes tipos de participación y revisar el papel que juega el marco institucional para impulsar o limitar su alcance. Desde la perspectiva de la gobernanza, el papel de la participación ciudadana en los procesos de política pública, así como las restricciones y oportunidades que ofrece su institucionalización, es en términos generales, el involucramiento de los individuos en el espacio público estatal y no estatal desde su identidad de ciudadanos, es decir, de integrantes de una comunidad política. Esta participación está vinculada a los modelos de democracia y al tipo de relación gobierno-sociedad que se quiere construir.

Sobre la democracia hay diversas visiones, no hay un único modelo sino varios y en la realidad los encontramos mezclados: liberal, republicana, deliberativa. En general, el término democracia designa, nos dice Norberto Bobbio, es un proceso para alcanzar la libertad y la igualdad en dignidad y derechos para todos. Tiene que ver con la extensión del derecho de participar, que se basa en el reconocimiento de que el ciudadano alcanzó la mayoría de edad y debe decidir libremente su vida individual y colectiva. De ahí que sea importante el tema de la participación ciudadana en los procesos de políticas públicas porque constituye un elemento fundamental y condición de posibilidad para la gobernanza democrática, y puede llegar a constituir un mecanismo para el empoderamiento social.

Los cada vez más abundantes trabajos sobre la gobernanza definen a ésta como un proceso de dirección de la sociedad en el que intervienen coordinadamente el gobierno, el sector productivo y también la ciudadanía. Para que sea posible esta clase de gobernanza democrática, debe existir una sociedad civil que se integre activamente en el proceso y asuma su implicación en la esfera pública y los asuntos colectivos como un ejercicio de construcción de ciudadanía, importando en consecuencia su vinculación con las políticas públicas y con la gobernanza; los riesgos y oportunidades implicados en la institucionalización de la participación, en particular a través de la figura de los consejos ciudadanos; y reflexionar reflexión sobre los factores que restringen o amplían el alcance de la intervención ciudadana en las políticas públicas; ya que en la participación y sus mecanismos formales, la ciudadana es sólo una de las formas de participación en el espacio público.

Cunill, distingue entre participación social, comunitaria, política y ciudadana; las cuales refiere de la siguiente manera:

Participación social es la que se da en razón de la pertenencia del individuo a asociaciones u organizaciones para la defensa de los intereses de sus integrantes, y el interlocutor principal no es el Estado sino otras instituciones sociales.

Participación comunitaria es el involucramiento de individuos en la acción colectiva que tiene como fin el desarrollo de la comunidad mediante la atención de las necesidades de sus miembros y asegurar la reproducción social; suele identificarse con la beneficencia. El interlocutor principal de estas acciones no es el Estado y, en todo caso, lo que se espera de él es recibir apoyo asistencial.

Participación política, como la que tiene que ver con el involucramiento de los ciudadanos en las organizaciones formales y mecanismos del sistema político: partidos, parlamentos, ayuntamientos, elecciones. Es una participación mediada por los mecanismos de la representación política.

Participación ciudadana, o aquélla en la que los ciudadanos se involucran de manera directa en acciones públicas, con una concepción amplia de lo político y una visión del espacio público como espacio de ciudadanos. Esta participación pone en contacto a los ciudadanos y al Estado, en la definición de las metas colectivas y las formas de alcanzarlas. Por su parte, Alicia Ziccardi, indica que la participación ciudadana puede ser institucionalizada o autónoma. Institucionalizada, que tiene relación con las políticas públicas contenida en el marco legal y normativo; y la autónoma, aquélla que no es organizada desde las instituciones gubernamentales sino desde la propia sociedad.

*Blaicer Moreno Córdoba. Administrador de Empresas. Especializado en Proyectos de Desarrollo. Asesor y Consultor Político y Empresarial

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