Por: Miguel Enrique Bayter Bayter*

En el teatro grotesco de la incompetencia estatal, el Catatumbo se alza como la escena más lúgubre. Un escenario en donde la tragedia colombiana se representa sin pausa, ni filtros, ni pudor. Un monumento vivo, o, mejor dicho, un mausoleo en llamas, erigido con los escombros del abandono, la corrupción y la hipocresía. Allí, en esa tierra maldita por la desidia oficial, se congregan las sombras más densas de nuestra tragedia colectiva, mientras los actores políticos de siempre, los virtuosos del discurso vacío, se pasean con la suficiencia de quien cree que un par de promesas incumplidas borrarán el hedor del fracaso.

No es exageración ni floritura literaria, el Catatumbo no es solo un problema regional; es el epitafio del Estado colombiano. Un Estado que, incapaz de cumplir con la más elemental de sus funciones, proteger a su gente, se refugia en la mentira y el doble discurso, mientras ve cómo sus ciudadanos son desmembrados por la violencia, la pobreza y la desesperanza. La tragedia que allí se vive no es un accidente del destino, sino la consecuencia lógica de una maquinaria burocrática raída hasta la médula, donde la corrupción y la negligencia no son excepciones, sino la regla.

Que nadie se equivoque, el drama del Catatumbo no es solo la batalla entre grupos armados o la consecuencia de un conflicto histórico. No, es el resultado directo y palpable de la complicidad institucional, de una oligarquía política que ha convertido al Estado en un botín privado y a sus instituciones en agencias de enriquecimiento personal. El abandono de esa región no es un descuido; es una política deliberada, un acto de traición perpetrado con la misma frialdad con la que se despachan facturas y se firman contratos amañados.

El Estado, en lugar de ser garante de la justicia y la paz, se ha metamorfoseado en un espectador pasivo, cuando no en un cómplice activo de la tragedia. La llamada “presencia estatal” es un eufemismo para describir la impotencia y el desdén. La seguridad pública es un concepto teórico que en esa tierra parece una broma macabra. ¿Para qué hablar de programas sociales o inversión pública cuando la desnutrición, el desplazamiento forzado y la violencia criminal son el pan de cada día?

Pero la responsabilidad no recae solo en quienes ejecutan u omiten; el verdadero cáncer está en las cabezas políticas que desde las altas esferas se dedican a tejer su red clientelar, a alimentar con recursos públicos sus campañas y redes de influencia, mientras las comunidades quedan relegadas al olvido. Así, la corrupción no es un accidente, sino la moneda corriente de una clase política parasitaria que prefiere mantener el statu quo de la pobreza y el caos, pues de ese desorden extrae su fortuna y su poder.

Aquí no se trata de buenos y malos, ni de izquierdas y derechas, se trata de una caterva de ídolos que poco o nada hacen por remediar el peor de los males en esa indefensa región.

Los habitantes del Catatumbo pagan con sus vidas la factura de esa descomposición; familias enteras desterradas de sus hogares, comunidades fracturadas, sueños aplastados bajo el peso de un Estado que ha decidido renunciar a su misión. Los niños que deberían crecer en un ambiente de seguridad y oportunidades, crecen bajo el espectro del miedo y la carencia. ¿Es este el progreso del que hablan los voceros oficiales? ¿Es esta la paz que pregonan en sus discursos grandilocuentes?

La indiferencia oficial raya en la crueldad, y la retórica hipócrita solo profundiza la herida. Hablar de “políticas públicas” mientras miles mueren en el olvido es un acto de desverguenza monumental. Es el triunfo del cinismo, de la mediocridad política y de la corrupción sin escrúpulos. En el fondo, el abandono del Catatumbo es la metáfora perfecta de un Estado enfermo, moribundo, corroído desde dentro por sus propias élites.

Pero no todo está perdido; la historia, por más cruel que sea, no olvida ni perdona la traición; los tiempos se agotan para quienes han convertido a Colombia en su feudo personal. El clamor por justicia, por verdad y por reparación comienza a resonar con más fuerza en cada rincón, poniendo en jaque a un sistema que se cree intocable. La paciencia popular, aunque vasta, tiene un límite.

El país necesita una revolución ética y política que arrase con estas prácticas de despojo y muerte. Una limpieza profunda que saque de sus cimientos la podredumbre que infecta el corazón del Estado. Mientras tanto, el Catatumbo seguirá siendo el espejo donde se refleja la vergüenza nacional, una herida abierta que grita justicia en medio de la indiferencia.

Queda claro, pues, que el destino de esa región y de Colombia misma está en manos de aquellos capaces de romper con el statu quo, de desafiar a las mafias políticas y administrativas, y de poner la dignidad humana por encima de sus intereses mezquinos. El silencio ya no es una opción; la indiferencia es un crimen.

Así, mientras el Catatumbo arde en su dolor, el país entero debería mirar ese espejo y decidir: ¿quiere seguir siendo cómplice del naufragio, o está dispuesto a rescatar la esperanza y construir una nación digna? 

*Abogado. Analista. Escritor. Columnista