Por: Uriel Ortiz Soto (*)
El campesino en Colombia no tiene ninguna definición jurídica, debe existir una norma constitucional lo suficientemente clara, que les regule sus derechos, deberes y obligaciones, en reciprocidad con el Estado de Derecho.
Caso contrario, la Colombia Rural, – especialmente la integrada por pequeños y medianos productores-, continuarán siendo una masa campesina de trashumantes sin ningún horizonte, que les permita trazar un futuro para él y sus familias; no se justifica ver los millones de campesinos cosecheros y recolectores trabajando de sol a sol, a, sus casi noventa años y muriendo en la más absoluta miseria sin un mínimo para los gastos funerario.
Lamentablemente hasta la fecha a ninguno de los siete candidatos presidenciales, se le ha escuchado programa alguno de desarrollo rural coherente con la situación actual: crítica y desesperante, en que viven nuestros campesinos, en todos los niveles, especialmente pequeños y medianos productores.
El sector rural está integrado por dos recursos: humano y natural impresionantemente valiosos, pero, lamentablemente las trabas, la corrupción y cortapisas colocadas desde el alto gobierno para generar sus procesos de desarrollo, lo mantienen sometidos al ostracismo y cientos de dificultades.
Son lamentables los casos en que a nuestros campesinos después de cumplir con todos los requisitos para desarrollar proyectos productivos, con los cuales se ilusionan cientos de familias, al ser aprobados, les salen con la terrible noticia que no hay recursos disponibles, dejándolos frustrados con los preparativos que se habían hecho para implementarlos.
No olvidemos que el principal semillero de la violencia en Colombia, tiene su origen en lo rural: guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico y todo tipo de delincuencia organizada, debido a las injusticias que de tiempos atrás se vienen cometiendo con nuestros campesinos.
Siempre hemos dicho a través de nuestras columnas, que el Estado debe acercarse más al campo, metiendo en cintura o liquidando una gran cantidad de organizaciones rurales que se les roban los subsidios y demás prebendas, garantías y beneficios que se les presupuesta a través de las políticas conpes.
El campesino de hoy a través de las juntas de acción comunal y las umatas, están lo suficientemente preparados para reclamar y hacer valer sus derechos ante los organismos del Estado, que tienen que ver con sus procesos de desarrollo, no requieren de intermediarios, ni de padrinos.
Los medios de comunicación, internet, entre otros, son los vehículos más que suficientes para deducir que las: fundaciones, asociaciones y cooperativas en muchos casos, no se requieren; solo sirven para lucrarse en forma costosa y abusiva de los derechos que por ley les corresponde.
El sector rural de nuestro País siempre ha sido ignorado por todos los gobiernos, por lo tanto, se requiere en la presente campaña a la presidencia, hacer justicia mediante programas donde se les reconozcan sus derechos, se defina la profesión rural y se les provean de todas las prestaciones a que tienen derecho, ignoradas desde siempre, que debido a tantas injusticias son el caldo de cultivo para la violencia en todas sus modalidades.
Considero que uno de los programas más importante en la presente Campaña a la presidencia de la república es la de proponer planes y programas de desarrollo para el sector agropecuario.
No debemos olvidar que el campesino de ahora y de siempre ha sido el gran caballito de batalla, para que los candidatos a la presidencia de la república y demás politiqueros de turno, durante su campaña se comprometan con programas innovadores, finalmente una vez pasada la contienda electoral, todo se queda en el olvido.
Soy de los que considera que el sector rural requiere de un proceso de modernización, en primera instancia, aún no sabemos quiénes, son campesinos, lo que es de imperiosa necesidad definirlo constitucionalmente, puesto que se requiere darles todo el estatus jurídico, con el fin de definirles muy claramente cuales, son sus: derechos, deberes y obligaciones de ellos y para con el Estado.
Continuamos insistiendo: la Colombia rural requiere además de un revolcón en todas sus modalidades, empezando por la norma Constitucional que le dé al campesino el Estatus Jurídico, es vergonzoso tener que decirlo, pero es que después de tanto legislar sobre el sector, aún no se ha definido su columna vertebral.
Dentro de los derechos para el campesino, se debe optar por un subsidio mensual, aplicado sobre proyectos productivos, lo mismo que la vivienda rural dotada de todos los servicios públicos básicos y estar afiliados a una caja de compensación familiar campesina, de donde se derive el futuro para los programas de pensión por invalidez, vejez y muerte.
